El órgano de contratación, el responsable del contrato y el perfil de contratante

El art. 62.3 obliga a la Administración a designar en las concesiones de obra pública y de servicios una persona que actúe en defensa del interés general, para obtener y verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, sobre todo en la calidad del servicio o de la obra. Lo que la ley prevé es una persona con esa misión, no un comité de expertos, una comisión de seguimiento ni un órgano de auditoría de las cuentas.

El acceso a la información del perfil es libre y sin identificación previa (art. 63.1). La excepción son los servicios personalizados asociados a su contenido —suscripciones, alertas, comunicaciones electrónicas o el envío de ofertas—: para ellos sí puede pedirse. Por eso no es cierto que no pueda pedirse nunca, ni que la identificación sea la regla para consultarlo.

El art. 63.4 fija el contenido mínimo de lo que se publica de los menores: objeto, duración, importe de adjudicación con el IVA incluido e identidad del adjudicatario, y ordena la lista por la identidad del adjudicatario, no por la fecha. El importe que se publica es el de adjudicación con el IVA dentro, no una cifra sin impuesto como el valor estimado.

El art. 64.2 obliga a toda persona o entidad que conozca un posible conflicto de intereses a ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación, que es a quien el art. 64.1 encarga prevenirlos, detectarlos y solucionarlos. No se dirige a la mesa, y no se espera a ningún trámite: la comunicación es inmediata.

El art. 62.1 permite que el responsable del contrato sea una persona física o jurídica, y que esté vinculado a la entidad contratante o sea ajeno a ella. Una consultora externa es una persona jurídica ajena al ministerio, y cabe. La ley no exige una persona física ni condiciona la designación de alguien de fuera a que el ministerio carezca de medios propios.

La excepción del art. 63.4 pide las dos condiciones a la vez: un valor estimado inferior a 5.000 euros y el pago por anticipo de caja fija u otro sistema similar de pagos menores. Un menor de poco importe pagado de otro modo se publica, y los 15.000 euros no aparecen en esta excepción. Su límite se dice «inferior a» 5.000 euros, y es solo de la publicación en el perfil: no hay que confundirlo con la dispensa que el art. 118 da en la tramitación de los menores pagados por caja fija, que usa otra fórmula («no exceda de»).

El art. 61.2 permite a todo órgano de contratación delegar o desconcentrar sus facultades, pero cada uno con sus propias reglas: los órganos administrativos, con las de la delegación o la desconcentración de competencias; los órganos societarios y los de una fundación, con las del otorgamiento de poderes. La encomienda de gestión no figura entre las vías que prevé el precepto.

El responsable del contrato trabaja en la fase de ejecución: supervisa cómo se ejecuta y adopta las decisiones y dicta las instrucciones necesarias para que la prestación pactada se realice correctamente, dentro de las facultades que le atribuya el órgano de contratación (art. 62.1). Calificar la documentación de los licitadores y proponer la adjudicación son tareas de la mesa de contratación (arts. 141.2 y 150.1), y acordar la resolución es una prerrogativa del propio órgano de contratación (art. 190).

El art. 63.3.a exige publicar la justificación del procedimiento solo cuando se use uno distinto del abierto o del restringido. Son los dos con los que la ley manda adjudicar ordinariamente (art. 131.2). La licitación con negociación y el diálogo competitivo solo caben en los supuestos que la ley prevé, y cuando se usan, su justificación se publica.