El procedimiento abierto y el abierto simplificado

El artículo 159.4.f ordena los pasos de la mesa en la misma sesión: primero evalúa y clasifica, después propone la adjudicación al mejor puntuado, luego comprueba su aptitud para contratar y, por último, le requiere la garantía definitiva. La valoración de los criterios de juicio de valor no viene después: tiene que estar hecha antes de abrir el sobre de las fórmulas.

El artículo 156.2 cuenta el plazo del abierto armonizado desde la fecha de envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, una fecha que conoce el propio órgano de contratación. Su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea llega después y no es el punto de partida, como tampoco lo son el perfil de contratante ni el Boletín Oficial del Estado.

El artículo 157.4 pide acto público para abrir la oferta económica, con una única salvedad: que se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. La regla no depende de que el contrato sea armonizado, y la salvedad no la decide el pliego al revés, convirtiendo la sesión reservada en la regla.

El artículo 159.4.a exige a todos los licitadores del simplificado estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o en el de su comunidad autónoma cuando proceda. En este procedimiento no se constituye garantía provisional (159.4.b), no hay invitaciones, porque se presenta quien quiere, y la solvencia no se acredita al presentarse: basta la declaración responsable del 159.4.c.

El artículo 158.2 aplica los dos meses a la adjudicación con varios criterios y también a la que usa un único criterio si ese criterio es el menor coste del ciclo de vida, que exige un cálculo propio. Ser armonizado no cambia el plazo; la oferta anormalmente baja no cambia de plazo, sino que lo amplía por otra vía (158.3); y los varios sobres solo deciden desde qué apertura se cuenta.

El artículo 159.6.a acorta el plazo a cinco días hábiles en un solo caso: las compras corrientes de bienes disponibles en el mercado. La declaración de urgencia no figura entre los supuestos de ese artículo; la reducción por aceptar ofertas electrónicas es la del abierto armonizado (156.3.c), y por debajo de 15.000 euros en servicios lo que cabe es un contrato menor, no un plazo más corto.

El artículo 159.4.f.4.º da siete días hábiles desde el envío de la comunicación electrónica para constituir la garantía definitiva y aportar el compromiso de medios. El simplificado acorta el plazo del requerimiento que el artículo 150.2 da en el procedimiento abierto ordinario.

El artículo 157.3 da veinte días desde que termina el plazo de presentación para abrir las proposiciones y, si van en varios sobres que se abren en actos independientes, lo da por cumplido cuando se ha abierto el primero dentro de ese plazo. No hace falta haberlos abierto todos, ni el de la oferta económica, ni haber valorado nada.

Fuera de la regulación armonizada, el artículo 156.6 fija un mínimo general para los contratos de las Administraciones Públicas y otro mayor para las obras y las concesiones de obras y de servicios: veintiséis días. Quince es el mínimo general, que las obras no pueden usar; los otros dos plazos no son del procedimiento abierto ordinario.

El artículo 159.3 da al simplificado un mínimo general de quince días desde el siguiente a la publicación del anuncio en el perfil de contratante, y de veinte en las obras. Veintiséis días es el mínimo de las obras en el abierto ordinario no armonizado, y treinta y cinco, el plazo general del abierto armonizado: el simplificado es más corto que los dos.

El artículo 156.1 define el abierto por dos rasgos: entra todo empresario interesado y queda excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. No la abre el pliego, ni el trato igual a todos, ni el momento: quien necesite negociar tiene que acudir a un procedimiento con negociación, y solo si se da alguno de sus supuestos. La subasta electrónica (art. 143) no es una negociación.

El artículo 157.1 encarga a la mesa de contratación calificar la documentación y, después, abrir y examinar las proposiciones y proponer la adjudicación. La propuesta va dirigida al órgano de contratación, que es quien adjudica. Los servicios técnicos pueden emitir los informes que se les pidan (157.5), pero no proponen, y el comité de expertos, cuando lo hay, valora ciertos criterios de juicio de valor, no la proposición entera.

El artículo 159.1.a no remite al umbral de cada contratante, sino a la letra a) del 21.1 en los suministros (y a la del 22.1 en los servicios): el de la Administración General del Estado vale para todos, también para una diputación, aunque su propio umbral de regulación armonizada sea el de la letra b). Y como remite también a sus actualizaciones, el límite se mueve cada vez que se revisan esos umbrales.

El artículo 159.1.b admite el simplificado sin criterios de juicio de valor o con ellos hasta el 25 % del total, y sube el techo al 45 % cuando el contrato tiene por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura. Lo intelectual admite más juicio de valor, no menos: invertir las dos cifras es el error tentador.

Con el precio como único criterio, el artículo 158.1 da quince días contados desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. Los dos meses son para cuando hay varios criterios (158.2), y en ningún caso se cuenta desde que termina el plazo de presentación: el reloj de la adjudicación lo pone la apertura.

El artículo 157.6 dice dos cosas a la vez: la propuesta no crea ningún derecho a favor del licitador propuesto, así que no hay nada que indemnizarle, y aun así el órgano de contratación que no la sigue tiene que motivar su decisión. Que la propuesta no le vincule no significa que pueda apartarse sin dar razones. No hace falta pedir otra propuesta a la mesa.

El artículo 159.6 permite la tramitación abreviada en suministros y servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros, salvo las prestaciones de carácter intelectual. 35.000 euros era el límite de la redacción original, que la Ley 11/2020 subió; 15.000 y 40.000 son los límites del contrato menor en servicios y en obras.

En la tramitación urgente, el artículo 119.2.b reduce a la mitad los plazos de licitación, adjudicación y formalización, con algunas salvedades. El 159.5 excluye de esa reducción el procedimiento abierto simplificado: en él, declarar urgente el expediente no acorta los plazos. Tampoco se salva de la regla el plazo de presentación de proposiciones: no se reduce ninguno.

El artículo 159.6.g permite formalizar el contrato con la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación, sin un documento aparte. Hace falta un acto del contratista: ni la notificación de la adjudicación ni su publicación en el perfil de contratante la formalizan. La factura es cosa del contrato menor.

En el abierto armonizado, el plazo general es de treinta y cinco días para las obras, los suministros y los servicios (artículo 156.2). Treinta son los de las concesiones de obras y de servicios en ese mismo procedimiento. Quince días es el plazo al que puede reducirse por anuncio de información previa o por urgencia (156.3), no el general, y el de las obras no armonizadas es otro (156.6). Como la ley no dice «hábiles», son días naturales.