La solvencia y la clasificación de las empresas

Para los títulos de estudios y profesionales y para la experiencia profesional, el art. 75.1 restringe la integración con medios externos: la empresa solo puede apoyarse en otras entidades «si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios» para los que esa capacidad es necesaria. La ley no pide que la otra entidad esté clasificada, no fija una parte mínima de experiencia propia ni condiciona el recurso a una autorización en la adjudicación.

El art. 75.1 deja que el empresario se base en la solvencia y los medios de otras entidades «independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos» que tenga con ellas, con dos condiciones: que demuestre que dispondrá efectivamente de ellos durante toda la ejecución del contrato y que la entidad a la que recurre no esté incursa en una prohibición de contratar. No hace falta pertenecer al mismo grupo (las sociedades del grupo cuentan, en el art. 79.3, para la clasificación), ni ir en unión temporal con ella, y la integración vale también para la solvencia económica y financiera: el art. 75.3 regula justo ese caso.

El art. 89.1.a pide una relación de los principales suministros de igual o similar naturaleza realizados «en el curso de como máximo, los tres últimos años», con su importe, fecha y destinatario. Es un máximo, y la única salvedad es que, cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, el poder adjudicador puede indicar que tendrá en cuenta suministros efectuados más de tres años antes. Los cinco años son el periodo de la relación de obras ejecutadas (art. 88.1.a), y los diez, la ampliación que ese mismo artículo permite en obras.

El art. 78.1 exime de la clasificación a los empresarios no españoles de Estados de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, concurran solos o en una unión, «sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia». Portugal es Estado miembro: no tiene que clasificarse, pero sí probar su solvencia por los medios que fije el pliego. La exención vale igual si concurre en unión, también con una empresa española, y la clasificación no es nunca su alternativa a la solvencia: es lo que la ley le ahorra.

El art. 75.4 permite, en las obras, en los servicios y en los trabajos de colocación o instalación de un suministro, exigir que determinadas partes o trabajos, por su especial naturaleza, los ejecute directamente el propio licitador (o un participante de la unión, si concurre una), «siempre que así se haya previsto en el correspondiente pliego con indicación de los trabajos a los que se refiera». Es un límite a la integración con medios externos, no depende de que el contrato sea armonizado y no se puede imponer después de adjudicar: tiene que estar en el pliego.

El art. 79.1 usa dos referencias según la duración: el valor estimado si el contrato dura un año o menos, y el «valor medio anual» si dura más. Un contrato de tres años se mide, por tanto, por su valor medio anual, no por el valor estimado de todo el contrato. El presupuesto base de licitación y la primera anualidad no son referencias de la categoría.

El art. 97.1 dice que los certificados de inscripción en las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar de los Estados de la Unión, referidos a empresarios establecidos en el Estado que los expide, «constituirán una presunción de aptitud» respecto de los requisitos de selección cualitativa que figuren en ellos. Valen por sí mismos, sin homologación de la Junta Consultiva, en cualquier contrato, armonizado o no, y no equivalen a una clasificación española.

La letra c) del art. 88.1 admite los títulos académicos y profesionales del empresario, de los directivos, del responsable de las obras y de los técnicos encargados de ellas «siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación». La ley no lo condiciona a que la empresa carezca de clasificación, al importe del contrato ni a que el responsable sea de la plantilla.

El art. 77.1.a hace de la clasificación un requisito indispensable en las obras cuyo «valor estimado» sea igual o superior a 500.000 euros. El valor estimado no lleva IVA, pero sí las modificaciones previstas, y aquí son 540.000 euros: se exige. Los 500.000 euros sobre el presupuesto base de licitación sin IVA son la frontera de otro trámite, el informe de supervisión del proyecto (art. 235), y el IVA no cuenta en ninguna de las dos. El umbral de regulación armonizada no tiene nada que ver con la clasificación.

Una empresa no debería tener dos clasificaciones del mismo tipo otorgadas por órganos distintos (art. 80.2), y para cambiar de órgano tiene que renunciar a la que tiene (art. 80.3). Si aun así coinciden, el art. 80.4 resuelve por la fecha: prevalece la más reciente y las demás carecen de valor y efectos en la contratación pública. No manda la estatal por serlo, ni la que dé una categoría mayor.

El art. 87.1.a manda aplicar el volumen de negocios «en relación con cada uno de los lotes»: lo que se le pide a quien licita a un lote se mide con ese lote, no con el contrato entero, con el lote mayor ni con la suma de los lotes a los que licita. La única excepción es que el órgano de contratación lo fije por referencia a grupos de lotes, cuando al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al mismo tiempo; sin esa decisión, cada lote se mide por separado.

Como regla, la solvencia se acredita con los documentos que el órgano de contratación elija de entre los de los arts. 87 a 91. Pero el art. 86.1 abre esa lista en los contratos no armonizados: el órgano «podrá admitir de forma justificada» otros medios de prueba, además de los de la lista. La decisión es suya y motivada; no depende de que los proponga el licitador ni de una autorización de la Junta Consultiva.

El art. 78.2 reserva esa autorización excepcional, en la Administración General del Estado y sus entes dependientes, al Consejo de Ministros, «previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado». La Junta informa, no autoriza; el ministro no puede dispensar la clasificación por sí mismo, y la Oficina Independiente no interviene. En las comunidades autónomas autoriza el órgano que cada una designe.

El art. 82.2 anuda a la falta de aportación dos efectos a la vez: la «suspensión automática» de las clasificaciones y la apertura de un expediente de revisión. No es una pérdida definitiva: la suspensión se levanta si aporta la declaración antes de que se le comunique el inicio del expediente, o con el acuerdo de revisión. Tampoco espera a un requerimiento. Y no es una prohibición de contratar: la del art. 71.1.e) castiga la falsedad y no comunicar las variaciones de las circunstancias de la clasificación (art. 82.4), que es otra obligación.

El art. 96.2 extiende la inscripción en el registro autonómico a la contratación con la propia comunidad, «con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial» y con los entes que dependan de una y otras. El ayuntamiento está en su territorio, así que la inscripción le sirve sin necesidad de convenio, y acredita las mismas circunstancias que el registro estatal, no solo la clasificación.

El art. 77.1.b es tajante: en los contratos de servicios «no será exigible la clasificación del empresario», y son el anuncio de licitación y los pliegos los que fijan los requisitos mínimos de solvencia. Que el objeto esté dentro de un grupo o subgrupo vigente solo permite que el pliego exprese esos requisitos también en términos de grupo, subgrupo y categoría; no convierte la clasificación en obligatoria. Ni el importe ni la regulación armonizada cambian la regla.

El art. 82.2 separa los dos plazos: la solvencia económica y financiera se justifica «anualmente», y la técnica y profesional, «cada tres años», con una declaración responsable o, en su defecto, la documentación actualizada. Los dos plazos no se igualan ni se intercambian: cada año, la económica; cada tres, la técnica.

El art. 96.1 da a la inscripción en ese registro estatal efecto «frente a todos los órganos de contratación del sector público», no solo ante los de la Administración General del Estado, y lo hace «salvo prueba en contrario»: lo inscrito vale mientras no se pruebe que no responde a la realidad. Acredita la personalidad y la capacidad de obrar, la representación, la habilitación, la solvencia, la clasificación y la concurrencia o no de prohibiciones de contratar.

El art. 75.2 dice que el compromiso por escrito lo presenta «el licitador que hubiera presentado la mejor oferta», previo el requerimiento de documentación del art. 150.2, que se hace al que queda primero en la clasificación de las ofertas. No va en el sobre de todos, ni lo llevan las entidades por su cuenta a la mesa, ni se deja para la formalización, que llega después de adjudicar. La salvedad del art. 140.3 permite al órgano o a la mesa pedir antes la documentación si tienen dudas razonables, pero no cambia quién la presenta como regla.

El art. 93.2 obliga a los órganos de contratación a reconocer los certificados equivalentes de organismos de cualquier Estado de la Unión Europea y a aceptar también «otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad» que presenten los empresarios. No puede rechazarlas por no ser el certificado pedido, ni exigir que las avale un organismo español o que el licitador esté clasificado.