La interconexión de registros, las plataformas de intermediación y la reutilización de sistemas

El artículo 65.3 reparte dos cosas distintas: al órgano responsable de la plataforma le toca su gestión y mantenimiento, pero de que la tramitación continúe cuando la plataforma falla responde cada Administración con sus propios procedimientos y servicios. El reglamento deja a salvo la posible ampliación de plazos de la Ley 39/2015, que no es una suspensión automática ni traslada la responsabilidad a quien gestiona la plataforma.

La DA 2.ª de la Ley 39/2015 ya exige cumplir el ENI y el ENS; el art. 65.4 añade que la justificación de ese cumplimiento se incluya en el informe de no adhesión, para garantizar la compatibilidad, la interconexión y la transmisión telemática de lo que se presente en las plataformas, registros o servicios de la comunidad. El reglamento no pide la conformidad de la Comisión Sectorial, una certificación del Centro Criptológico Nacional ni un acuerdo de su consejo de gobierno.

El segundo párrafo del artículo 64.5 manda incorporar el resultado de la consulta al expediente de contratación, y que refleje, en su caso, que no hay soluciones disponibles para reutilizar. El reglamento no lo lleva al directorio de la propia Administración, a un informe para la Comisión Sectorial ni a la sede electrónica.

El artículo 58 permite a las Administraciones y a sus organismos adherirse, voluntariamente y por instrumento de adhesión, a una sede o sede asociada disponible, de la misma Administración o de otra, y cierra con una salvedad: la adhesión no la constituye como sede electrónica asociada. Adherirse es usar la sede ajena, no tener una propia; el reglamento no deja que un acuerdo entre las partes ni la publicación de la adhesión cambien ese efecto.

El artículo 60.3, propio del ámbito estatal y sin carácter básico, añade a la interoperabilidad entre registros una exigencia más: que las aplicaciones del Registro Electrónico General y de los registros de los organismos permitan la interoperabilidad con los sistemas de gestión de expedientes de las unidades que tramitan, de modo que lo registrado llegue al expediente. No es ahí donde el reglamento conecta el registro con la Carpeta Ciudadana, el archivo o la DEHú.

La letra b) del artículo 61.2 trata la excepción: si el acceso electrónico no puede hacerse, el dato se puede solicitar por otros medios habilitados, y se conserva la documentación acreditativa de la circunstancia que lo impidió, incorporándola al expediente. Es el propio órgano tramitador quien deja constancia; el reglamento no le pide para eso una autorización del interesado, la conformidad del cedente ni un informe del gestor de la plataforma.

La disposición adicional cuarta, letra a), convierte en deber lo que el artículo 58 deja como opción: cuando una entidad de derecho privado dependiente de la Administración del Estado ejerce potestades administrativas, tiene que adherirse a la sede electrónica asociada del ministerio con el que está vinculada (o, en su caso, a la del organismo de derecho público del que dependa), mediante instrumento de adhesión. No crea una sede propia ni elige libremente a cuál adherirse.

El artículo 65.2 lo dice sin rodeos: adherirse a una plataforma, registro o servicio de la Administración General del Estado no supone un cambio de la titularidad de las actuaciones, que sigue correspondiendo a la Administración competente para tramitar el procedimiento. La plataforma es una herramienta; las condiciones de uso que se aceptan al adherirse regulan el servicio, no a quién pertenecen los actos.

El artículo 61.4 hace responsable al cesionario —el que accede a datos ajenos— del correcto acceso y de su uso, y añade que, cuando el acceso requiera el consentimiento del interesado, también le corresponde requerirlo. El cedente es el titular de los datos, no quien los pide; la plataforma solo intermedia, y el interesado presta el consentimiento, pero no es quien tiene que recabarlo.

El artículo 63 regula la remisión por puesta a disposición pensando en el caso de una Administración que pide un expediente a otra, y su apartado 2 extiende el mismo procedimiento a las solicitudes que se producen dentro de una misma Administración Pública. No lo condiciona a un convenio entre los órganos ni a que el expediente esté ya en el archivo.