La necesidad del contrato, su duración y los encargos a medios propios

El artículo 28.4 obliga a programar la contratación, por ejercicio o por períodos plurianuales, y a anunciar el plan con el anuncio de información previa del artículo 134, que debe recoger como mínimo los contratos sujetos a regulación armonizada. No se publica como disposición en un diario oficial ni va anexo al presupuesto, y la Junta Consultiva es un órgano consultivo, no quien publica la programación de cada entidad.

El tercer párrafo del artículo 29.4 permite que el mantenimiento contratado junto con la compra del bien, cuando por exclusividad solo puede prestarlo quien lo suministró, dure toda la vida útil del producto. No se limita al plazo de garantía, que mide otra cosa: el tiempo en que el contratista responde de los defectos de lo entregado.

El artículo 32.6.a exige que el medio propio haya publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente su condición, los poderes adjudicadores respecto de los que la tiene y los sectores en que es apto para recibir encargos; el documento de formalización de cada encargo también se publica allí. El inventario de entidades del sector público es de otra ley y no sirve de publicidad del medio propio, y el Registro de Licitadores es para empresas que licitan.

El segundo párrafo del artículo 29.4 permite, excepcionalmente, una duración mayor en suministros y servicios cuando lo exige el período de recuperación de inversiones directamente relacionadas con el contrato que no se pueden aprovechar en el resto de la actividad, siempre que su amortización sea un coste relevante; todo ello justificado en el expediente. La medida es ese período, no la vida de los bienes ni el máximo general con una prórroga añadida, y no interviene el Consejo de Ministros.

El artículo 31.3 atribuye la responsabilidad conjunta a todas las entidades cuando el procedimiento se desarrolla entero en nombre y por cuenta de todas, y precisa que vale también cuando una sola lo administra. Responder cada una solo de su parte es la regla del segundo párrafo, para el procedimiento que no se hace conjuntamente en su totalidad; y la financiación no cuenta.

Nueve meses como máximo, y sin modificar las demás condiciones del contrato (último párrafo del artículo 29.4). Es una prórroga excepcional, que cabe aunque se haya agotado la duración máxima, para no dejar el servicio sin prestar mientras llega el nuevo contrato; la ley la rodea de condiciones para que no ampare a quien licita tarde, y le pone un techo que no se alarga aunque el nuevo contrato siga sin empezar.

El segundo párrafo del artículo 32.2.a presume siempre el control análogo cuando el poder adjudicador (u otros controlados del mismo modo por él) puede conferir al ente encargos de ejecución obligatoria porque así lo establecen sus estatutos o su acto de creación, de modo que haya unidad de decisión. Tener la mayoría de los votos, financiarlo o nombrar a su director pueden indicar influencia, pero no son el supuesto que la ley da por cumplido en todo caso.

El artículo 31.1 distingue dos formas de cooperar sin contrato: la vertical, con encargos a medios propios personificados (artículos 32 y 33), y la horizontal, entre entidades del sector público, con convenios en las condiciones del artículo 6.1. El encargo a un medio propio es el distractor tentador porque también queda fuera de la contratación, pero es la cooperación vertical. El negociado sin publicidad y los acuerdos marco son contratación, no cooperación.

El artículo 29.8 limita los contratos menores a un año y les prohíbe la prórroga: son contratos de tramitación simplificada para necesidades puntuales, y prorrogarlos permitiría sostener en el tiempo, sin licitar, lo que debería salir a concurrencia. La única salvedad está en el apartado 7, para los servicios complementarios de un menor de obras, y tampoco consiste en prorrogarlos.

Dos meses de antelación a la finalización del contrato, según el artículo 29.2; el pliego puede alargar ese preaviso, pero no acortarlo. Con él, la prórroga que acuerda el órgano de contratación obliga al empresario sin necesidad de que la consienta. Las otras cifras de meses del artículo miden cosas distintas del preaviso.

El último párrafo del artículo 29.2 libera al contratista de la prórroga cuando concurre la causa de resolución del artículo 198.6: que la Administración se haya demorado más de seis meses en el abono del precio. La demora del propio contratista no le libera de nada; lo que el artículo 29.3 prevé para ella es que el órgano de contratación pueda ampliarle el plazo, sin perjuicio de las penalidades. Ni la revisión de precios ni una modificación son causa de la excepción.

La prórroga excepcional del último párrafo del artículo 29.4 exige que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con al menos tres meses de antelación al fin del originario (en un contrato basado en un acuerdo marco, que las invitaciones se hayan enviado quince días antes). Así no ampara a quien licita tarde. Cabe aunque el contrato ya se haya prorrogado y agotado su duración máxima, no pide una autorización del Consejo de Ministros, y precisamente sirve para cuando el nuevo contrato aún no está formalizado.

Más del 80 % de sus actividades, según el artículo 32.2.b, calculado con el promedio del volumen de negocios u otro indicador fiable de los tres ejercicios anteriores al de formalización del encargo. Una proporción menor no basta: el medio propio tiene que dedicarse casi en exclusiva a quien le hace encargos, y por eso su encargo no se considera un contrato.

El artículo 29.2 pone la prórroga en manos del órgano de contratación y la hace obligatoria para el empresario cuando se le preavisa en plazo. No es un nuevo acuerdo entre las partes que el contratista pueda rehusar, y el pliego no puede reconocerle un derecho a hacerlo: lo único que puede es exigir un preaviso mayor. Es obligatoria salvo la excepción que el propio apartado prevé, que aquí no concurre.

El artículo 29.2 exceptúa de la obligación de preaviso a los contratos cuya duración sea inferior a dos meses, como este de seis semanas: un preaviso general sería más largo que el propio contrato. La ley no reduce el plazo a la mitad, y el pliego no puede suprimir el preaviso en los demás contratos: lo único que puede hacer es fijar uno mayor.

El artículo 33.2 exige que el medio propio de una entidad que no es poder adjudicador cumpla todos y cada uno de sus requisitos, y su letra b) pide que la totalidad del capital social o patrimonio sea de titularidad pública, sea cual sea su forma jurídica. El control y la actividad no bastan solos, y la ley no se conforma con una mayoría pública. El reconocimiento en los estatutos es un requisito del artículo 32 para los poderes adjudicadores, no algo que supla la falta de patrimonio público.

El artículo 29.2 lo cierra sin excepciones: en ningún caso hay prórroga por consentimiento tácito. La prórroga tiene que acordarla el órgano de contratación, aunque el contrato la prevea. Seguir prestando hasta el nuevo contrato recuerda a la prórroga excepcional del apartado 4, pero esa también la decide el órgano de contratación y exige sus propias condiciones.