El padrón y los vecinos

Quien vive en varios municipios se inscribe en uno solo, y la ley no le deja elegir: es aquel en el que habita durante más tiempo al año. El «únicamente» del artículo descarta la doble inscripción, y el domicilio fiscal no es el criterio.

La ley enumera los únicos datos obligatorios —entre ellos el sexo, la nacionalidad y el lugar y la fecha de nacimiento— y, aparte, permite que el vecino aporte voluntariamente otros: quién le representa a efectos padronales, su teléfono y su correo electrónico. El teléfono es uno de esos datos voluntarios.

La ley separa el padrón de la situación del extranjero: su inscripción no prueba la residencia legal en España ni le atribuye derechos que no le reconozca la legislación vigente, en especial la de extranjería. Empadronarse es una obligación de quien vive en el municipio, no un título de residencia.

La regla es que cada Ayuntamiento lleve su padrón con medios informáticos. Cuando no puede, asumen esa gestión las diputaciones provinciales o entidades equivalentes, los Cabildos y los Consejos insulares. Ni el Instituto Nacional de Estadística ni la comunidad autónoma ocupan ese lugar, y la ley no prevé que lo haga otro municipio.

La obligación es universal: alcanza a toda persona que viva en España, sin distinguir nacionalidad, edad ni situación administrativa, y se cumple en el municipio donde reside habitualmente. Exigir la mayoría de edad, la nacionalidad o la residencia legal es añadir requisitos que el artículo 15 no pone.

La cesión sin consentimiento a otra Administración que los necesite para sus competencias, y el uso para estadísticas oficiales, valen para los datos obligatorios del padrón. Los de aportación voluntaria quedan fuera de toda cesión: la ley dice que no se ceden en ningún caso. Por eso no cabe la salvedad tentadora de cederlos a otra Administración que los necesite para notificar al vecino, ni tampoco hacerlo con su consentimiento.

La inscripción de los extranjeros sin autorización de residencia de larga duración que no son de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo ni de un Estado asimilado por convenio tiene que renovarse periódicamente cada dos años. A los ciudadanos de esos Estados y a los residentes de larga duración no se les pide.

No renovar en plazo es causa para acordar la caducidad de la inscripción, y la ley permite declararla sin audiencia previa del interesado: esa es la salvedad que hay que recordar. No prevé ninguna sanción por no renovar, ni encarga la decisión al Instituto Nacional de Estadística.

Desde 2023 el Instituto Nacional de Estadística puede ceder su base padronal a otras Administraciones públicas en las mismas condiciones del artículo 16.3, las que rigen la cesión de los datos del padrón municipal. A los institutos autonómicos de estadística, además, les facilita los datos de los padrones de su territorio, pero no son los únicos destinatarios.

Los inscritos en el padrón son los vecinos, y la condición se adquiere en el instante de inscribirse, sin plazo de espera ni acto posterior. La revisión del padrón y las cifras oficiales de población son operaciones que no condicionan la vecindad de nadie.

Son vecinos solo para votar: la ley lo limita al ejercicio del derecho de sufragio y añade que no constituyen en ningún caso población del municipio. Contarlos en la población o darles acceso a los servicios municipales es justo lo que el artículo excluye.

La disposición adicional séptima reserva ese acceso a la Dirección General de la Policía, preferentemente por vía telemática y con la exclusiva finalidad de las competencias de la ley orgánica de extranjería sobre control y permanencia. Cada acceso deja constancia del usuario, la fecha, la hora y los datos consultados.

El vecino puede exigir el servicio cuando prestarlo es una competencia municipal propia de carácter obligatorio. La ley liga este derecho a que el servicio sea una competencia municipal propia de carácter obligatorio; no lo condiciona a un número de vecinos, al presupuesto ni a un informe de la diputación. El diez por ciento de los vecinos suena a la iniciativa popular del art. 70 bis, que permite proponer acuerdos, no exigir servicios.