El acceso al empleo público del Estado y sus órganos de selección

El art. 115.2 cierra la lista de quienes no pueden formar parte de los órganos de selección: los altos cargos, el personal de elección o designación política, el funcionario interino, el laboral no fijo y el eventual. El laboral no fijo está en ella. Los demás pueden: que el funcionario esté destinado en otro ministerio no importa, porque se pertenece al órgano a título individual (115.3); la participación de personas con discapacidad se promueve expresamente (115.2), y la formación del INAP en técnicas de selección se valora al formar los órganos (115.5).

El art. 114.12 da al nuevo funcionario de carrera quince días naturales desde la publicación del nombramiento, y un mes cuando supone cambio de localidad de residencia, como aquí. Los dos plazos se cuentan desde la publicación, no desde la notificación. No hay que confundirlo con la toma de posesión de un puesto obtenido por concurso, que el Reglamento General de Ingreso regula aparte con sus propios plazos.

El art. 114.7 ordena las fases: el concurso-oposición es la sucesiva celebración de los dos sistemas, y para valorar la fase de concurso «será necesario haber superado la fase de oposición». No depende de que sobren plazas ni de ser ya empleado público. El curso selectivo es una fase posterior y propia de los funcionarios de carrera (114.8), no la llave de los méritos.

El art. 113.3 manda convocar para esas plazas pruebas selectivas específicas e independientes. Los ajustes de tiempo y medios del 113.4 valen para cualquier persona con discapacidad que participe, pero no sustituyen a esas pruebas propias. Y el concurso sin pruebas solo cabe con carácter excepcional y cuando lo establezca una ley (114.6).

El art. 114.3 permite completar los procesos selectivos con una exposición curricular, pruebas psicotécnicas o psicométricas o entrevistas cuando la naturaleza de los cometidos lo requiera, y a cambio exige que la convocatoria justifique la selección de unos u otros tipos de pruebas. No pide un informe previo del departamento de función pública para ello, ni fija el orden en que se celebran, ni dice si eliminan o no: eso lo deciden las bases.

El art. 115.5 no convierte esa formación en requisito para ningún puesto del órgano: dice que se valorará en la conformación de los órganos de selección. Es un criterio para elegir a sus miembros, en línea con la profesionalidad y la especialización que exige el 115.2. Tampoco exime de nada de lo que se pida a quien lo integra.

El art. 114.11 dice que las bases vinculan al órgano convocante, a los órganos de selección y a quienes participan en el proceso, y entre su contenido mínimo están la relación de los méritos y los criterios y normas de valoración (114.11.c). Un mérito que no recogen no se puede puntuar: ni la mayoría del órgano, ni un anuncio previo, ni una autorización del convocante, que también está atado por ellas, pueden añadirlo.

El art. 114.2 pide que las pruebas se hagan de forma territorializada, salvo por razones justificadas, teniendo especialmente en cuenta los territorios no peninsulares. Tenerlos en cuenta no es lo mismo que fijar una sede en cada uno junto a una central: la norma no reparte sedes. Centralizarlas es justo lo que la regla quiere evitar, y el real decreto-ley promueve los medios electrónicos para agilizar los procesos (112.2.c), pero no dice que las pruebas se hagan a distancia.

El art. 113.2 le pide dos cosas: el grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las funciones y tareas genéricas del cuerpo, escala o categoría. No le exige renunciar a nada ni estar inscrita como demandante de empleo, y el 113.2 no menciona ningún porcentaje: pide acreditar el grado de discapacidad, sin más cifra. El único umbral del artículo, el treinta y tres por cien, es el de las plazas reservadas a la discapacidad intelectual (113.3).

La relación complementaria del art. 114.10 sirve para cubrir las renuncias de los seleccionados, pero el propio artículo la descarta cuando el órgano de selección no ha propuesto a tantos aspirantes como plazas convocadas: aquí propuso diecisiete para veinte. Que se pida antes de la toma de posesión es un requisito de cuándo se hace, no lo que la abre. Y la convocatoria no tiene que preverla: lo que exige su previsión es proponer más aprobados que plazas.

El art. 114.8 permite que el sistema selectivo de los funcionarios de carrera incluya un curso selectivo —un periodo formativo o de prácticas evaluable— y dice que durante esa fase la persona aspirante es personal funcionario en prácticas. Aún no es funcionaria de carrera, porque el curso forma parte del proceso y puede no superarlo; tampoco es interina ni personal laboral, que son otras relaciones de servicio.