La pérdida y la rehabilitación de la condición de funcionario

El art. 64.1 exige que la renuncia voluntaria «habrá de ser manifestada por escrito». No vale de palabra ni se deduce de una conducta tácita, y el Estatuto no pide que se haga ante notario.

El art. 67.2 remite al Régimen de Seguridad Social aplicable: la jubilación voluntaria procede a solicitud del interesado siempre que reúna sus requisitos y condiciones. Las leyes de Función Pública aparecen en el apartado 3, para la prolongación del servicio activo, no aquí.

El art. 64.1 dice que la renuncia «será aceptada expresamente por la Administración». No surte efecto por sí sola al presentarse ni se entiende aceptada por el silencio, y el Estatuto no pide informe de la Junta de Personal.

El art. 63 enumera cinco causas: la renuncia, la pérdida de la nacionalidad, la jubilación total, la separación del servicio firme y la inhabilitación firme para cargo público. La excedencia por interés particular no está en la lista: es una de las situaciones administrativas del art. 85.1, en la que se sigue siendo funcionario.

El art. 67.4 manda, «con independencia» de la edad del apartado 3, que la jubilación forzosa del funcionario del Régimen General sea, en todo caso, la que prevean las normas de ese régimen para acceder a la pensión contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad. Por eso los sesenta y cinco años no rigen para él.

El art. 67.3 dice que la jubilación forzosa «se declarará de oficio». La que se pide a solicitud del funcionario es la voluntaria del art. 67.1.a), y el Estatuto no da ningún papel al jefe de unidad ni a la Junta de Personal.

El segundo párrafo del art. 67.3 permite solicitar la prolongación «como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad», en los términos de las leyes de Función Pública de desarrollo. Ninguna de las otras edades figura en el artículo.

El art. 64.2 impide aceptar la renuncia cuando el funcionario está sujeto a expediente disciplinario, o cuando se ha dictado contra él auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por un delito. La excedencia, el tiempo de servicio y la forma de provisión del puesto no figuran en ese artículo.

El art. 67.3 obliga a la Administración Pública competente a «resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación». Por eso no es un derecho que haya que conceder en todo caso, y el Estatuto no pide informe de la Junta de Personal ni remite la decisión a la Seguridad Social.

El art. 68.2 fija el sentido del silencio para esta solicitud: si vence el plazo sin resolución expresa, «se entenderá desestimada». El silencio estimatorio, que es la opción tentadora, no rige aquí porque el Estatuto dice lo contrario.

El art. 64.3 dice que la renuncia no inhabilita para ingresar de nuevo, pero «a través del procedimiento de selección establecido». La rehabilitación del art. 68 se prevé para la pérdida de la nacionalidad, la jubilación por incapacidad permanente y la inhabilitación, no para la renuncia.

El último párrafo del art. 67.3 excluye de sus dos párrafos anteriores —la jubilación forzosa de oficio y la prolongación— a «los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación». No excluye a nadie por la Administración en la que sirve, por el puesto que ocupa ni por ser interino.

El art. 68.1 da la rehabilitación, que «le será concedida», cuando la relación se extinguió por pérdida de la nacionalidad o por jubilación por incapacidad permanente para el servicio. Tras una inhabilitación la rehabilitación es excepcional (art. 68.2), no algo que se concede siempre, y la renuncia y la separación del servicio no figuran en el artículo.