El objeto del contrato, el presupuesto base de licitación, el valor estimado y el precio

Cuando unos servicios destinados a usos idénticos o similares pueden dar lugar a la adjudicación simultánea de contratos por lotes separados, el artículo 101.12 obliga a tener en cuenta el valor global estimado de la totalidad de los lotes: 60.000 + 70.000 + 80.000 + 90.000, 300.000. Tomar el lote mayor, el menor o la media es mirar cada lote como si fuera un contrato aislado, que es lo que la regla impide.

El artículo 103.5 pide las dos condiciones a la vez: que el contrato se haya ejecutado al menos en el 20 % de su importe y que haya transcurrido un año desde su formalización. Los dos años son la redacción anterior a la reforma de 2023 y siguen en muchos manuales: hoy basta un año. Por eso el primer 20 % ejecutado y lo ejecutado en el primer año quedan fuera de la revisión.

El artículo 103.5 pide, con carácter general, haber ejecutado el 20 % del importe y que haya pasado un año desde la formalización, pero exceptúa a las concesiones de servicios de la condición del porcentaje. El año sí rige para ellas, y aquí ya ha pasado: por eso procede la revisión aunque solo se haya ejecutado el 15 %. Lo que se les quita es el porcentaje, no el plazo; y los dos años son la regla anterior a 2023.

Según el artículo 105, el importe de las revisiones se hace efectivo de oficio, sin que lo tenga que pedir el contratista, mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales; para cubrirlo se tramita un expediente de gasto al comienzo del ejercicio. La certificación final o la liquidación solo recogen los posibles desajustes, como los que nacen de aprobar tarde los índices, no el importe entero.

El artículo 100.3 exceptúa los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición: con carácter previo a su tramitación no es necesario aprobar un presupuesto base de licitación, sin condiciones de duración. El valor máximo estimado del conjunto de contratos previstos es otra cosa: es como se calcula su valor estimado (artículo 101.13), no un presupuesto base.

Cuando el pliego o el anuncio prevén que el contrato pueda modificarse, el artículo 101.2.c) toma como valor estimado el importe máximo que el contrato pueda alcanzar contando todas las modificaciones al alza previstas: 2.000.000 más el 20 %, 2.400.000. Quedarse en 2.000.000 es olvidar la modificación prevista. Los 2.300.000 y los 3.000.000 aplican otros porcentajes de la ley: el 15 % a partir del cual una modificación no prevista de obras se vuelve sustancial y el 50 % que limita las no previstas, que no son lo que dice este pliego.

El artículo 104 evita que el contratista se beneficie de su propio retraso: para los períodos en mora se aplican los índices que habrían correspondido a las fechas fijadas en el contrato para ejecutar en plazo, salvo que los del período real den un coeficiente inferior, y entonces se aplican estos. Siempre se queda el coeficiente más bajo de los dos, sin perjuicio de las penalidades que procedan.

El artículo 102.1 dice que en el precio «se entenderá incluido» el IVA, que además se indicará «en todo caso» como partida independiente. No depende del pliego ni del tipo de contrato. La confusión viene del valor estimado, que sí se calcula sin IVA (artículo 101.1): el precio lo lleva dentro y separado a la vista, y el valor estimado no lo lleva.

El artículo 103.2 abre la revisión a contratos que no son de obras, armamento o energía cuando las materias primas, los bienes intermedios y la energía pesan más del 20 % del presupuesto base de licitación, y en ese caso la limita: «solo podrá afectar a la fracción del precio del contrato que representa dicha participación», aquí el 35 %. El 20 % es el umbral para que quepa la revisión, no lo que se descuenta. Y no alcanza al resto del precio, aunque se excluyan de él los gastos generales y el beneficio.

El artículo 99.4 permite al órgano de contratación, justificándolo en el expediente, dos limitaciones, y las dos son techos: el número de lotes a los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta y el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. Si las introduce, tiene que decirlo en el anuncio y en el pliego de cláusulas administrativas particulares. La ley no prevé obligar a ofertar a un mínimo de lotes ni a todos, ni fijar un precio conjunto para quien oferte a varios.

El artículo 102.4 deja las dos formas abiertas: precios unitarios referidos a los componentes de la prestación o a las unidades que se entreguen o ejecuten, o precios a tanto alzado, aplicables a la totalidad o a parte de las prestaciones. No impone ninguna de las dos en exclusiva. El presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto, no una base sobre la que se exprese el precio como porcentaje.

El artículo 103.1 solo admite la revisión «periódica y predeterminada», en los términos del capítulo que la regula, y añade que, salvo en ciertos contratos no sujetos a regulación armonizada, no cabe la revisión periódica no predeterminada ni la no periódica. Por eso no vale ajustar el precio con la inflación de cada año ni a petición del contratista. Tampoco queda a lo que pacten las partes: es la ley la que dice en qué contratos procede y con qué límites.

El artículo 101.2.b) obliga a contar en el valor estimado, cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, «la cuantía de los mismos»: la de todos los pagos previstos, tres primas de 30.000, 90.000 euros. El valor estimado es 890.000. Dejar fuera las primas da 800.000, y contar una o dos, 830.000 o 860.000: la ley suma la cuantía entera de lo que se ha previsto pagar.

Para los servicios sin precio total, el artículo 101.11.d) distingue: con una duración determinada de hasta cuarenta y ocho meses se toma el valor de toda su duración; si la duración pasa de cuarenta y ocho meses o no está fijada por referencia a un período cierto, el valor mensual multiplicado por 48. Aquí no hay duración cierta: 35.000 por 48, 1.680.000. Los 420.000 son un solo año, y los 840.000 y los 1.260.000, dos y tres años, cifras que la ley no usa en este caso.

El artículo 102.8 prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones Públicas, con dos salidas: que el sistema de pago se establezca como arrendamiento financiero o arrendamiento con opción de compra, o que esta u otra ley lo autorice expresamente. Ni la conformidad del contratista, ni un aplazamiento corto, ni la motivación del órgano de contratación levantan la prohibición.

El artículo 99.3 hace de los lotes la regla: siempre que la naturaleza o el objeto lo permitan, «deberá preverse» la realización independiente de cada parte dividiendo el contrato en lotes, y no dividir es la excepción. Adjudicar el conjunto a un solo contratista es justo lo que la regla quiere evitar. Y contratar las partes por separado como contratos menores no es dividir en lotes.

El artículo 103.5 exige dos condiciones acumuladas: haber ejecutado al menos el 20 % del importe y que haya transcurrido un año desde la formalización. El año ya ha pasado, pero el 15 % no llega al 20 %, así que la revisión todavía no procede. Los dos años son la regla anterior a la reforma de 2023 y aquí no son el obstáculo; y la revisión nunca se aplica desde la formalización: lo ejecutado en el primer año queda excluido.

En el arrendamiento financiero de duración determinada, el artículo 101.9.a) toma el valor total del contrato y, si dura más de doce meses, le suma el importe estimado del valor residual: 36 cuotas de 30.000 (1.080.000) más 100.000, 1.180.000. Quedarse en 1.080.000 es olvidar el valor residual. Multiplicar la cuota por 48 es la regla de los contratos cuya duración no se fija por un período determinado (artículo 101.9.b), que aquí no se aplica porque la duración es de 36 meses.

En las concesiones de obras y de servicios, el artículo 101.1.b) no mira lo que paga la Administración, sino lo que ingresa el concesionario: el importe neto de la cifra de negocios, sin IVA, que según las estimaciones del órgano de contratación generará la empresa durante toda la ejecución como contraprestación por las obras y los servicios. En una concesión el empresario suele cobrar a los usuarios, así que el pago de la Administración se queda corto; un solo año de tarifas no es toda la ejecución; y el canon es lo que la empresa paga, no lo que factura.

El artículo 102.7 permite, excepcionalmente, celebrar contratos con precios provisionales tras un procedimiento negociado, un diálogo competitivo o una asociación para la innovación, y cierra el párrafo con una regla sin matices: en ellos «no cabrá la revisión de precios». El precio definitivo se determina con los costes reales y el beneficio acordado, dentro del precio máximo, y eso sustituye a la revisión. Por eso no vale ni con fórmula en el pliego ni pasado un año.