La licitación

El artículo 141.2 da al empresario tres días para corregir los defectos subsanables que la mesa encuentre en la declaración responsable y la documentación. Los diez días son los que da la Ley 39/2015 para subsanar una solicitud en el procedimiento administrativo común; aquí rige la regla especial de la LCSP.

El artículo 139.1 hace de la proposición una aceptación incondicionada de la totalidad de las cláusulas de los pliegos y la documentación que rigen la licitación, sin salvedad ni reserva. No se pueden excluir cláusulas en la oferta, la aceptación no espera a la adjudicación y alcanza tanto a las condiciones administrativas como a las técnicas.

El artículo 131.2 fija la regla ordinaria: el procedimiento abierto o el restringido, con una pluralidad de criterios. Los demás son excepciones con sus propios supuestos: el negociado sin publicidad solo cabe en los casos del artículo 168, y el diálogo competitivo, en los del artículo 167. Por eso ninguna de las parejas que mezclan uno ordinario con uno de esos procedimientos es la regla.

Cuando un anuncio tiene que salir en el Diario Oficial de la Unión Europea, el artículo 135.3 prohíbe publicarlo antes en el perfil de contratante, pero no deja al órgano esperando sin fin: si a las 48 horas de la confirmación de la recepción no le han notificado la publicación, puede publicarlo. El plazo corre desde esa confirmación, no desde el envío, y la ley no habla de cinco días.

El artículo 131.4 deja fuera de las normas de preparación y adjudicación la asistencia sanitaria urgente de valor estimado inferior a 30.000 euros, y 6.000 euros lo es. Basta entonces con justificar la urgencia, determinar el objeto, fijar el precio y que el órgano de contratación designe la empresa. No hay expediente de contrato menor, porque esas normas no se aplican, ni nada de pedir presupuestos. Dar cuenta al Consejo de Ministros es lo propio de la tramitación de emergencia del artículo 120, que es otro régimen.

La subasta electrónica del artículo 143 es una fase de mejora que llega después de una primera evaluación completa de las ofertas conforme a los criterios de adjudicación. Hecha esa evaluación, el órgano invita a la vez, por medios electrónicos, a todos los licitadores con oferta admisible, no a un número reducido de los mejor situados; cada invitación lleva el resultado de la evaluación de su oferta.

El artículo 142.1 pide dos cosas a la vez: que la adjudicación tenga en cuenta criterios distintos del precio y que los pliegos prevean las variantes, con sus requisitos mínimos, modalidades y características. Con el precio como único criterio no hay variantes, y no basta con que el licitador las justifique: la previsión tiene que estar en los pliegos, y el anuncio de licitación lo indica.

Designar la información como confidencial al presentar la oferta es lo que activa el deber, pero el artículo 133.1 le pone techo: no puede extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario, y solo alcanza a los documentos de difusión restringida. Por eso no vale proteger la oferta entera, con o sin excepciones. Y aunque los secretos técnicos o comerciales son el ejemplo típico de lo confidencial, un documento públicamente accesible no lo es en ningún caso.

El artículo 139.3 impide a quien licita por su cuenta firmar también una propuesta en unión temporal, o figurar en más de una unión. La sanción no es quedarse con una de las dos ni elegir por el orden de presentación: la infracción lleva a no admitir todas las propuestas que haya suscrito. Que la unión temporal sea otro licitador no salva la regla, que mira a la empresa que firma las dos.

Por regla, no atender a tiempo una petición de información obliga a ampliar el plazo de presentación (artículo 136.2), y la única salida que da el artículo es que la información sea irrelevante para formular una oferta válida. Las otras dos opciones sobre la información son justo lo que la ley considera relevante en todo caso: la que se transmitió a un licitador y la ligada a los pliegos. La urgencia no exime de ampliar.

El artículo 140.4 fija dos momentos a la vez: la capacidad, la solvencia y la ausencia de prohibiciones tienen que concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir cuando el contrato se perfecciona. No basta con tenerlas al presentar y perderlas después, y tampoco vale reunirlas por primera vez al adjudicar: la empresa que no las tenía al cerrarse el plazo no puede completarlas más tarde.

El artículo 133.2 obliga al contratista a guardar la confidencialidad durante cinco años, y los cuenta desde que conoce la información, no desde que termina el contrato: un dato conocido al principio de una ejecución larga deja de estar cubierto antes. El pliego o el contrato pueden alargar el plazo, pero siempre definido y limitado en el tiempo; aquí no lo hacen, así que rige el de la ley.

El artículo 132.1, dentro de los principios de igualdad y no discriminación, prohíbe limitar la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro, y solo lo admite en los contratos reservados a las entidades de la disposición adicional cuarta, que son los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción. Ni el importe del contrato, ni que no esté armonizado, ni el procedimiento elegido abren esa puerta: la prohibición es «en ningún caso» fuera de esa excepción.