La redistribución, la reasignación de efectivos y las demás formas de provisión

El artículo 59.2.a) atribuye esta redistribución a la Secretaría de Estado que el reglamento llama «para la Administración Pública» —hoy, la competente en función pública—, previo informe de los departamentos afectados: cuando el movimiento sale de un ministerio, no puede decidirlo el Subsecretario de uno de ellos, cuya competencia se ciñe a su propio departamento y sus organismos (59.2.b). El Delegado del Gobierno es tentador porque también interviene entre departamentos distintos, pero en los servicios periféricos de su ámbito, no en los centrales (59.2.d).

El artículo 65.2 deja que la resolución de la comisión para una misión de cooperación internacional decida, según los términos de la cooperación, si se cobra la retribución del puesto de origen o la del puesto a desempeñar. En las demás figuras la retribución la fija de antemano el reglamento y no se deja a la resolución; en la redistribución, además, el puesto nuevo es de igual nivel y complementos. La atribución temporal tienta porque también se hace en comisión de servicios.

Durante las dos primeras fases del artículo 60.3, el funcionario sigue cobrando las retribuciones del puesto suprimido que desempeñaba, y se le pueden encomendar tareas adecuadas a su cuerpo o escala: la supresión no le cuesta dinero mientras se le busca destino. Las opciones que recortan el complemento específico o le dejan sin complementos tientan porque parece lógico que quien se queda sin puesto cobre menos, pero en estas fases el reglamento no recorta nada; y tampoco le asigna las retribuciones del puesto de menor nivel de su cuerpo.

El artículo 64.5 manda incluir el puesto cubierto en comisión, en su caso, en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda, y no espera a que termine la comisión: esta es temporal y no sustituye a la provisión definitiva. El tentador es el de la reserva, porque el reglamento sí reserva un puesto, pero el de origen del funcionario comisionado (64.6), no el que desempeña en comisión. Ninguna comisión se convierte en destino definitivo por su duración.

El artículo 66 ter.1 pide que la solicitud vaya con copia de la orden de protección o, excepcionalmente y hasta que se dicte, con un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. El informe del servicio médico oficial es tentador porque es el que exige la movilidad por razones de salud del artículo 66 bis, la figura vecina. La Junta de Personal no acredita nada aquí, y el reglamento no se conforma con la declaración de la interesada. Fuera del reglamento, hoy la acreditación de la condición de víctima se rige por el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, que admite la sentencia, otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar, el informe del Ministerio Fiscal y el informe de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los de acogida.

El artículo 66 bis.1 pide siempre el informe previo del servicio médico oficial, y añade uno más cuando los motivos de salud o rehabilitación concurren directamente en el funcionario que lo solicita: el del Servicio de prevención de riesgos laborales del departamento u organismo donde presta servicios. Ese segundo informe no hace falta si el motivo es la salud del cónyuge o de un hijo a su cargo. Los demás órganos no intervienen en esta movilidad; la incapacidad permanente lleva a la jubilación, no a otro puesto.

El artículo 60.1 manda reasignar aplicando criterios objetivos relacionados con las aptitudes, la formación, la experiencia y la antigüedad, que concreta el propio Plan de Empleo. No es un concurso, aunque sus criterios se le parezcan: no hay convocatoria ni comisión de valoración. Tampoco es una decisión discrecional, como la libre designación, y la antigüedad es uno de los criterios, no el único.

El artículo 69 permite a los departamentos autorizar, a petición de las comunidades autónomas, comisiones de servicios de carácter voluntario de hasta dos años de duración. El tentador es el año, un plazo que el capítulo usa en otras comisiones de servicios; la que piden las comunidades autónomas tiene su plazo propio y es de carácter voluntario. Los tres y los seis meses no son plazos de esta figura.

El artículo 61.1 permite a departamentos y organismos adscribir los puestos no singularizados, con sus titulares, a otras unidades o centros; pero si eso supone cambio de municipio, solo cabe con la conformidad de los titulares. La salvedad a la que remite el propio artículo, la disposición adicional quinta de la Ley 22/1993, vigente, es otra cosa: el traslado de sede de un organismo entero acordado por el Gobierno, en el que el funcionario elige entre trasladarse o pasar a excedencia voluntaria incentivada; no afecta a la adscripción de un puesto suelto como la de este caso. El reglamento no pide un informe de la Junta de Personal ni una autorización del Subsecretario, y no hace falta un concurso porque el funcionario no cambia de puesto: lo que cambia es dónde está adscrito.

El artículo 60.3 dice que, durante las dos primeras fases, la reasignación es obligatoria para puestos del mismo municipio y voluntaria para los de otro distinto. El distractor tentador es la provincia, porque es el criterio que el mismo artículo usa para la tercera fase: el ámbito se ensancha a medida que avanza el procedimiento. Que el puesto sea del mismo departamento o del mismo nivel no decide la obligatoriedad.

El artículo 64.1 solo exige que el funcionario reúna los requisitos establecidos para el desempeño del puesto en la relación de puestos de trabajo. El distractor tentador es la permanencia en el puesto de destino, que el reglamento exige en otros procedimientos de provisión, no para ir en comisión de servicios. El reglamento no pide un grado mínimo ni que el funcionario sea del mismo departamento: la comisión puede suponer cambio de departamento, y por eso el artículo 64.3 reparte la competencia según el ámbito.

El artículo 67 exige, para obtener destino en una comunidad autónoma por concurso, que el funcionario haya permanecido dos años en el puesto de destino desde el que participa. El año es tentador porque aparece en otras figuras del capítulo. Para la libre designación en una comunidad autónoma el artículo no pide permanencia, sino un informe.

El artículo 64.3 fija una duración máxima de un año, prorrogable por otro solo si el puesto no se ha cubierto con carácter definitivo: la prórroga existe porque la comisión es un remedio mientras llega la provisión definitiva, no por interés del funcionario. Ese es el tentador, el de la prórroga a petición del funcionario, que acierta la cifra y cambia la condición. Los seis meses y los dos años sin prórroga no son la regla de esta comisión.

El artículo 66 ter.2 obliga a permanecer un mínimo de dos años en el puesto obtenido con carácter definitivo, pero exceptúa, entre otros, el caso de que la funcionaria tenga que abandonarlo por ser víctima de nuevo de violencia de género y lo acredite como en la primera solicitud. El tentador es aplicar la regla general de los dos años, que sí rige fuera de las excepciones. El traslado cabe en la misma o en otra localidad, y el nuevo puesto es definitivo si lo era el de origen.

En la primera fase del artículo 60.3 la reasignación queda dentro de casa: la hace el Subsecretario del ministerio donde estaba destinado el funcionario, en un plazo máximo de seis meses desde la supresión, a un puesto de similares características en ese ministerio o sus organismos adscritos. Los distractores cruzan esta fase con la segunda, en la que interviene la Secretaría de Estado competente en función pública, con un plazo de tres meses y a un puesto de otro departamento: el órgano y el plazo van juntos en cada fase, y mezclarlos es el error típico.

El artículo 64.4 fija un solo plazo para el cese y la toma de posesión, que se cuenta desde la notificación del acuerdo de comisión: tres días sin cambio de residencia y, con él, ocho en la comisión voluntaria y treinta en la forzosa. Los ocho días son el tentador, porque son del mismo párrafo, pero corresponden a la voluntaria. Contar desde el día siguiente al del cese no es el cómputo de la comisión de servicios, que arranca de la notificación.

El artículo 64.2 elige al funcionario del mismo departamento (con sus organismos autónomos o la entidad gestora) que preste servicios en el municipio más próximo o con mejores facilidades de desplazamiento y tenga menores cargas familiares; y, en igualdad de condiciones, al de menor antigüedad. El distractor tentador cambia solo el desempate por el de mayor antigüedad, que es lo que se esperaría si la antigüedad diera preferencia; aquí protege del destino forzoso a quien lleva más tiempo. La antigüedad no es el primer criterio, sino el desempate, y el grado personal no cuenta en ningún momento.

El artículo 63 dice que la adscripción provisional cabe «únicamente» en tres supuestos: la remoción o el cese en un puesto de concurso o de libre designación, la supresión del puesto y el reingreso sin reserva de puesto. El aumento temporal del volumen de tareas que no pueden atender quienes ocupan los puestos es uno de los casos de la atribución temporal de funciones del artículo 66, que no da un puesto, sino unas tareas. La adscripción provisional, en cambio, da destino a un funcionario que se ha quedado sin él: por remoción o cese, por supresión de su puesto o porque reingresa sin reserva.

El artículo 64.6 hace dos cosas a la vez: reserva al funcionario su puesto de trabajo y le paga la totalidad de sus retribuciones con cargo a los créditos de los programas donde están dotados los puestos que realmente desempeña. El tentador es el que carga el pago al puesto de origen, que acierta la reserva del puesto de origen y le atribuye también el pago: conservar el puesto no significa que lo pague el presupuesto de ese puesto. El órgano que acuerda la comisión no decide de dónde sale el dinero, y el reglamento no distingue por años.

El artículo 65.1 limita estas comisiones a un tiempo que, salvo casos excepcionales, no será superior a seis meses, y exige que conste el interés de la Administración en que el funcionario participe. El tentador es el año, un plazo que el capítulo usa en otras figuras; la misión de cooperación tiene un límite propio y más corto, que solo se supera en casos excepcionales. Los dos y tres años no son plazos de esta figura.