Las consultas preliminares, el expediente de contratación, el contrato menor y la tramitación urgente y de emergencia

Entre lo que el expediente ha de justificar, la ley pide el informe de insuficiencia de medios solo en los contratos de servicios: antes de encargar fuera una prestación que podría hacer la propia Administración, hay que acreditar que no tiene medios para hacerla. La concesión de servicios es otro contrato, con el riesgo operacional en el concesionario.

Las cifras del contrato menor se miden sobre el valor estimado: la ley dice «contratos de valor estimado inferior a» 40.000 o 15.000 euros. El presupuesto base de licitación es otra magnitud, que es el límite de gasto y lleva el IVA; el precio de adjudicación y la factura llegan después y no deciden cómo se tramita el contrato.

La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento. Lo que la ley evita por otro camino es que la consulta dé ventaja: el objeto no puede quedar ajustado a las características técnicas de un solo consultado, y las consultas no pueden comportar ventajas en la adjudicación para quienes participaron. Por eso tampoco puntúa haber aportado.

Con carácter general, los pliegos han de tener en cuenta los resultados de las consultas. Si no es así, el órgano no repite nada ni pide informes a nadie: deja constancia de los motivos en el informe motivado de la consulta, que forma parte del expediente y se publica en el perfil de contratante.

Antes de empezar se publican el objeto de la consulta, cuándo se inicia y quiénes son los terceros que van a participar, para que cualquier interesado pueda acceder y hacer aportaciones. El informe con los estudios, las entidades consultadas y sus respuestas se hace y se publica después, al terminar la consulta. Los pliegos llegan más tarde aún, y las soluciones de cada participante no se revelan a los demás.

El menor de obras exige un valor estimado «inferior a» 40.000 euros, no igual o inferior: con 40.000 exactos ya no cabe. La trampa es leer la cifra como un techo que se puede alcanzar. Los 15.000 euros son el límite del suministro y los servicios, no de todos los menores, y el informe sobre el fraccionamiento se hace dentro del límite; no sirve para superarlo.

La ley fija dos líneas según el tipo de contrato: es menor el de obras de valor estimado inferior a 40.000 euros y el de suministro o de servicios inferior a 15.000. La reforma de 36.000 euros queda por debajo de la de obras. Los otros tres pasan de 15.000, que es su límite: el error tentador es aplicar los 40.000 de las obras a cualquier contrato.

Cuando la financiación viene de aportaciones de distinta procedencia, aunque sean órganos de la misma Administración, se tramita un solo expediente, y lo hace el órgano al que corresponde la adjudicación, no el que más aporta. En ese expediente se acredita la plena disponibilidad de todas las aportaciones y se determina el orden de su abono, con una garantía para su efectividad. La ley no pide aprobaciones separadas ni una cuenta común.

La resolución que aprueba el expediente implica también la aprobación del gasto, salvo que el presupuesto no se haya podido establecer antes o que las normas de desconcentración o la delegación digan otra cosa. El compromiso del gasto es una fase posterior, que solo cabe cuando ya hay contratista, es decir, con la adjudicación.

Un menor de obras que afecta a la estabilidad, la seguridad o la estanqueidad de la obra necesita, además del presupuesto, el informe de las oficinas o unidades de supervisión del artículo 235: es lo que separa este caso del de una obra menor que no toca nada de eso. La ley no pide para el expediente del menor un dictamen del Consejo de Estado, un informe de la Abogacía del Estado ni uno de la intervención.

En los contratos de servicios, como en los de suministro, el menor exige un valor estimado inferior a 15.000 euros; los 40.000 son solo de las obras. Con 21.000 euros no es menor, y ningún trámite lo arregla: el informe de necesidad es un requisito del menor, no una vía para superar su límite, y una duración corta no cambia la cuenta, que se hace sobre el valor estimado.

El suministro de 11.000 euros es menor, y su expediente se cierra con la aprobación del gasto y la factura, que ha de reunir los requisitos de las normas de desarrollo. El menor no lleva pliegos ni garantía definitiva, ni el documento de formalización de los demás contratos: su existencia se acredita con lo que exige este artículo.

Pueden tramitarse como urgentes los expedientes de contratos que respondan a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación haya que acelerar por razones de interés público. Lo demás no tiene nada que ver: lo que no alcanza el umbral del menor se tramita como menor, la falta de crédito no acelera nada y la financiación compartida solo obliga a un expediente único.

El informe justifica dos cosas: la necesidad del contrato y que no se altera su objeto para evitar los umbrales del menor, es decir, que no se trocea un contrato mayor. Comprobar que el contratista no ha suscrito otros menores que superen la cifra lo exigía la redacción original del artículo, y lo suprimió el Real Decreto-ley 3/2020: hoy no se pide. Tampoco piden los tres presupuestos ni la solvencia y la clasificación.

Al expediente se incorporan los dos pliegos, salvo en dos casos: en el diálogo competitivo los sustituye el documento descriptivo, y en los contratos basados en un acuerdo marco con nueva licitación, el documento de licitación. Este segundo es el distractor tentador, porque también sustituye a los pliegos, pero en otro procedimiento.

La urgencia la declara el mismo órgano de contratación, y la declaración ha de estar debidamente motivada y figurar en el expediente. No hace falta acudir al Consejo de Ministros, que en estos artículos solo aparece en la emergencia de las entidades estatales, y ni la intervención ni la mesa deciden cómo se tramita el expediente.

Lo que distingue al menor de obras es que su expediente añade el presupuesto de las obras, además del proyecto cuando lo exijan las normas. El informe de supervisión solo se pide cuando el trabajo afecta a la estabilidad, la seguridad o la estanqueidad de la obra, y aquí el enunciado lo descarta. La declaración de urgencia es de otra tramitación.

La regla de la urgencia es reducir a la mitad los plazos de licitación, adjudicación y formalización, con una lista cerrada de salvedades. La primera es el período de espera de quince días hábiles antes de formalizar, que protege la posibilidad de interponer el recurso especial. La salvedad de la presentación de proposiciones en el abierto es la de los contratos sujetos a regulación armonizada, no la de los demás.

La justificación del valor estimado desglosa todos los conceptos que lo integran, «incluyendo siempre los costes laborales si existiesen»: es lo que permite comprobar que el precio cubre los salarios del personal que ejecuta el contrato. El IVA no entra en el valor estimado, y la ley no pide aquí comparar con contratos anteriores ni señalar la financiación europea.

La emergencia es un régimen excepcional: sin obligación de tramitar expediente, el órgano puede ordenar la ejecución de lo necesario o contratar libremente, sin sujetarse a los requisitos formales de la ley, incluso al de la existencia de crédito suficiente, que se dota después. La urgencia, en cambio, sí tramita expediente, y el contrato menor tiene su límite de valor sea cual sea la situación.