La citación y la detención

El art. 492.3.º exceptúa de la detención al procesado que presta en el acto fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intenta detenerlo, para presumir que comparecerá cuando le llame el juez o tribunal. Ni un domicilio ni un compromiso escrito bastan; y acreditar que no tiene antecedentes no sirve cuando son precisamente sus antecedentes los que hacen temer que no comparezca.

El art. 491 no exige al particular que detiene haber avisado antes a la autoridad ni que no pudiera esperar a un agente: le basta justificar, si el detenido se lo exige, que actuó por motivos racionalmente suficientes para creer que estaba en alguno de los casos del art. 490. La fianza que evita la detención aparece en el art. 492, y la valora la autoridad o el agente, no un particular.

La diferencia entre los arts. 490 y 492 está en el verbo: cualquier persona «puede» detener, y la autoridad o agente de Policía Judicial «tendrá obligación» de detener a quien esté en esos mismos casos. Para un particular es una facultad; para la autoridad, un deber, que no espera a una orden judicial ni se cumple con una simple citación.

El art. 486 abre el título de la citación con una regla de mínima injerencia: a quien se imputa un acto punible se le cita solo para ser oído, y la detención es la excepción, cuando la ley lo dispone o cuando procede desde luego. Exigirle fianza al citarle confunde la citación con la excepción a la detención del art. 492; y la ley no le trata como testigo ni condiciona su audiencia a que designe antes abogado y procurador.

El art. 495 prohíbe detener por la presunta comisión de delitos leves, con una sola excepción: que el presunto reo no tenga domicilio conocido ni dé fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente. Que le sorprendan cometiéndolo no levanta esa prohibición en los delitos leves; la petición de la víctima o la negativa a devolver lo sustraído, tampoco.

El fugado estando preso por causa pendiente es el caso del art. 490.6.º, y el art. 498 manda al juez que lo recibe sin ser el de la causa extender una diligencia (quién detuvo, por qué y a quién) y remitirla, con el detenido, de inmediato al juez o tribunal que conoce de ella. No le toma declaración ni espera a que lo reclamen, y la remisión directa al establecimiento es para el fugado que ya cumplía condena (art. 500).

El art. 497 da al juez o tribunal de la causa setenta y dos horas, contadas desde que le entregan al detenido, para una sola decisión: elevar la detención a prisión o dejarla sin efecto. Si la causa está en instrucción, ese juez es hoy el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (LO 1/2025); y para elevar la detención a prisión hace falta además la audiencia del art. 505, dentro de esas mismas setenta y dos horas. Tomar declaración o procesar no es lo que el plazo ordena, y la detención no se «ratifica»: o se convierte en prisión o termina.