La planificación estratégica, la oferta de empleo público y el concurso abierto y permanente en el Estado

El art. 108.2 exige publicar las convocatorias en el mismo año natural en que el BOE publica la oferta que incluye esas plazas. Con la oferta publicada en junio, el límite es el 31 de diciembre de ese año. Los doce meses desde la publicación llevarían a junio del año siguiente, y el primer trimestre del año siguiente también se pasa: el plazo se cuenta por año natural, no por meses desde la oferta, ni se alarga hasta la oferta siguiente.

El art. 105.5 fija qué es «Administración del Estado» para todo el libro segundo: la Administración General del Estado y sus organismos y entidades vinculados o dependientes (los del art. 2.1.d del Estatuto Básico), además de otras entidades de ámbito estatal. No se queda en la Administración General ni en los organismos autónomos, y tampoco llega a las comunidades autónomas ni a las entidades locales: el Estatuto Básico se aplica a todas, pero este libro ordena solo la función pública del Estado.

El art. 108.2 da dos plazos máximos, salvo causa justificada: la convocatoria se ejecuta en dos años desde su publicación, y su fase de oposición, en un año. El error tentador es dar el año a la convocatoria entera: el año es solo de su fase de oposición; la convocatoria completa tiene dos, contados desde su publicación.

El art. 111 encarga la convocatoria a la Secretaría de Estado de Función Pública, en colaboración con los departamentos ministeriales y los organismos públicos: por eso son concursos unitarios, y no uno por departamento como haría cada Subsecretaría. Tampoco los convoca el Consejo de Ministros ni el INAP: el art. 111 se los encarga a la Secretaría de Estado.

El art. 109.1 exige que incluyan, de forma conjunta o separada, todos los puestos existentes de naturaleza funcionarial, laboral y eventual. No dejan fuera al laboral ni al eventual, ni se limitan a las vacantes: son el instrumento técnico con el que la Administración organiza y ordena a todo su personal. Lo que el art. 109.3 admite es que, en ámbitos específicos, otros instrumentos de ordenación las sustituyan.

El art. 108.4 reserva no menos del diez por ciento de las plazas convocadas para personas con discapacidad. El Estatuto Básico fija para todas las Administraciones un mínimo del siete por ciento (art. 59.1), y por eso la pregunta lleva el ancla: para la Administración del Estado, el real decreto-ley lo sube. El dos por ciento aparece dos veces en el mismo apartado: es la parte mínima de esa reserva para discapacidad intelectual y el objetivo progresivo sobre los efectivos totales; ninguna de las dos es la reserva general.

La regla general es la relación de puestos de trabajo (art. 109.1), pero el art. 109.3 admite la excepción: en ámbitos específicos puede haber otros instrumentos de ordenación del personal que la sustituyan. La condición es una sola: que posibiliten su asimilación a la clasificación orgánica y funcional, cuando así se precise. No excluye al personal funcionario, y la norma no la hace depender de una comunicación previa, sino de que el instrumento sea asimilable.

El art. 105.3 nombra los cuatro: la planificación estratégica, el acceso al empleo público y la selección del personal, la evaluación del desempeño y la carrera profesional, y el directivo público profesional. Son, en ese orden, los cuatro títulos del libro segundo. El diálogo social y la negociación colectiva los garantiza el art. 105.4 en toda la actuación de la Administración, pero no están entre los cuatro elementos del 105.3.

La disposición adicional decimotercera autoriza, con el art. 87.3 de la Ley 40/2015, que el INAP se transforme en agencia estatal sin cambiar de nombre: se configuraría como un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios, que actuaría con independencia y autonomía y se adscribiría a través de la Secretaría de Estado de Función Pública. Adscribirse no es integrarse: conservaría su personalidad. No se autoriza convertirlo en entidad pública empresarial ni fundirlo con otros centros. La autorización sigue sin ejecutarse: el Real Decreto 466/2026 adaptó el INAP a la Ley 40/2015 como organismo autónomo (INAP, O. A.).

El art. 108.3 fija un porcentaje no inferior al treinta por ciento de las plazas de acceso libre. Es un suelo: la oferta puede dedicar más. El Estatuto Básico pide medidas que incentiven la participación en la promoción interna (art. 18.4), pero no le pone una cifra; la cifra para la Administración del Estado la pone el real decreto-ley.

El art. 108.1 la define como el acto que define y cuantifica los efectivos en función de las necesidades de los departamentos ministeriales y de las políticas públicas prioritarias del Gobierno, en el marco de la planificación estratégica. El instrumento técnico con el que se organiza el personal es la relación de puestos de trabajo (art. 109.1), y el escenario plurianual de empleo es lo que establece la planificación estratégica (art. 107.1). La oferta no es una convocatoria: las convocatorias vienen después y la ejecutan.