Los recursos, la indemnización y las multas del Reglamento

Se opta por la de mayor cuantía: a una empresa grande, el porcentaje de su volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior puede superar con mucho el importe fijo, y eso es lo que hace la multa disuasoria para ella. La proporcionalidad se busca al graduar la multa con los criterios del caso, no eligiendo la cifra menor, y el volumen de negocio no depende de que haya habido beneficios.

El escalón bajo (art. 83.4) recoge las obligaciones del responsable y del encargado de los arts. 25 a 39, y la de designar un delegado es la del art. 37. Desatender los derechos de los interesados, transferir datos a un tercer país sin garantías y negarle a la autoridad de control el acceso que pide están en el escalón alto (art. 83.5). Que el delegado sea una pieza importante no lo sube de escalón.

Si la autoridad competente no informa al interesado en tres meses sobre el curso o el resultado de su reclamación, este puede acudir a los tribunales contra ella, y también puede hacerlo si la autoridad no da curso a la reclamación. El plazo no es para resolver: basta con informar de cómo va la reclamación, y es el silencio durante esos tres meses lo que abre la vía judicial.

La lista del art. 83.2 nombra la adhesión a códigos de conducta del art. 40 o a mecanismos de certificación aprobados con arreglo al art. 42 (letra j), junto a otras como la intencionalidad o negligencia, las infracciones anteriores o el grado de cooperación con la autoridad. Las otras tres no figuran en ella: el tiempo transcurrido desde la infracción no es su duración, que sí está en la letra a), y la lista no menciona ni la difusión de la infracción ni que el interesado reclamara antes al responsable. La letra k) deja abierta la puerta a «cualquier otro factor agravante o atenuante», pero lo que se pregunta es lo que el artículo nombra.

La tutela frente a la autoridad de control no es solo del interesado: la tiene toda persona física o jurídica a la que concierna una decisión jurídicamente vinculante, así que también el responsable o el encargado al que se dirige. No se limita a las multas, y el Comité no es una instancia de recurso frente a las autoridades nacionales: las acciones van a los tribunales.

La tutela judicial frente al responsable o el encargado se reconoce sin perjuicio de los recursos administrativos o extrajudiciales, incluida la reclamación ante una autoridad de control: son dos vías que el interesado tiene a la vez, y ni la una es requisito de la otra ni elegir una le quita la otra. Tampoco tiene que esperar a que la autoridad resuelva: la vía judicial contra la empresa no depende de la reclamación.

La regla son los tribunales del Estado en el que el responsable o el encargado tenga un establecimiento, y la alternativa, los de la residencia habitual del interesado. Esa alternativa se cierra cuando el demandado es una autoridad pública de un Estado miembro que ejerce sus poderes públicos. Haber reclamado antes no la cierra, y una demanda de indemnización va a los mismos tribunales que las demás acciones contra el responsable.

Las condiciones del consentimiento forman parte de los principios básicos del tratamiento, y su infracción está en el escalón alto de multas: 20 millones de euros o, para una empresa, el 4 % de su volumen de negocio total anual global. Las cifras van emparejadas: 10 millones con el 2 % y 20 millones con el 4 %, así que una opción que junta la cifra de un escalón con el porcentaje del otro no existe en el Reglamento.

El Reglamento acerca la reclamación al interesado y nombra tres lugares: donde reside habitualmente, donde trabaja o donde se cometió la supuesta infracción. El «en particular» no cierra la puerta a otras autoridades, pero el establecimiento principal del responsable no es uno de los lugares que nombra: sirve para repartir la competencia entre autoridades. La nacionalidad no cuenta, y el Comité no asigna reclamaciones.

Para garantizar al interesado una indemnización efectiva, cada responsable o encargado que haya participado en la operación y sea responsable del daño responde de todo frente a él: no tiene que repartir su reclamación. El reparto según la parte de cada uno llega después, entre ellos: quien pague la indemnización entera puede reclamar a los demás la parte que les corresponda.

El responsable que participa en el tratamiento responde de los daños si la operación incumple el Reglamento; el encargado, solo en dos casos: si no cumplió las obligaciones que el Reglamento dirige específicamente a los encargados o si actuó al margen o en contra de las instrucciones legales del responsable. Participar en la operación basta para el responsable, no para el encargado, y su responsabilidad no es subsidiaria de la del responsable.

Una autoridad de control solo responde ante los tribunales de su propio Estado, el de su establecimiento: un tribunal de otro país no revisa las decisiones de una autoridad que no es la suya. Ni la residencia del interesado ni el establecimiento del responsable cambian ese fuero, y el Tribunal de Justicia no conoce en primera instancia de estas acciones.

El Reglamento evita dos procesos paralelos sobre lo mismo en dos Estados dando un margen al tribunal que llegó después: puede suspender el suyo. Quien cede es el segundo, no el primero, y la acumulación solo la menciona para que el segundo se inhiba a instancia de parte cuando el primero sea competente, nunca para atraer el asunto de oficio. El Comité no interviene en los procesos judiciales.