El Defensor del Pueblo: elección, estatuto y Adjuntos

Hacen falta las dos cosas: sentencia firme y delito doloso (art. 5.1, causa quinta). No basta una sentencia que aún puede recurrirse, aunque el delito sea doloso, ni cuenta la condena firme por un delito imprudente.

Cinco años (art. 2.1). No coincide con los cuatro años del mandato de las Cámaras (Constitución, arts. 68.4 y 69.6): el Defensor no se elige con cada legislatura. Tres y seis años son duraciones vecinas sin apoyo en el art. 2.1.

Los dos Presidentes de las Cámaras, conjuntamente y con sus firmas (art. 4.1). El nombramiento no lo hace el Rey: el refrendo del Presidente del Congreso es el del nombramiento del Presidente del Gobierno (Constitución, art. 64.1). Y lo firman juntos, no cada uno por separado: «respectivamente» es el cauce por el que el Defensor se dirige a las Cortes (art. 2.1).

El Presidente del Congreso, que también la declara por muerte o renuncia (art. 5.2). El debate en las Cámaras con audiencia del interesado es para los demás casos, como la negligencia o la condena. El Presidente del Senado no declara la vacante, ni solo ni junto al del Congreso.

Una sola Comisión, Mixta Congreso-Senado, que informa a «los respectivos Plenos». La redacción original de la ley preveía una Comisión en cada Cámara: es la versión que sigue en manuales viejos y ya no rige. Tampoco es una Comisión de una sola de las Cámaras.

En plazo no superior a un mes (art. 5.3), el mismo máximo que tiene la Comisión para formular nuevas propuestas en la elección (art. 2.5). Los veinte días son el máximo de la ratificación del Senado y los diez, el plazo para cesar en las incompatibilidades (arts. 2.4 y 7.2); dos meses es más de lo que permite el art. 5.3.

Los Adjuntos, interinamente y por su orden (art. 5.4), sin que nadie tenga que designar a uno. El Presidente del Congreso declara la vacante por muerte (art. 5.2), pero no ejerce las funciones del Defensor.

La lista del art. 5.1 es cerrada: renuncia, expiración del plazo, muerte o incapacidad sobrevenida, notoria negligencia y condena firme por delito doloso. La pérdida de confianza no figura entre ellas: es una causa de cese del Gobierno (Constitución, art. 101.1), no del Defensor.

Todas: «las anteriores reglas» del art. 6 se aplican a los Adjuntos en el cumplimiento de sus funciones, no solo cuando sustituyen al Defensor, y todas, no solo la inviolabilidad. El art. 8.4 lo repite al extenderles el art. 6.

A la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 6.3). Es un aforamiento, como el de Diputados y Senadores (Constitución, art. 71.3). La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga por la materia, no por el cargo; los Tribunales Superiores de Justicia, a aforados autonómicos; y el juez de guardia no tiene aquí competencia.

En las propuestas sucesivas el Congreso sigue necesitando tres quintos, pero en el Senado basta la mayoría absoluta (art. 2.5). Tres quintos en las dos Cámaras es la primera votación (art. 2.4), y los dos tercios no se exigen en ninguna ronda.

Tres quintos de los miembros del Congreso y la ratificación del Senado «por esta misma mayoría». La mayoría absoluta del Senado es la regla de las propuestas sucesivas, cuando la primera ha fracasado (art. 2.5); el Congreso no baja nunca de los tres quintos.

Dentro de los diez días siguientes al nombramiento y antes de tomar posesión (art. 7.2). Veinte días y un mes son plazos de su elección (art. 2.4 y 2.5).

Basta ser español, mayor de edad y estar en el pleno disfrute de los derechos civiles y políticos. La ley no exige ser jurista ni años de ejercicio: «juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional» es lo que pide la Constitución a los magistrados del Tribunal Constitucional (art. 159.2). Y tiene que ser español, no basta la ciudadanía de la Unión.

Mayoría simple: la propuesta la acuerda la Comisión Mixta, que solo propone. Las mayorías reforzadas —tres quintos y, en el Senado y en las propuestas sucesivas, la absoluta— se exigen después, en las votaciones de los Plenos (art. 2.4 y 2.5), no en la Comisión.

Dos: un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo (art. 8.1), que además le sustituyen por ese orden. La ley no prevé más ni deja el número a su Reglamento.

En término no inferior a diez días (art. 2.4): es un mínimo, no un plazo máximo. El mes es el plazo máximo de la Comisión para formular nuevas propuestas si no se alcanzan las mayorías (art. 2.5).

A través de los dos Presidentes, «respectivamente»: cada uno es su cauce ante su propia Cámara. No hay un único Presidente que hable por las dos, y el art. 2.1 no exige que actúen de forma conjunta para esto.

Veinte días como máximo (art. 2.4). Los diez días son el término mínimo para convocar antes al Pleno del Congreso, en el mismo apartado.

Los nombra y los separa el propio Defensor; las Cámaras dan su conformidad previa, que según el art. 2.6 otorga la Comisión Mixta Congreso-Senado. La Comisión da la conformidad, pero no nombra: es el acto vecino. Los Presidentes y las Mesas no intervienen.