El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo y la Comisión en el Tratado de Funcionamiento

La lista de las formaciones del Consejo, salvo las dos que nombra el propio Tratado de la Unión Europea, la decide el Consejo Europeo por mayoría cualificada, y por la misma mayoría decide la presidencia de las formaciones, salvo la de Asuntos Exteriores. El Consejo no organiza por sí mismo sus formaciones, y aquí no se exige la unanimidad.

El Tratado saca de la regla general del Consejo Europeo dos asuntos internos: las cuestiones de procedimiento y la aprobación de su reglamento interno, que decide por mayoría simple. Para eso no hace falta unanimidad ni mayoría cualificada. El Consejo sigue la misma regla para su propio reglamento interno.

En el Consejo, abstenerse no cuenta como votar en contra: las abstenciones de los miembros presentes o representados no impiden adoptar un acuerdo que requiera unanimidad, y el Tratado no les pone un número máximo. La unanimidad no exige, por tanto, el voto favorable de todos. La misma regla rige en el Consejo Europeo.

Los fija el Consejo, y no solo los de la Comisión y el Tribunal de Justicia: también los del Presidente del Consejo Europeo, el Alto Representante y el Secretario General del Consejo, además de cualquier otro emolumento de carácter retributivo. No los fija el Parlamento Europeo, ni el Consejo Europeo, ni cada institución para sus propios miembros.

La regla general del Parlamento Europeo es la mayoría de los votos emitidos, y el quórum lo fija su reglamento interno. Una mayoría calculada sobre los miembros que lo componen, que cuenta también a los ausentes, o una mayoría reforzada solo se aplican cuando los Tratados las piden expresamente para un acto concreto.

Cuando la propuesta no viene de la Comisión ni del Alto Representante, el Tratado endurece la mayoría cualificada: hace falta como mínimo el 72 % de los miembros del Consejo, que además representen a Estados miembros que reúnan el porcentaje de población que fija el mismo apartado. Es una excepción a la definición general de la mayoría cualificada, que exige un porcentaje de miembros más bajo.

La rotación es rigurosamente igual entre los Estados, en el orden de turno y en el tiempo de permanencia de sus nacionales en la Comisión, y el Tratado lo concreta: la diferencia entre el total de mandatos de nacionales de dos Estados nunca puede ser superior a uno. La diversidad demográfica y geográfica se refleja, pero con sujeción a esa igualdad y no por encima de ella, y el turno no se reparte por población. Tampoco se reparte por grupos de Estados de población similar.

El Tratado no deja la comparecencia del Consejo Europeo y del Consejo en manos del Parlamento Europeo: se rige por las condiciones que fijen el reglamento interno del Consejo Europeo y el del Consejo. Con la Comisión es distinto: puede asistir a todas las sesiones del Parlamento, comparece ante él si se lo pide y contesta, oralmente o por escrito, a las preguntas que le formulen el Parlamento o sus miembros.

El período parcial de sesiones extraordinario lo pueden pedir la mayoría de los miembros que componen el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión. El Consejo Europeo no está en esa lista. Fuera de esas reuniones, el período anual de sesiones no necesita convocatoria: el propio Tratado fija el día en que el Parlamento se reúne.

El Parlamento Europeo puede pedir a la Comisión que presente las propuestas que considere oportunas, pero la petición no la obliga a presentarlas: si no lo hace, la Comisión comunica sus razones al Parlamento. El Tratado no prevé que el Parlamento o el Consejo presenten la propuesta en su lugar, ni que el Consejo Europeo zanje la cuestión. El Consejo tiene una facultad paralela para pedir estudios y propuestas, con la misma consecuencia si la Comisión no las presenta.

Las disposiciones del procedimiento electoral las establece el Consejo con un procedimiento legislativo especial, por unanimidad y previa aprobación del Parlamento Europeo, que se pronuncia por mayoría de los miembros que lo componen. El proyecto lo elabora el propio Parlamento, y lo que el Consejo adopta no entra en vigor hasta que lo aprueban los Estados miembros según sus normas constitucionales. No basta con consultar al Parlamento, y la mayoría cualificada no es la regla de este acto.

La censura exige una doble mayoría: dos tercios de los votos emitidos que, además, representen la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo. La segunda condición impide que la apruebe un Pleno poco nutrido, aunque vote a favor una gran parte de los presentes. El Tratado añade dos garantías de forma: la votación es pública y no puede celebrarse hasta que pasa un plazo mínimo desde que se presenta la moción.

En el Consejo, la mayoría simple no se cuenta sobre los presentes ni sobre los votos emitidos, sino sobre todos los miembros que lo componen: un miembro que no vota, ni por sí ni representado, no suma, y por eso pesa como si votara en contra. La población solo entra en el cálculo de la mayoría cualificada, no en el de la simple.

Basta la petición de la cuarta parte de los miembros que componen el Parlamento Europeo para constituir una comisión temporal de investigación: el Tratado pone esa iniciativa al alcance de una minoría de la cámara, sin exigir la mitad de sus miembros ni la tercera parte. La comisión examina las alegaciones sin perjuicio de las competencias de otras instituciones u órganos, y deja de existir cuando presenta su informe.

Al Defensor del Pueblo Europeo lo elige el Parlamento Europeo, pero no lo destituye él: lo destituye el Tribunal de Justicia, a petición del Parlamento, si deja de cumplir las condiciones necesarias para ejercer sus funciones o comete una falta grave. La Comisión no tiene esa iniciativa, y el Consejo Europeo no interviene. El Defensor se elige después de cada elección del Parlamento, para toda la legislatura.

En el Consejo cabe la representación, pero con un tope: en una votación, cada miembro puede actuar en representación de uno solo de los demás. Quien ya representa a otro no puede asumir un segundo, sea cual sea la mayoría que se pida. La misma regla rige para los miembros del Consejo Europeo en sus votaciones.

La vacante individual se cubre con un nuevo miembro de la misma nacionalidad que el saliente, y solo por el resto de su mandato: no se abre uno nuevo. Lo nombra el Consejo, de común acuerdo con el Presidente de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo. El propio artículo permite que el Consejo, por unanimidad y a propuesta del Presidente de la Comisión, decida no sustituirlo, en particular cuando queda poco mandato.

El reparto de responsabilidades es del Presidente de la Comisión: las estructura y las distribuye entre los miembros, y puede reorganizarlas a lo largo de su mandato. Los miembros ejercen las funciones que les atribuye, bajo su autoridad. El Consejo no interviene en ese reparto, que el Tratado deja abierto a cambios.

El Tratado aparta la comisión de investigación de los hechos que está conociendo un órgano jurisdiccional, y solo mientras dura el procedimiento: cuando concluye, ya puede constituirse. Que la comisión actúe «sin perjuicio de las competencias» de otras instituciones u órganos no salva ese obstáculo, que el mismo artículo pone aparte, y no lo levanta ni una mayoría más amplia de diputados ni una autorización del Tribunal de Justicia.

La Comisión decide por mayoría de sus miembros, no de los votos emitidos, y el quórum lo fija su propio reglamento interno, que la Comisión establece y publica. El Consejo no fija ni su quórum ni su forma de votar.