La acción protectora del sistema y los caracteres de las prestaciones

El art. 44.1 protege las prestaciones de la Seguridad Social y también «los beneficios de sus servicios sociales y de la asistencia social». No distingue entre contributivas y no contributivas, ni entre pensiones y subsidios.

La regla es que no, con una única excepción: el establecimiento de mejoras voluntarias del apartado 1. Por eso «en ningún caso» es falso, y también lo es que el convenio pueda tocar cualquier materia siempre que no reste derechos. El ámbito del convenio no cambia nada.

La letra d) las recoge en las dos modalidades. Lo más conocido es la no contributiva (las asignaciones de los arts. 351 y siguientes), y por eso tienta «solo no contributiva»; pero la contributiva existe: el art. 237 considera cotizados, por ejemplo, los periodos de excedencia por cuidado de hijos.

El art. 46.2 aplica a las no contributivas de jubilación y de incapacidad la misma regla que a las contributivas por contingencias comunes: catorce pagas, una por mes y dos extraordinarias que se devengan en junio y noviembre. Junio y diciembre es la regla de Clases Pasivas, no la de la Seguridad Social. El art. 46.2 sigue diciendo «invalidez», aunque la Ley 2/2025 cambió «invalidez no contributiva» por «incapacidad no contributiva» en otros preceptos.

El cierre de la letra c) admite prestaciones en las contingencias y situaciones especiales que se determinen reglamentariamente «por real decreto», a propuesta del ministro competente: no hace falta una ley, pero tampoco basta una orden ministerial. Tampoco lo decide una entidad gestora como el INSS.

Cualquier prestación pública que complemente, amplíe o modifique las contributivas «forma parte del sistema» y queda sujeta a los principios del art. 2. No es una mejora voluntaria: esas son de la modalidad contributiva y las fijan las normas de cada régimen. Las ayudas «de otra naturaleza» que dan las comunidades autónomas a sus pensionistas son la salvedad del párrafo siguiente.

El art. 45.2 admite imputar la responsabilidad de las contributivas a otras entidades o personas, pero solo en lo que dispongan la propia ley, sus normas de desarrollo o las de los regímenes especiales: no lo decide un pacto ni la gestora caso por caso. Ejemplo en el Régimen General: el art. 167 imputa responsabilidad al empresario que incumple sus obligaciones de afiliación, alta o cotización.

En la Seguridad Social, junio y noviembre. El tentador es junio y diciembre, que es la regla de otros regímenes: las pensiones de Clases Pasivas devengan sus extraordinarias el primer día de junio y de diciembre (art. 22 del RDL 670/1987), y las pagas extraordinarias de los funcionarios en activo se devengan en junio y diciembre (Ley 30/1984).

El art. 42.1.c) no la nombra: la prestación económica de la dependencia se regula en la Ley 39/2006, que crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El distractor tentador es el ingreso mínimo vital: se regula en su propia ley (Ley 19/2021), pero el art. 42.1.c) lo incluye expresamente, igual que el auxilio por defunción y el cese de actividad de los autónomos.

La letra e) nombra la formación y rehabilitación de personas con discapacidad y la asistencia a las personas mayores, y deja la lista abierta a «otras materias en que se considere conveniente». Las otras tres materias no las nombra: son propias de otras políticas (vivienda, educación, prevención de riesgos laborales).

Responden las entidades gestoras de las prestaciones cuya gestión tienen atribuida, siempre que se cumplan los requisitos generales y particulares para causar el derecho. La Tesorería General recauda, pero no paga esta prestación, y el empresario responde solo en los supuestos de imputación que fija la ley (art. 45.2; en el Régimen General, el art. 167).

La acción protectora del art. 42 «establece y limita» el ámbito posible del Régimen General, de los especiales y de las prestaciones no contributivas: es un techo, no un mínimo. Lo que sí cabe es mejorar la modalidad contributiva con mejoras voluntarias (art. 43), dentro de esa misma acción protectora, no crear prestaciones fuera de ella.

El segundo párrafo del art. 42.4 deja a salvo las ayudas «de otra naturaleza» que las comunidades autónomas establezcan, en ejercicio de sus competencias, para sus pensionistas residentes. No necesitan autorización ministerial, y por ser «de otra naturaleza» no las absorbe la regla del primer párrafo, que integra en el sistema las prestaciones públicas que complementan las contributivas.

Son un complemento de las prestaciones del apartado 1 y la ley dice que «podrán» otorgarse: no son un derecho de todo pensionista ni sustituyen a una contributiva que no se alcanza. Y no están fuera del sistema: la LGSS regula la asistencia social de la Seguridad Social en sus arts. 64 y 65, que la condicionan a la falta de recursos.

Las mejoras voluntarias recaen sobre la modalidad contributiva de quienes están en el art. 7.1, en la forma y condiciones de las normas del Régimen General y de los especiales. No se limita al Régimen General, porque alcanza también a los especiales, y la no contributiva no se mejora así; las ayudas autonómicas a pensionistas son otra figura (art. 42.4, segundo párrafo).

El art. 44.1 remite el embargo a la Ley de Enjuiciamiento Civil: las prestaciones son embargables en los límites que fija esa ley. Las dos excepciones (alimentos y deudas con la Seguridad Social) son de la retención, la cesión, la compensación y el descuento, no del embargo. En Clases Pasivas la regla es parecida pero con otra fórmula: el art. 21 del RDL 670/1987 remite a «las leyes civiles».

El art. 44.3 prohíbe exigir «ninguna tasa fiscal, ni derecho de ninguna clase» por las informaciones o certificaciones sobre las prestaciones, y lo extiende a los organismos de la Seguridad Social y a los «administrativos, judiciales o de cualquier otra clase». No depende de la justicia gratuita ni de quién la pida.