La acción protectora del sistema y los caracteres de las prestaciones

El art. 46.1 abarca las pensiones contributivas «derivadas de contingencias comunes» de «cualquiera de los regímenes» del sistema, así que alcanza al de los autónomos, y no distingue la clase de pensión ni el grado de la incapacidad: una incapacidad permanente por enfermedad común entra. El artículo no se refiere a las derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

El art. 45.2 admite imputar la responsabilidad de las contributivas a otras entidades o personas, pero solo en lo que dispongan la propia ley, sus normas de desarrollo o las de los regímenes especiales: no lo decide un pacto ni la gestora caso por caso. Ejemplo en el Régimen General: el art. 167 imputa responsabilidad al empresario que incumple sus obligaciones de afiliación, alta o cotización.

La LGSS no declara exenciones ni fija tipos: remite a las normas reguladoras de cada impuesto, que deciden qué prestaciones tributan y cuáles están exentas. Por eso la retención fiscal es la salvedad que el apartado 1 deja hecha («sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2»).

Responden las entidades gestoras de las prestaciones cuya gestión tienen atribuida, siempre que se cumplan los requisitos generales y particulares para causar el derecho. La Tesorería General recauda, pero no paga esta prestación, y el empresario responde solo en los supuestos de imputación que fija la ley (art. 45.2; en el Régimen General, el art. 167).

El art. 44.3 prohíbe exigir «ninguna tasa fiscal, ni derecho de ninguna clase» por las informaciones o certificaciones sobre las prestaciones, y lo extiende a los organismos de la Seguridad Social y a los «administrativos, judiciales o de cualquier otra clase». No depende de la justicia gratuita ni de quién la pida.

El art. 44.1 prohíbe la cesión «total o parcial» de las prestaciones, salvo en sus dos casos (alimentos al cónyuge e hijos y obligaciones dentro de la Seguridad Social); un préstamo con un particular no es ninguno de ellos. El límite de la Ley de Enjuiciamiento Civil vale para el embargo, que es otra vía y la decide un juez o una administración, no el pensionista.

En la Seguridad Social, junio y noviembre. El tentador es junio y diciembre, que es la regla de otros regímenes: las pensiones de Clases Pasivas devengan sus extraordinarias el primer día de junio y de diciembre (art. 22 del RDL 670/1987), y las pagas extraordinarias de los funcionarios en activo se devengan en junio y diciembre (Ley 30/1984).

Cualquier prestación pública que complemente, amplíe o modifique las contributivas «forma parte del sistema» y queda sujeta a los principios del art. 2. No es una mejora voluntaria: esas son de la modalidad contributiva y las fijan las normas de cada régimen. Las ayudas «de otra naturaleza» que dan las comunidades autónomas a sus pensionistas son la salvedad del párrafo siguiente.

La letra e) nombra la formación y rehabilitación de personas con discapacidad y la asistencia a las personas mayores, y deja la lista abierta a «otras materias en que se considere conveniente». Las otras tres materias no las nombra: son propias de otras políticas (vivienda, educación, prevención de riesgos laborales).

El cierre de la letra c) admite prestaciones en las contingencias y situaciones especiales que se determinen reglamentariamente «por real decreto», a propuesta del ministro competente: no hace falta una ley, pero tampoco basta una orden ministerial. Tampoco lo decide una entidad gestora como el INSS.

La acción protectora del art. 42 «establece y limita» el ámbito posible del Régimen General, de los especiales y de las prestaciones no contributivas: es un techo, no un mínimo. Lo que sí cabe es mejorar la modalidad contributiva con mejoras voluntarias (art. 43), dentro de esa misma acción protectora, no crear prestaciones fuera de ella.

La excepción de la letra a) se limita a las obligaciones alimenticias «a favor del cónyuge e hijos». No se extiende a todo pariente con derecho a alimentos ni a los ascendientes, y tampoco se reduce a los hijos menores que conviven. Es una de las dos únicas excepciones; la otra son las obligaciones contraídas dentro de la Seguridad Social.

La regla es que no, con una única excepción: el establecimiento de mejoras voluntarias del apartado 1. Por eso «en ningún caso» es falso, y también lo es que el convenio pueda tocar cualquier materia siempre que no reste derechos. El ámbito del convenio no cambia nada.

El art. 44.1 protege las prestaciones de la Seguridad Social y también «los beneficios de sus servicios sociales y de la asistencia social». No distingue entre contributivas y no contributivas, ni entre pensiones y subsidios.

Las mejoras voluntarias recaen sobre la modalidad contributiva de quienes están en el art. 7.1, en la forma y condiciones de las normas del Régimen General y de los especiales. No se limita al Régimen General, porque alcanza también a los especiales, y la no contributiva no se mejora así; las ayudas autonómicas a pensionistas son otra figura (art. 42.4, segundo párrafo).

La letra d) las recoge en las dos modalidades. Lo más conocido es la no contributiva (las asignaciones de los arts. 351 y siguientes), y por eso tienta «solo no contributiva»; pero la contributiva existe: el art. 237 considera cotizados, por ejemplo, los periodos de excedencia por cuidado de hijos.

El art. 44.1 remite el embargo a la Ley de Enjuiciamiento Civil: las prestaciones son embargables en los límites que fija esa ley. Las dos excepciones (alimentos y deudas con la Seguridad Social) son de la retención, la cesión, la compensación y el descuento, no del embargo. En Clases Pasivas la regla es parecida pero con otra fórmula: el art. 21 del RDL 670/1987 remite a «las leyes civiles».