Los convenios

El art. 47.1 separa los dos instrumentos por lo que contienen: si el documento solo expresa la voluntad de actuar con un objetivo común y no formaliza compromisos jurídicos concretos y exigibles, es un protocolo general de actuación y no un convenio. Que lo firmen dos Administraciones no lo convierte en convenio interadministrativo: ese tipo del art. 47.2.a) presupone un convenio, es decir, un acuerdo con efectos jurídicos. Tampoco hay contrato, porque nadie se obliga a nada.

El art. 48.8 acopla dos plazos que corren desde la formalización: 5 días hábiles para inscribir el convenio en el Registro Electrónico estatal y 10 para publicarlo en el BOE. La inversión (10 y 5) es el error típico; los 3 y los 7 días no salen de este artículo.

El art. 49.g) obliga a que el convenio regule su propio régimen de modificación y, a falta de regulación expresa, exige el acuerdo unánime de los firmantes. No basta la mayoría ni lo decide quien más aporta, y la ley no obliga a firmar un convenio nuevo para modificar el que ya existe.

El art. 52.1 trata igual las dos formas de terminar: el cumplimiento y la resolución dan lugar a la liquidación del convenio, cuyo objeto es determinar las obligaciones y compromisos de cada parte. La devolución íntegra no la prevé la ley: lo que haya que devolver lo dirá la liquidación. Y la indemnización solo cabe en la resolución por incumplimiento, si se hubiera previsto (art. 51.2.c).

En su redacción vigente, el art. 48.8 hace depender la eficacia de los convenios de la AGE de un solo acto: su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. La publicación en el BOE sigue siendo obligatoria, pero ya no es condición de eficacia: «inscrito y publicado» es la redacción anterior, la que aún repiten muchos manuales. La remisión al Senado de los convenios con Comunidades Autónomas (art. 50.2.e) es otro trámite y no condiciona la eficacia.

Las causas de resolución del art. 51.2 son una lista cerrada, y su letra e) solo la abre a las causas que prevean el propio convenio u otras leyes. Si ni el convenio ni otra ley la prevén, la decisión de una sola de las partes no resuelve el convenio, por mucho que se comunique a las demás. Las otras tres opciones son las letras a), d) y b).

Todo convenio debe incluir mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de su ejecución (art. 49.f), y la ley les encarga resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que surjan. El servicio jurídico informa el convenio antes de firmarlo, y solo en la AGE (art. 50.2.a); no lo interpreta después. El órgano externo de fiscalización recibe los convenios de mayor cuantía (art. 53), pero no dirime discrepancias entre las partes.

El art. 50.2.a) no detiene el expediente ni presume nada: pasado el plazo, se continúa la tramitación, pero en todo caso el informe debe emitirse e incorporarse al expediente antes de perfeccionar el convenio. Perfeccionarlo aunque el informe falte es quedarse con la primera mitad de la regla; entenderlo emitido en sentido favorable aplica un silencio que la ley no prevé, y suspender la tramitación, una pausa que tampoco.

El art. 48.9 deja fuera del capítulo las encomiendas de gestión y los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos, que tienen su propio régimen. Los otros tres siguen siendo convenios: el que instrumenta una subvención cumple además la Ley 38/2003, General de Subvenciones (art. 48.7); el plurianual con fondos del Estado tiene su regla en el art. 50.2.d); y las Universidades públicas están entre quienes pueden suscribirlos (art. 48.1).

El criterio del art. 47.2 es si las partes pertenecen a la misma Administración o a distintas. Los organismos públicos y entidades de derecho público de una misma Administración firman convenios intradministrativos (letra b). Los interadministrativos (letra a) se firman entre Administraciones o entre organismos de distintas Administraciones: que las dos partes sean organismos públicos no basta. Y la propia letra b) prueba que el convenio dentro de una misma Administración sí cabe.

El art. 52.3 permite a las partes acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, con un plazo improrrogable para terminarlas, transcurrido el cual se liquidan. La paralización inmediata es lo que contesta quien no conoce la regla; ni la ley deja a una parte terminar sin plazo, ni prorroga el convenio, que es otra figura (art. 49.h).

La letra d) del art. 47.2 admite convenios con órganos, organismos o entes de un sujeto de Derecho internacional, pero solo los que no constituyen un tratado internacional, un acuerdo internacional administrativo ni un acuerdo internacional no normativo, que tienen su propio régimen. Las otras tres opciones son los tipos de las letras c), a) y d).

El art. 49.h) fija las dos cifras: una duración determinada no superior a cuatro años, salvo que una norma prevea un plazo superior, y una prórroga, acordada antes de que venza, de hasta cuatro años adicionales. Las dos cifras son iguales. Las opciones con tres años no salen de este artículo.

El art. 48.1 permite suscribir convenios en el ámbito de las respectivas competencias, pero sin que ello pueda suponer la cesión de la titularidad de la competencia. Ni temporal, ni compartida, ni pactada: la titularidad no se mueve. Lo que el convenio ordena es cómo colaboran las partes, no de quién es la competencia.

La letra c) del art. 51.2 regula el procedimiento entero: un requerimiento para que se cumpla en un plazo determinado y, si el incumplimiento persiste, la parte que lo dirigió notifica a los firmantes la concurrencia de la causa de resolución y el convenio se entiende resuelto. No hace falta juez —la decisión judicial es otra causa, la de nulidad— ni un segundo requerimiento, y la ley no prevé ninguna suspensión. La indemnización de los perjuicios solo procede si se hubiera previsto.