El ámbito de aplicación y los principios generales

La disposición adicional vigesimosegunda remite la actuación administrativa de estos órganos —y la de los del Senado, el Tribunal Constitucional y las demás instituciones que nombra, con sus análogas autonómicas— a su normativa específica, pero «en el marco de los principios» de actuación administrativa de esta ley. Por eso no quedan del todo fuera de ella. Pero la ley tampoco se les aplica directamente, porque manda su normativa, ni es supletoria, que es el distractor tentador: la disposición no dice que cubra lo que su normativa no regule, solo que sus principios la enmarcan.

El artículo 2.2.b) nombra expresamente los principios del artículo 3: aunque estas entidades no son Administraciones Públicas, tienen que respetar en particular esos principios generales. Es lo que distingue esta letra de su gemela de la Ley 39/2015, que no menciona ningún principio. Los del artículo 140 rigen las relaciones entre Administraciones, y los de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial se refieren a las Administraciones Públicas: el artículo 2.2.b) no remite a ninguno de ellos.

La buena fe, la confianza legítima y la lealtad institucional forman la letra e) del artículo 3.1. Los otros tres son principios de la misma ley, pero de otras listas: la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, del artículo 81.1, para el sector público institucional; la solidaridad interterritorial y la adecuación al orden de distribución de competencias, del artículo 140.1, para las relaciones entre Administraciones.

La letra j) del artículo 3.1 enuncia la «eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos». El cumplimiento de los objetivos fijados es la eficacia, de la letra h), y la adecuación estricta de los medios a los fines acompaña a la economía y la suficiencia en la letra i): son las piezas vecinas de la misma lista. Compartir el uso de recursos comunes es como formula la eficiencia el artículo 140.1.f), pero para las relaciones entre Administraciones, no en el artículo 3.

El artículo 3.4 dice que cada Administración actúa con personalidad jurídica única: sus órganos y Departamentos no tienen una personalidad propia cada uno, sino que actúan dentro de esa única persona jurídica. Los organismos públicos, en cambio, tienen la suya, distinta de la de la Administración a la que se vinculan (artículo 89.1), así que no le prestan la suya a esta.

El artículo 2.1 cierra el sector público con cuatro letras: la Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional. Las Corporaciones de Derecho Público, como los colegios profesionales, no están en esa lista ni en ningún otro apartado del artículo 2 de esta ley. Es la diferencia con la Ley 39/2015, cuyo artículo 2 les dedica un apartado propio: de ahí sale la confusión.

El artículo 4.1 obliga a aplicar el principio de proporcionalidad y a elegir la medida menos restrictiva. Si las dos protegen igual el interés público y la declaración responsable restringe menos, es la que hay que elegir. Como contexto, restringe menos porque permite empezar la actividad desde el día de su presentación (artículo 69.3 de la Ley 39/2015), sin esperar a una resolución. Que la autorización dé más control no basta para preferirla, y la elección no es libre: la ley la ata a la proporcionalidad. Exigir las dos sería añadir un requisito que no hace falta.

La regla general de la disposición final decimoctava es el año desde su publicación. Las otras tres cifras salen de la misma disposición, pero para excepciones: entraron en vigor al día siguiente varias disposiciones que modificaban otras leyes; a los veinte días, entre otras, la de restitución a los partidos políticos, y a los seis meses, un punto de la disposición final novena.

La disposición final decimotercera reparte las referencias a la Ley 30/1992 entre sus dos sucesoras, «según corresponda»: a la del Procedimiento Administrativo Común (la 39/2015) o a la de Régimen Jurídico del Sector Público (la 40/2015). La abstención de autoridades y personal está hoy en el artículo 23 de la Ley 40/2015, así que la remisión se entiende hecha a ella. El distractor tentador es la Ley 39/2015, porque la abstención se plantea dentro de un procedimiento, pero no la regula; y la disposición no deja la remisión en la Ley 30/1992 ni prevé ninguna ley supletoria.

El artículo 2.3 da la consideración de Administración Pública a las Administraciones territoriales y, además, a los organismos públicos y entidades de derecho público de la letra a) del artículo 2.2, que son los vinculados o dependientes de cualquier Administración. La trampa es creer que pertenecer al sector público institucional y ser Administración Pública se excluyen: estos organismos son las dos cosas a la vez. La condición la da la ley directamente, sin que la norma de creación tenga que atribuírsela.