Los órganos de selección, el procedimiento selectivo y los funcionarios interinos

El art. 20.1 da a la autoridad convocante un mes como máximo, desde que expira el plazo de solicitudes, para declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos. La resolución se publica en el «Boletín Oficial del Estado» y señala diez días hábiles para subsanar, además del lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios. Los diez días coinciden con los que la Ley 39/2015 da con carácter general para subsanar una solicitud; el mes es propio de este reglamento.

El art. 15.3 permite al departamento convocante aprobar bases generales aplicables a sucesivas convocatorias —sistema selectivo, pruebas, programas y formas de calificación— con el informe favorable de la Dirección General de la Función Pública. Las aprueba el propio departamento: no hace falta el Consejo de Ministros ni el Consejo de Estado, y el informe que se exige es el del órgano de función pública, no el de hacienda. La Dirección General no las aprueba: las informa.

El art. 27.2 exige al funcionario interino, en todo caso, los requisitos generales de titulación y las demás condiciones exigidas para participar en las pruebas de acceso al Cuerpo o Escala como funcionario de carrera. La urgencia agiliza el procedimiento, pero no rebaja los requisitos: no se dispensa ninguno ni se toman los de un grupo inferior. Las normas de selección de los funcionarios de carrera se le aplican, además, de forma supletoria en lo que se adecue a su naturaleza (art. 27.3).

El art. 20.3 hace determinante de los plazos de impugnación y recurso la publicación de la resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Las listas completas se exponen al público donde la resolución indique, pero esa exposición no abre el plazo, y no hace falta notificar a cada excluido: en los procesos selectivos la publicación sustituye a la notificación (Ley 39/2015, art. 45.1.b). El plazo de subsanación sirve para corregir defectos, no para fijar cuándo se recurre.

El art. 22.2 exige motivar los actos que ponen fin a los procedimientos selectivos y precisa que la motivación de los que el órgano de selección dicta en virtud de discrecionalidad técnica, al valorar, está referida al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. No obliga a desglosar la nota de cada miembro ni a comparar ejercicios entre sí, y un criterio acordado después de la prueba no es lo que la sostiene.

El art. 11 quiere Tribunales con un número impar de miembros, funcionarios de carrera, no inferior a cinco, y con otros tantos suplentes. Tres miembros no bastan, siete es más de lo que pide, y un número par no vale. Ni el Estatuto Básico ni el Real Decreto-ley 6/2023 fijan una cifra que se oponga a esta.

El art. 14.2 abre recurso contra las resoluciones y actos de los órganos de selección, y contra sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, ante la autoridad que haya nombrado a su presidente. El reglamento lo llama «recurso ordinario», figura que ya no existe: hoy es el de alzada, y la Ley 39/2015 (art. 121.1) lo lleva al órgano al que el Tribunal esté adscrito o, en su defecto, al que nombró a su presidente. El art. 121.2 de esa ley deja presentarlo ante el propio Tribunal, que lo remite al competente, pero no lo resuelve él, autor del acto; tampoco el Consejo de Ministros, y no se va directamente al juzgado.

El art. 23.3 exime a quien ya es funcionario público de justificar las condiciones y requisitos que acreditó para su anterior nombramiento: presenta una certificación del ministerio u organismo del que dependa, que acredite su condición y las demás circunstancias de su expediente personal. No repite la documentación de los demás, y una declaración no basta: es lo que se pide al presentar la solicitud, no al final del proceso.

El art. 23.1 cuenta el plazo de aportación desde que se publican en el «Boletín Oficial del Estado» las relaciones definitivas de aprobados. Antes, el órgano de selección hace pública la relación en los locales de la última prueba y la eleva a la autoridad competente, que es quien la publica (art. 22.1): esa exposición no abre el plazo, ni lo abre una notificación personal, y el nombramiento viene después de aportarlos (art. 25).

El art. 26.1 adjudica los puestos de acuerdo con las peticiones de los interesados entre los que se les ofertan, según el orden obtenido en el proceso selectivo, siempre que reúnan los requisitos objetivos que la relación de puestos de trabajo fije para cada uno. No hay un concurso aparte ni lo decide el departamento por perfiles: la nota del proceso da la preferencia para elegir.

El art. 13.1 impide que los órganos de selección estén formados mayoritariamente por funcionarios del mismo Cuerpo o Escala que se selecciona, salvo las peculiaridades de las normas específicas de ciertos colectivos. No los excluye, no los relega a suplentes ni los limita a un tercio, y no dice nada de quién preside: pueden estar, mientras no sean mayoría. Busca que el Cuerpo no se seleccione a sí mismo.

El art. 25.1 atribuye el nombramiento de los funcionarios de carrera al Secretario de Estado que el reglamento llama «para la Administración Pública»: el que hoy tiene la competencia en función pública, se llame como se llame en cada estructura de Gobierno. No nombra el ministro del departamento ni su Subsecretario, aunque el Cuerpo esté adscrito a él, y el Tribunal no nombra: propone. Los nombramientos se publican en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 25.2).

El art. 24.2 permite que quien no pueda hacer el curso selectivo o el período de prácticas por una causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración lo haga después, intercalándose en el lugar que corresponda a la puntuación que obtuvo. No pierde el derecho ni repite las pruebas, y tampoco pasa al final: conserva el lugar que le da su nota. El mismo apartado nombra el servicio militar y la prestación social sustitutoria, hoy suspendidos; la fuerza mayor sí rige.

El art. 21 permite, una vez comenzado el proceso, no publicar en el «Boletín Oficial del Estado» los anuncios de las pruebas restantes; entonces el órgano de selección los hace públicos en los locales donde se celebró la prueba anterior, con doce horas de antelación como mínimo si se trata del mismo ejercicio y con veinticuatro si es uno nuevo. Al revés no: la antelación mayor es para el ejercicio nuevo, porque el aspirante tiene que prepararse para otra cosa.

El art. 16.j) pide que la convocatoria fije la duración máxima del proceso y que entre la total conclusión de un ejercicio o prueba y el comienzo del siguiente pasen como mínimo setenta y dos horas y como máximo cuarenta y cinco días. Los dos límites van juntos: el mínimo da al aspirante tiempo entre pruebas, y el máximo impide que el proceso se alargue sin fin. Cada límite tiene su pareja: no se cruzan. El reglamento llama naturales a esos días, pero hoy solo una ley puede imponer ese cómputo (art. 30.2 de la Ley 39/2015): sin ella, los plazos por días son hábiles.

El último párrafo del art. 26.1 da a estos destinos carácter definitivo, equivalente a todos los efectos a los obtenidos por concurso. El funcionario no queda en una situación provisional ni en comisión de servicios a la espera de concursar: ocupa su puesto como lo ocuparía quien lo ganó en un concurso de provisión.

El art. 13.3 permite a Tribunales y Comisiones Permanentes incorporar asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas, según prevea la convocatoria, y acota su papel: colaboran con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. No son miembros del órgano, así que no califican como un vocal ni proponen aprobados, y no suplen a nadie: para eso el Tribunal tiene sus suplentes.

El art. 18.1 da veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», con la solicitud ajustada al modelo oficial. Diez, doce y quince días no son el plazo de este trámite. El reglamento dice naturales, pero hoy solo una ley puede imponer ese cómputo (art. 30.2 de la Ley 39/2015), y las convocatorias dan veinte días hábiles: la cifra, veinte, es la misma.

El art. 17 manda celebrar, antes de que empiecen los ejercicios, un único sorteo público, anunciado antes en el «Boletín Oficial del Estado», que fija el orden de actuación en todas las pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el año; el resultado se publica en el mismo diario. No sortea cada Tribunal: la convocatoria recoge el orden que salió de ese sorteo (art. 16.k). Ni cuenta la nota del primer ejercicio, que aún no existe cuando se fija el orden, ni el registro de entrada.

Según el art. 18.2, basta con que el aspirante manifieste en la solicitud que reúne todas las condiciones exigidas, «referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación». Lo que se acredita al final del proceso son esas mismas condiciones, a esa misma fecha: obtener el título más tarde no lo arregla, aunque sea antes de la lista de admitidos o del primer ejercicio.