Las resoluciones del Defensor del Pueblo, su informe a las Cortes y sus medios

Se le reserva la plaza y destino que ocupaba antes de su adscripción, y se le computa, a todos los efectos, el tiempo que pase en la oficina del Defensor (art. 35.2). Las dos garantías van juntas: no pierde el puesto y el cómputo no se limita a la antigüedad.

Los Adjuntos y los asesores, automáticamente, en el momento de la toma de posesión del nuevo Defensor (art. 36). La designación del sucesor no es el momento del cese, que espera a su toma de posesión. Y los Adjuntos no quedan al margen: el art. 36 los nombra junto a los asesores.

La designación es libre, pero de acuerdo con el Reglamento y dentro de los límites presupuestarios (art. 34). La conformidad previa de las Cámaras la exige la ley para los Adjuntos (art. 8.2), no para los asesores; la Comisión parlamentaria de relaciones con él no interviene aquí, y la ley no exige que sean funcionarios: el art. 35.2 regula el caso de los que lo son, sin hacerlo obligatorio.

Para el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo (art. 29), los mismos que le reconoce la Constitución (art. 162.1, letras a y b). La cuestión de inconstitucionalidad la plantean los jueces y tribunales (Constitución, art. 163), y los conflictos de competencia enfrentan al Estado y a las Comunidades Autónomas o a estas entre sí (art. 161.1.c): en ninguno de los dos está legitimado el Defensor.

Lo presenta ante las Cortes cuando se hallen reunidas en periodo ordinario de sesiones (art. 32.1). La ley no fija un trimestre ni una fecha, no lo lleva a las sesiones extraordinarias y lo liga a cada año, no a la legislatura.

La gravedad o urgencia de los hechos, cuando lo aconsejen (art. 32.2), que aprecia él. No hace falta que lo pida un grupo parlamentario ni que lo acuerde la Comisión parlamentaria de relaciones con él. La disolución de las Cortes no es el supuesto: si las Cámaras no están reunidas, lo que cambia es el destinatario del informe extraordinario, que son sus Diputaciones Permanentes.

En término no superior a un mes, y por escrito (art. 30.1), sea cual sea la resolución: advertencia, recomendación, recordatorio o sugerencia. Quince días es el plazo máximo del informe que pide el Defensor al admitir una queja (art. 18.1), y diez días, el mínimo que se da al afectado para responder en la investigación (art. 20.2): son las cifras vecinas de la misma ley.

Con una partida dentro de los Presupuestos de las Cortes Generales (art. 37). No tiene una sección propia en los Presupuestos Generales del Estado, no depende del presupuesto de la Administración que supervisa, y la partida es de las Cortes Generales, no solo del Congreso.

Puede instar de las autoridades administrativas competentes el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción (art. 28.3). El asunto no se archiva por tratarse de un particular, pero el Defensor tampoco inspecciona ni sanciona por sí mismo: esas potestades son de la Administración, a la que se dirige. Revocar el título habilitante sería anular un acto, y el art. 28.1 le niega esa competencia.

Al órgano legislativo competente o a la Administración: a ellos puede sugerir la modificación de la norma (art. 28.2). El Ministerio Fiscal no aparece en ese precepto, la Comisión parlamentaria de relaciones con él no es quien aprueba ni modifica normas, y el art. 28.2 tampoco le remite al Tribunal Constitucional.

Ante los Plenos de ambas Cámaras, donde los grupos parlamentarios pueden intervenir para fijar su postura (art. 33.4). No basta el Pleno del Congreso, no es una sesión conjunta de las Cortes, y la Comisión parlamentaria de relaciones con él (art. 2.2) no es la sede que la ley da a este resumen.