El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado

La orden apunta a que quien ya se ha identificado no tenga que volver a hacerlo al pasar de la sede del PAG a un procedimiento: no suprime la identificación, que sigue haciendo falta en los trámites que la requieren, sino su repetición. Registrarse en cada sede es justo lo que se quiere evitar, y la orden no reserva ese acceso a un sistema de identificación concreto.

La regla es que el titular de la sede del PAG responde de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que se accede por ella; la excepción, los enlaces cuya responsabilidad es de otro órgano o de otra Administración, de los que no responde. Ni hay responsabilidad compartida ni la orden la hace nacer de un aviso.

Entre los contenidos específicos de la sede del PAG, la orden pone el Registro Electrónico de Apoderamientos, donde constan las representaciones que otorgan los interesados. El Central de Personal, el Mercantil Central y el de Entidades Locales son registros estatales, pero no están en esa lista.

La orden crea la sede del PAG y la declara sede central de la Administración General del Estado: no cuelga de la sede de ningún ministerio, ni es una solución de paso. Tampoco es la de todas las Administraciones: es la central de la del Estado, y las Comunidades Autónomas y las entidades locales tienen las suyas.

La orden le da al PAG dos encargos en el mismo apartado: ofrecer a ciudadanos y empresas la información sobre los procedimientos y servicios de los ministerios y sus organismos, y reunir la información de la actividad y la organización de las Administraciones Públicas. Es un punto de información y de entrada, no un archivo: no guarda los expedientes de cada persona ni recopila las resoluciones o las licitaciones de nadie.

La orden separa dos cosas: el asesoramiento que ayuda a usar la sede no es un cauce de quejas ni de sugerencias, ni de unas ni de otras, pero eso no lo exime de su propio cometido, que es atender las dudas de los ciudadanos cuando ese servicio existe. Quien quiera quejarse o sugerir tiene que usar los medios previstos para ello.

El PAG es de la Administración General del Estado, y para que ofrezca información sobre los procedimientos y servicios de las Comunidades Autónomas o las entidades locales la orden se remite a formalizar los instrumentos de colaboración que correspondan. No basta con enlazar ni con que esa Administración publique sus procedimientos en su boletín, y el Esquema Nacional de Seguridad trata de la seguridad de los sistemas, no de qué información ofrece el PAG.