El procedimiento ante el Defensor del Pueblo: las quejas y su investigación

A la autoridad administrativa, en asuntos de su competencia (art. 10.3). Los demás no tienen ese veto: la nacionalidad no es impedimento, ni cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una Administración, como la del funcionario (art. 10.1); y los Diputados y Senadores pueden incluso pedir individualmente su intervención (art. 10.2).

La minoría de edad no es motivo de rechazo: no está en la lista del art. 17.3, y el art. 10.1 dice expresamente que no puede ser impedimento para dirigirse al Defensor. La mala fe, la carencia de fundamento, la inexistencia de pretensión y el perjuicio al legítimo derecho de un tercero sí permiten rechazar la queja.

Quince días como máximo, ampliables cuando concurran circunstancias que lo aconsejen a juicio del Defensor (art. 18.1). Los diez días son el mínimo que se da al funcionario afectado por la queja para responder por escrito (art. 20.2), y el mes, el plazo de la Administración para responder a las recomendaciones (art. 30.1).

Al Ministerio Fiscal, que investiga su realidad y adopta las medidas oportunas con arreglo a la ley o da traslado al Consejo General del Poder Judicial, según el tipo de reclamación (art. 13). El Defensor no las lleva a ningún tribunal: el Constitucional aparece en su ley por los recursos que puede interponer (art. 29) y el Supremo por el fuero del propio Defensor (art. 6.3). Tampoco las encauza por las Cortes, aunque pueda referirse al tema en su informe general.

Que no entrañe una interferencia en el mando de la Defensa Nacional (art. 14). Dentro de ese límite vela por los derechos del título I en la Administración Militar como en cualquier otra: puede actuar también de oficio (art. 9.1), la ley no lo excluye en ningún periodo y no le exige avisar antes al Gobierno.

Ninguna de las dos: no es preceptiva la asistencia de Letrado ni la de Procurador (art. 15.2). El interesado puede presentar la queja por sí mismo, sin abogado que la firme ni procurador que le represente.

Puede hacerla objeto de un informe especial, además de destacarla en la sección correspondiente de su informe anual (art. 24.1). Sus armas son la publicidad ante las Cortes, no la sanción: no impone multas, no suspende a nadie y la ley no le da la facultad de proponer ceses.

Ninguno: el art. 17.3 cierra la lista de motivos de rechazo diciendo que sus decisiones no son susceptibles de recurso. No hay reposición ante él, ni recurso ante la Comisión parlamentaria, ni vía contencioso-administrativa. Lo que sí puede hacer al rechazarla es informar al interesado de otras vías para su acción (art. 17.1).

No: la correspondencia dirigida al Defensor desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia no puede ser objeto de censura «de ningún tipo» (art. 16.1). La ley no deja ninguna excepción, ni por autorización judicial ni por seguridad ni por el contenido. Tampoco pueden escucharse las conversaciones con el Defensor o sus delegados (art. 16.2).

No entra en su examen individual, y si ya lo había empezado lo suspende cuando el interesado acude a los Tribunales (art. 17.2). No lo archiva todo: puede seguir investigando los problemas generales que plantean las quejas, y vela por que la Administración resuelva en tiempo y forma lo que se le haya pedido.

Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna (art. 10.1). No se exige ser titular de un derecho subjetivo, que es un requisito más estrecho que el interés legítimo, y las personas jurídicas pueden dirigirse a él igual que las naturales.

Desde el momento en que el interesado tuvo conocimiento de los hechos objeto de la queja (art. 15.1), no desde que ocurrieron: quien se entera tarde no pierde el plazo por eso. La ley no lo ata a la notificación ni a la firmeza de ningún acto administrativo.

En cualquier centro de la Administración pública, dependiente de ella o afecto a un servicio público (art. 19.2), para comprobar datos, hacer entrevistas o estudiar expedientes; y puede hacerlo él, su Adjunto o la persona en quien delegue. La ley no lo limita a la Administración del Estado —supervisa también la de las Comunidades Autónomas (art. 12.1)—, ni a los centros que nombre la queja, ni lo somete a la autorización del Jefe del centro.

Sí, y sin que sea necesaria en ningún caso la previa reclamación por escrito (art. 26). La acción alcanza a todas las autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, «incluso local», pero no a los jueces y magistrados en su función jurisdiccional, que no son de ese orden.

Por sí mismo y «en todo caso», de oficio o a instancia de parte (art. 12.1). Que la Comunidad tenga su propio defensor no le quita esa supervisión ni le obliga a actuar por medio de él: los órganos similares autonómicos coordinan sus funciones con las suyas y él puede pedirles cooperación (art. 12.2), pero no le hacen de intermediarios.

Nada: todas las actuaciones del Defensor del Pueblo son gratuitas para el interesado (art. 15.2). No hay tasa, ni cuota según ingresos, ni gastos de prueba a su cargo. Los únicos gastos que menciona la ley los paga el propio Defensor: los de los particulares que, sin haber promovido la queja, son llamados a informar (art. 27).

Sí: el art. 9.2 extiende sus atribuciones a la actividad de los ministros, las autoridades administrativas, los funcionarios y cualquier persona al servicio de las Administraciones públicas. No hace falta autorización del Consejo de Ministros, y la queja no tiene que venir de un parlamentario: los Diputados y Senadores pueden pedir su intervención (art. 10.2), pero no son los únicos que la abren.

Al Fiscal General del Estado, de inmediato (art. 25.1), que además le informa del trámite de las actuaciones iniciadas a su instancia (art. 25.2). No se dirige al juez de instrucción ni al Presidente del Congreso. El Consejo General del Poder Judicial aparece en el art. 13, como destino del traslado que hace el Fiscal de algunas quejas sobre la Justicia, no para los delitos.

A las Diputaciones Permanentes de las Cámaras (art. 11.2), que es lo que hace también cuando las Cortes no están reunidas o ha expirado su mandato. Su actividad no se interrumpe (art. 11.1); lo que cambia es el interlocutor. Para estas situaciones la ley no le remite a la Comisión con la que se relaciona, ni a las Mesas, ni al Presidente del Congreso.

Puede, y sin condiciones: el art. 10.1 dice que el internamiento en un centro penitenciario o de reclusión no puede constituir impedimento, igual que la nacionalidad, la minoría de edad o cualquier relación especial de sujeción con la Administración. No tiene que esperar a salir, el juez de vigilancia no tiene que dar paso a la queja y la ley no la limita a asuntos penitenciarios: el derecho es «sin restricción alguna».