La accesibilidad de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado

El art. 12.2 dice que, «a requerimiento de la persona con discapacidad», los documentos e impresos se ofrecerán en formatos alternativos —tipografías grandes o ampliadas, braille— o se contará con personal de apoyo para facilitar su cumplimentación. No es una edición que tenga que estar expuesta siempre junto a la ordinaria, y quien lo pide es la propia persona, no una entidad en su nombre.

Cuando el sistema de seguridad o de control de acceso no tiene dimensiones suficientes para una silla de ruedas, el art. 6.2.b recomienda tener previstas medidas o medios alternativos para pasar ese control, «de forma que la persona permanezca con su ayuda técnica». Separarla de la silla es justo lo que el texto quiere evitar, y atenderla fuera o quitar el control no es lo que prevé: el control se mantiene y se ofrece otra forma de cruzarlo.

El art. 10.1 dice que las oficinas de atención «deberán contar al menos con un área higiénico-sanitaria accesible», y remite su configuración técnica a las especificaciones de la disposición final segunda. Es un mínimo que no depende de la superficie de la oficina ni se multiplica por plantas o por sexos: el texto fija uno, como suelo, sin impedir que haya más.

El art. 1.2.b define los modelos normalizados como los impresos que la Administración General del Estado pone a disposición de los ciudadanos para formular solicitudes, declaraciones, alegaciones, recursos o cualquier otra pretensión ante ella. Son, junto con las oficinas de atención al ciudadano, los dos medios preferentes que deben cumplir las condiciones de accesibilidad. No son documentos de uso interno ni pautas de señalización o de atención telefónica: lo que los define es que los rellena el ciudadano para dirigirse a la Administración.

El art. 14.2 pide atender especialmente, en la formación de ese personal, al conocimiento de las distintas discapacidades y sus consecuencias en el desarrollo de los servicios de atención, en el trato e interacción con las personas con discapacidad y en el uso de medios auxiliares que faciliten ese trato. No impone acreditar la lengua de signos a todo el personal ni centra la formación en el régimen sancionador o en las quejas: el foco es saber tratar y atender.

El art. 4.1 dice que la AGE «ubicará» las oficinas en entornos que garanticen el acceso de las personas con discapacidad: eso es el mandato. El apartado 2 añade que las decisiones de ubicación «tendrán en consideración las siguientes recomendaciones», y ahí van la planta a nivel de la calle, la señalización exterior, el itinerario accesible y la reserva de aparcamiento. Que alguna de esas letras use «deberá» no las convierte en obligación: el propio artículo las presenta como recomendaciones.

El art. 7.c recomienda que la información relevante se disponga «al menos» en dos de las tres modalidades sensoriales —visual, acústica y táctil (altorrelieve o braille)—, para que puedan percibirla plenamente también las personas con discapacidad visual y auditiva. Exigir las tres a la vez va más allá del texto, y una sola no llega: el mínimo son dos de las tres, y braille solo a petición no asegura esas dos.

El art. 5.2.h recomienda proteger las puertas acristaladas para evitar roturas por impacto y señalizarlas con dos bandas horizontales de 20 centímetros de ancho, de contraste cromático con el resto de la superficie: la primera entre 100 y 120 centímetros de altura y la segunda entre 150 y 170. Lo que se busca es que el vidrio se vea, y por eso es contraste de color y en dos alturas; una sola banda o una marca táctil en el marco no responden a lo que dice el texto.

El art. 13.2 dispone que en los impresos que ha de rellenar el ciudadano se reserven espacios de tamaño apropiado para cumplimentarlos con comodidad, que se evite usar fondos con dibujos y tintas de poco contraste, y que vayan acompañados de instrucciones claras y concisas. Los fondos con dibujos son precisamente lo que el artículo manda evitar; y la ayuda del personal es un apoyo para quien la necesite, no la forma ordinaria de rellenar un impreso.

El art. 11.1 admite exceptuar las condiciones solo «parcialmente», y solo cuando en el edificio o en su entorno concurran circunstancias de infraestructura o de protección del patrimonio que hagan su aplicación imposible material o económicamente. Un edificio protegido no basta por sí solo, y nunca para una excepción total; tampoco el volumen de público es causa. Y el coste solo cuenta si hace la aplicación económicamente imposible por esas circunstancias, no por compararlo con un presupuesto.

El art. 2.b recoge la acción positiva «para compensar las desventajas» que los ciudadanos con discapacidad pudieran presentar en sus relaciones con la Administración. Es un medio al lado de la garantía de igualdad, de los apoyos suplementarios y de la eliminación de prácticas discriminatorias. El artículo no la concreta en una reserva de empleo, en una exención de los impresos ni en una preferencia de tramitación: su finalidad es compensar, no dispensar.

El art. 9.2.j recomienda que las pantallas táctiles tengan un sistema alternativo de acceso a la información basado en la verbalización de las distintas opciones, que se activa pulsando un área sensible al tacto etiquetada «uso fácil»; al pulsarla, informa con breves instrucciones de cómo usar el sistema. El nombre invita a pensar en la lectura fácil o en ampliar la letra, pero lo que activa es la voz: está pensado sobre todo para quien no puede leer la pantalla.