Economía y Hacienda

De los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. El 131.2 no le da papel al Consejo de Estado en la planificación.

Se entienden siempre incluidos en el estado de gastos, aunque no se consignen, y su pago tiene prioridad absoluta: por delante de cualquier otro gasto.

La conformidad del Gobierno, y lo mismo una proposición de ley o una enmienda que disminuya los ingresos. Sin ella no se tramita: no se arregla con una mayoría reforzada.

Las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido. El Tribunal no interviene en la tramitación de los Presupuestos ni impone sanciones en ese informe.

Al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior. El plazo es un mínimo («al menos»), así que presentarlos antes es posible.

Basta una ley, sin que la Constitución la exija orgánica, y el monopolio es el caso que se destaca («especialmente»), no el único en que cabe la reserva.

En el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Ni enmienda Presupuestos, ni recauda tributos, ni juzga delitos, que es de los Jueces y Tribunales.

Los márgenes que establezca, en su caso, la Unión Europea para sus Estados miembros. La Constitución no da ninguna cifra, ni el tres por ciento ni otra.

Una ley orgánica, que lo fija en relación con su producto interior bruto. No es la Ley de Presupuestos de cada año, y la referencia es el PIB, no los ingresos.

Promoverlas eficazmente: es un mandato a los poderes públicos, no un derecho que la Constitución reconozca, y no exige ley orgánica ni las limita a las empresas públicas.

Un Consejo, con su composición y sus funciones remitidas a la ley. No es una comisión de las Cámaras, y no basta un real decreto del Gobierno para darle forma.

La agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía, dentro de «todos los sectores económicos». La industria, el turismo y la minería no se nombran en el artículo.

Cuando una ley tributaria sustantiva lo prevea. El permiso viene de otra ley, la del propio tributo; no de una mayoría reforzada ni de una necesidad de las cuentas.

Depende de las Cortes Generales y fiscaliza por delegación de ellas. Pese al nombre, la Constitución no lo regula con el Poder Judicial, sino en el título de Economía y Hacienda.

Los equipara a los Jueces en todo: la misma independencia, la misma inamovilidad y las mismas incompatibilidades. No son amovibles por las Cortes, y sus incompatibilidades no son las de los Diputados.

Solo de acuerdo con las leyes. El Tribunal de Cuentas fiscaliza las cuentas y la gestión económica (art. 136), pero no autoriza el gasto de antemano.

No, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión: la prohibición tiene ese límite, y por eso «en ningún caso» es falso. Tampoco abre la puerta quién presente la enmienda ni que la acuerden las Cortes.

Equilibrio presupuestario. El margen de déficit estructural es para el Estado y las Comunidades Autónomas; a las Entidades Locales la Constitución no les deja ninguno, y el 135.2 no somete su presupuesto a la Comunidad.

Sus recursos naturales. Es el inciso que se pasa por alto: el mar territorial es de dominio público entero, pero de la zona económica y la plataforma continental solo lo son los recursos naturales.

Las adoptan ellas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites del propio artículo 135. No necesitan delegación ni convenio con el Estado.