Las competencias de la provincia y los regímenes especiales

La letra i) del art. 36.1 le da a la Diputación un papel de coordinación, y lo ata a un instrumento y a un interlocutor: el convenio con su Comunidad Autónoma. No dice que asuma ella el servicio cuando el municipio no lo preste, ni que lo pague por entero con el plan provincial, ni que lo delegue en los municipios.

La regla es que en una comunidad de una sola provincia no hay Diputación aparte: la propia Comunidad asume lo que le correspondería. La excepción son las Islas Baleares, en los términos de su Estatuto; allí son los Consejos Insulares los que asumen las competencias de las Diputaciones, de acuerdo con la ley y con su Estatuto (art. 41.3). Navarra es el distractor que tienta, pero la ley la nombra junto a las uniprovinciales para aplicarle la misma regla, no para exceptuarla; Madrid y Asturias son uniprovinciales y siguen la regla.

Por debajo de 1.000 habitantes, la ley no deja la asistencia a la voluntad de la Diputación: le ordena garantizar «en todo caso» la prestación de los servicios de secretaría e intervención (art. 36.1.b). El urbanismo, con su disciplina, es competencia propia del municipio (art. 25.2.a); la biblioteca pública y el mercado son servicios obligatorios del municipio por encima de 5.000 habitantes, y la policía local y la protección civil son materias de competencia municipal. Ninguno figura en esa garantía. Y que en los municipios de menos de 20.000 habitantes la Diputación coordine la prestación de ciertos servicios obligatorios (art. 26.2) es otra cosa: coordinar no es la garantía «en todo caso» del art. 36.1.b).

El art. 36.2.a) dice que la Diputación aprueba el plan «anualmente», y que en su elaboración participan los municipios de la provincia. No va ligado al mandato de cuatro años de la corporación, que es el distractor que tienta, ni a ningún otro ciclo plurianual.

La letra h) le pide a la Diputación ofrecer, no imponer: su colaboración para gestionar los servicios de forma coordinada y más barata. No le da poder para quitarle el servicio al municipio, ni para castigarlo recortando sus aportaciones, ni le manda trasladar el asunto a la Comunidad Autónoma.

Los órganos forales conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto vasco, y la ley lo respeta; pero no los deja fuera del todo, sino que se les aplica con carácter supletorio, para lo que su régimen no regule. Por eso es falso que no se les aplique en ningún caso, y también que prevalezca sobre el régimen foral; la ley no limita esa aplicación a la organización.

En la encomienda de gestión el servicio sigue siendo de la Comunidad, y por eso la Diputación lo gestiona con sujeción «plena» a sus instrucciones, tanto las generales como las particulares. La autonomía sería propia de una competencia de la Diputación, no de una gestión encomendada; partir las instrucciones en generales y particulares es la trampa, porque la ley nombra las dos; y el Estado no da instrucciones sobre un servicio que es de la Comunidad.