El Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas y el Banco Europeo de Inversiones

Lo forma un nacional de cada Estado miembro, tenga o no el euro, y sus miembros ejercen sus funciones con plena independencia, en interés general de la Unión. Se eligen entre personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en su Estado a las instituciones de control externo, o especialmente calificadas para la función, pero el Tratado no hace miembros a quienes dirigen esas instituciones nacionales.

El Banco Central Europeo es independiente en el ejercicio de sus competencias y también en la gestión de sus finanzas, y el Tratado obliga a respetar esa independencia tanto a los Gobiernos de los Estados miembros como a las instituciones, órganos y organismos de la Unión. Por eso tampoco el Consejo puede autorizar esas instrucciones ni darlas él, y da igual que el Estado tenga o no el euro.

La lista la adopta el Consejo, y el Parlamento Europeo solo es consultado: no tiene que aprobarla. Cada Estado propone a su candidato, el Parlamento da su parecer y el Consejo decide. La tentación es pensar en la aprobación del Parlamento, que el Tratado no exige aquí.

Los miembros del Banco Europeo de Inversiones son los Estados miembros, todos, tengan o no el euro; la Unión no es miembro, y tampoco lo son los bancos centrales nacionales, que forman con el Banco Central Europeo otro sistema. El Banco tiene personalidad jurídica propia, y sus Estatutos figuran en un protocolo anejo a los Tratados.

Los nombra el Consejo Europeo, por mayoría cualificada, de entre personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios. Los demás intervienen antes, pero no nombran: el Consejo recomienda, y el Parlamento Europeo y el Consejo de Gobierno del Banco son consultados. La Comisión no tiene papel en estos nombramientos.

Es la declaración de fiabilidad: el Tribunal de Cuentas examina las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión y declara sobre la fiabilidad de esas cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, y la declaración se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea. El Tribunal fiscaliza, no exige responsabilidades contables, y ni el déficit de los Estados ni el encaje del presupuesto en el marco financiero son el objeto de esa declaración.

El cese es judicial: solo el Tribunal de Justicia puede declararlo, y solo a instancia del propio Tribunal de Cuentas, cuando el miembro deja de reunir las condiciones requeridas o de cumplir las obligaciones de su cargo. Con la misma declaración puede privarle de su pensión. El Consejo, que interviene al nombrar, no puede cesar, y el Parlamento Europeo no tiene la iniciativa.

Los dos lo son. El Tratado nombra a los miembros del Tribunal de Cuentas para seis años y declara su mandato renovable; y el Presidente, al que eligen los propios miembros de entre ellos, tiene también un mandato renovable. El Tratado no pone límite al número de renovaciones de ninguno de los dos.

El Tratado fija un objetivo principal, mantener la estabilidad de precios, y solo «sin perjuicio» de él le encarga apoyar las políticas económicas generales de la Unión. Ese apoyo es el distractor tentador porque también está en el artículo, pero va subordinado al objetivo principal y no a la par. Ni la estabilidad del sistema financiero, a la que el SEBC solo contribuye (art. 127.5), ni el pleno empleo son su objetivo principal.