Los criterios de adjudicación, las ofertas anormalmente bajas, la adjudicación y la formalización

La regla del art. 146.3 es precisar en el pliego la ponderación de cada criterio (salvo cuando solo cuenta el precio), y su excepción, enumerarlos por orden decreciente de importancia cuando no sea posible ponderarlos. No se pasa al precio como único criterio, la ley no reparte el peso a partes iguales y la ponderación no se deja para después de conocer las ofertas.

Para el criterio de desempate del pliego basado en la discapacidad, el art. 147.1.a) deshace la igualdad entre quienes lo cumplen dando preferencia a quien tenga el mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla: cuenta el porcentaje, no el número absoluto, y solo los fijos. El orden de presentación de las ofertas no es criterio de desempate.

El art. 153.1 permite al contratista pedir la escritura pública, «corriendo de su cargo los correspondientes gastos». El documento administrativo basta por sí solo para acceder a cualquier registro público, así que la escritura no depende de que un registro la pida; es una opción del contratista, y la paga él.

El art. 153.4 exige el 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, y lo cobra primero de la garantía definitiva, que a esas alturas ya está constituida; después, el contrato se adjudica al siguiente licitador por el orden de clasificación. El 5 % es el de la garantía definitiva (107.1), y la provisional no sirve: se le devuelve al constituir la definitiva, o se aplica a ella (106.4).

El art. 149.6 dice qué pasa si la justificación no convence: la oferta se excluye de la clasificación y se adjudica a la mejor oferta según el orden de clasificación del art. 150.1. La licitación no se declara desierta y no hay un segundo plazo de justificación. La garantía complementaria del art. 107.2 puede preverse para la oferta que se acepta tras haber estado en presunción de anormalidad, no para la rechazada.

El art. 146.2.a) da esa valoración a un comité de expertos de al menos tres miembros, que pueden ser de los servicios del órgano de contratación pero nunca estar adscritos al órgano proponente (o a un organismo técnico especializado identificado en los pliegos). La mesa con sus informes técnicos es lo que ocurre en los demás casos (146.2.b), cuando el juicio de valor no pesa más que las fórmulas: de ahí sale el tentador.

El art. 153.3 impone una espera: si cabe recurso especial, no se formaliza antes de quince días hábiles desde que se remite la notificación de la adjudicación, el mismo plazo que hay para interponer el recurso (50.1). Aquí la ley dice «hábiles», así que no son naturales, pese a que la regla de la LCSP para los plazos en días sea esa. El mes es el techo hasta el que una comunidad autónoma puede alargar la espera, no el plazo de un ministerio.

El art. 149.4 obliga a rechazar «en todo caso» la oferta anormalmente baja por incumplir obligaciones medioambientales, sociales o laborales, incluidos los convenios colectivos sectoriales vigentes. Ahí no hay justificación que valga: el ahorro del método de producción es uno de los valores que se pueden alegar, pero no cubre el incumplimiento del convenio. El seguimiento pormenorizado del 149.7 es para la oferta que se acepta.

Según el art. 150.2, si no cumplimenta el requerimiento se entiende que retira su oferta y se le exige una penalidad que se cobra primero de la garantía provisional, si la hubo. Es la garantía que existe en ese momento: la definitiva es justo una de las cosas que se le requieren.

El art. 145.2 cierra la lista de criterios cualitativos exigiendo que vayan acompañados de un criterio relacionado con los costes, que el órgano elige: el precio o un planteamiento de rentabilidad, como el coste del ciclo de vida. Los aspectos sociales y medioambientales pueden formar parte de los cualitativos («podrán incluir»), pero no son obligatorios. El umbral mínimo del 50 % de la puntuación es del art. 146.3 y solo para los procedimientos que se articulan en varias fases.

El segundo párrafo del art. 145.1 admite los criterios basados en la mejor relación coste-eficacia (el precio o el coste, como el del ciclo de vida) «previa justificación en el expediente». No pide autorización del Consejo de Ministros ni informe de la mesa, y no lo limita a los importes del contrato menor. Ojo: la justificación no basta en los contratos en que el art. 145.3 exige más de un criterio.

El art. 153.6 prohíbe ejecutar el contrato antes de formalizarlo, con tres salvedades: los contratos menores, los basados en un acuerdo marco y los específicos de un sistema dinámico, y la tramitación por emergencia del art. 120. La urgencia es el gemelo que tienta, pero solo acorta plazos: su plazo de inicio de la ejecución se cuenta desde la formalización (119.2.c).

El art. 151.2 termina mandando que la notificación indique el plazo en que debe formalizarse el contrato, conforme al art. 153.3. La garantía definitiva ya se ha constituido antes de adjudicar (se pide en el requerimiento del art. 150.2), y la publicación del anuncio de formalización es una obligación del órgano, no un plazo que se notifique.

El art. 152.4 funda el desistimiento en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, justificada en el expediente. Las razones de interés público son la causa de su gemela, la decisión de no adjudicar o celebrar (152.3). Las dos caben antes de la formalización y obligan a compensar los gastos de los licitadores (152.2).

El art. 154.2 manda publicar el anuncio de formalización de los contratos de la Administración General del Estado, y de sus entidades vinculadas que sean Administraciones Públicas, también en el Boletín Oficial del Estado, en el mismo plazo que en el perfil. El Diario Oficial de la Unión Europea es para los contratos sujetos a regulación armonizada (154.1), que este no es.

El art. 145.1 fija la regla: pluralidad de criterios y mejor relación calidad-precio. Adjudicar atendiendo solo al precio o al coste (la mejor relación coste-eficacia) es la excepción, no la regla. Por eso fallan las dos opciones que hacen del precio o del criterio único la regla, y la ley sí fija una: no lo deja a la elección libre del órgano.

El art. 150.3 cuenta los cinco días hábiles desde la recepción de la documentación que se ha requerido al licitador de la mejor oferta: la adjudicación es el paso que sigue a ese requerimiento, no a la propuesta de la mesa ni a la notificación del requerimiento, que abre los diez días hábiles del licitador para presentarla.

El art. 155.3 permite no comunicar determinados datos cuando su divulgación pudiera obstaculizar la aplicación de la ley, ser contraria al interés público, perjudicar los intereses comerciales legítimos de una empresa o la competencia leal entre empresarios. Fuera de esos casos, el art. 155.2 obliga a comunicarle, en quince días desde su solicitud escrita, los motivos por los que se desestimó su oferta y, si era admisible, las características y ventajas relativas de la oferta seleccionada y el nombre del adjudicatario; no depende de que haya recurrido ni de que el contrato sea armonizado.

El art. 146.2 impone el orden «en todo caso»: primero los criterios de juicio de valor y después los de fórmula, dejando constancia documental. Esa evaluación previa se hace pública en el acto en que se abre el sobre de los criterios de fórmula. El pliego no puede alterar ese orden.

El art. 145.4 exige que en los servicios del anexo IV y en las prestaciones de carácter intelectual la calidad represente al menos el 51 % de la puntuación: más de la mitad, no la mitad. El 50 % es el umbral mínimo para seguir en un procedimiento por fases (146.3), y el 25 % y el 45 % son los topes de los criterios de juicio de valor del abierto simplificado (159.1.b).