El servicio en las comunidades autónomas, la expectativa de destino y la excedencia forzosa

El artículo 13.1.b) cuenta los seis meses a partir de la extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria, es decir, desde que termina la suspensión. Tienta la fecha de la solicitud porque es el acto del funcionario que pone en marcha el reingreso, pero el reglamento no ata el plazo de la Administración a cuándo se pida, sino a cuándo deja de estar suspendido. La firmeza y la notificación de la sanción son el principio de la suspensión, no su final.

El artículo 10.1 dice que, en el cuerpo o escala del Estado del que procede, el transferido queda en la situación especial de servicio en Comunidades Autónomas, que le mantiene todos sus derechos como si estuviera en servicio activo. Tienta el servicio activo en su cuerpo, porque conserva esos derechos; pero conservarlos «como si» estuviera en activo es justo lo que dice que no lo está: su puesto ya es de la organización de la comunidad. Tampoco son servicios especiales, que son para cargos, ni una excedencia: integrarse en la comunidad no le hace perder su condición en el cuerpo de origen.

El artículo 12.5 le reconoce las retribuciones básicas, el complemento de destino de su grado personal (o, en su caso, el del puesto que desempeñaba) y el 50 % del complemento específico que percibía al pasar a la situación. El recorte es solo del específico: el complemento de destino lo conserva entero, por eso falla la opción que reparte la mitad entre los dos. Ni lo pierde del todo ni lo cobra completo, que son los dos extremos tentadores.

Participar en los cursos de capacitación a los que se le convoque es una de las obligaciones de quien está en expectativa de destino, y el artículo 12.3 castiga su incumplimiento con el pase a la excedencia forzosa. Tienta la excedencia por interés particular porque es la que el artículo 13.4 da al incumplimiento de las obligaciones del excedente forzoso, no a las de quien está en expectativa. La incentivada se pide, no se impone; y la suspensión de funciones solo llega por un procedimiento penal o disciplinario.

El artículo 12.2 fija un período máximo de un año en expectativa de destino y, cumplido, el pase a la excedencia forzosa, que se produce sin que el funcionario lo pida. La excedencia incentivada tienta porque es otra situación propia de este reglamento, pero es voluntaria: no llega sola al acabar un plazo. Los dos años son la cifra que el reglamento repite en otras figuras, no la de esta.

El artículo 13.6 computa el tiempo en excedencia forzosa a efectos de derechos pasivos y de trienios, y no nombra el grado personal: por eso fallan las dos opciones que lo incluyen. El grado se consolida desempeñando puestos (RD 364/1995, art. 70.2), y la excedencia forzosa no está entre las situaciones a las que ese reglamento extiende el cómputo sin desempeño. Los trienios sí cuentan, aunque no trabaje, como contrapartida de una situación que no ha elegido.

El artículo 13.6 le reconoce las retribuciones básicas y, si las tiene, las prestaciones familiares por hijo a cargo. No la pide el funcionario, sino que le llega por causas ajenas a su voluntad, y por eso no se queda sin ingresos aunque no trabaje. Tampoco conserva las complementarias, que retribuyen el puesto que ya no ocupa; y el complemento de destino es de la expectativa de destino, no de esta situación.

El artículo 13.2 garantiza a quien llega a la excedencia forzosa desde la expectativa de destino que el reingreso obligatorio será en puestos de características similares a los que desempeñaba antes de la reasignación. Tienta la regla del artículo 13.3 —puestos correspondientes a su cuerpo o escala—, pero es la de los demás excedentes forzosos, los que llegan por no obtener el reingreso tras una suspensión firme. Ni el grupo ni el nivel son el criterio.

El artículo 13.5 prohíbe a los excedentes forzosos desempeñar cualquier puesto en el sector público, sea la relación funcionarial, laboral o administrativa, y a quien lo obtiene le hace pasar a la excedencia voluntaria: la de quien presta servicios en el sector público. No hay compatibilidad que pedir, porque la situación no admite ese trabajo; y tampoco vuelve al servicio activo, que exige reingresar en un puesto de su cuerpo, no un contrato laboral.