Los órganos colegiados

La letra a) del art. 19.4 distingue según quién ostente la Secretaría: el Secretario asiste con voz pero sin voto, y con voz y voto solo si la Secretaría la ostenta un miembro del órgano. Una funcionaria ajena al órgano habla, pero no vota, y ninguna autorización del Presidente cambia eso. Tampoco asiste muda: además de redactar y autorizar las actas, prepara el despacho de los asuntos y expide las certificaciones.

El art. 17.1 invierte la regla que muchos esperan: todo órgano colegiado puede constituirse, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas de forma presencial o a distancia, y solo queda fuera lo que su reglamento interno excluya «expresa y excepcionalmente». El silencio del reglamento no impide la sesión a distancia, y la ley no la condiciona a que la acuerden todos los miembros ni a una urgencia declarada por el Presidente.

El art. 17.2 acopla dos exigencias: la del Presidente y el Secretario, o de quienes les suplan, y además la de la mitad, al menos, de los miembros. Sin Secretario, o quien le supla, no hay quórum aunque asistan todos los demás, y la proporción no sube a dos tercios: esa cifra no aparece en el artículo. «Con carácter general» deja fuera a los colegiados del art. 15.2, que el Presidente puede tener por constituidos si asisten los portavoces.

El art. 15.3 obliga a publicar en el boletín oficial el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los colegiados cuyas resoluciones tienen efectos jurídicos frente a terceros, y para los del art. 15.2 —los que reúnen a varias Administraciones o a organizaciones representativas de intereses sociales— dice quién lo hace: la Administración a la que corresponde la Presidencia. No publica cada una de las representadas, y la ley no mira quién aporta más miembros ni dónde está la sede.

Con competencias decisorias, el órgano necesita norma específica publicada en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 22.1), y el art. 22.2 elige su forma por dos rasgos: si es interministerial y el rango de su Presidente. El Real Decreto queda para los interministeriales cuyo Presidente tiene rango superior al de Director general; presidido por un Director general, el rango no es superior, y toca Orden ministerial conjunta. La Orden ministerial a secas es la de los colegiados ministeriales.

La letra d) del art. 19.2 da al Presidente de los colegiados de la Administración General del Estado el voto de calidad: dirime con su voto los empates. La salvedad es para los colegiados del art. 15.2, con organizaciones de intereses sociales o con varias Administraciones, donde el voto solo es dirimente si lo prevén sus normas; por eso el enunciado dice que todos los miembros vienen de un Ministerio. La ley no repite la votación ni da la propuesta por rechazada, ni lo decide el Vicepresidente: el voto de calidad es del Presidente.

El art. 20.1 define el órgano colegiado de la Administración General del Estado por cuatro rasgos: creación formal, tres o más personas, funciones administrativas (de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control) e integración en la Administración General del Estado o en alguno de sus organismos públicos. Dos personas no bastan, y la ley no exige más de tres.

La letra a) del art. 19.3 fija dos días: es el mínimo para recibir la convocatoria con el orden del día, y en el mismo plazo ha de estar a disposición de los miembros la información sobre los asuntos que se van a tratar. Es una regla de los colegiados de la Administración General del Estado: los arts. 15 a 18, comunes a todas las Administraciones, no fijan antelación y dejan que cada órgano establezca su régimen de convocatorias (art. 17.3).

El art. 20.2 exige cinco extremos: los fines u objetivos, la integración administrativa o dependencia jerárquica, la composición y los criterios para designar al Presidente y a los demás miembros, las funciones y, en su caso, la dotación de créditos. El régimen de convocatorias no está en la lista: el art. 17.3 deja que cada órgano colegiado lo establezca si no lo prevén sus normas de funcionamiento.

El art. 16.3 lo resuelve en una línea: el miembro que suple a un Secretario no miembro «conservará todos sus derechos como tal», también el de votar. Ejercer la Secretaría por suplencia no lo convierte en un Secretario ajeno al órgano, así que no se queda en la voz sin voto, que además es la regla del Secretario no miembro en el art. 19.4 y solo rige en la Administración General del Estado; tampoco pierde nada durante la sesión y no necesita ningún acuerdo del Pleno para seguir siendo miembro de pleno derecho.

El art. 19.2 fija una secuencia: primero el Vicepresidente que corresponda y, en su defecto, el miembro de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. El orden importa: la antigüedad solo decide entre iguales en jerarquía, y la edad, entre iguales en las dos. La designación por el Pleno es el camino de los colegiados del art. 15.2, cuyo régimen de sustitución lo fijan sus normas o un acuerdo del Pleno; por eso el enunciado deja fuera esos órganos.

El art. 22.3 da el carácter de grupos o comisiones de trabajo a los colegiados que no tienen ninguna de las competencias del art. 22.1, y les pone un límite sin excepciones: sus acuerdos no pueden tener efectos directos frente a terceros. Ni la publicación ni una ratificación posterior se los dan. Un órgano que deba producir esos efectos necesita las competencias del art. 22.1 y una norma específica publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

La letra c) del art. 19.3 quita la abstención a quienes son miembros natos de un colegiado en virtud de su cargo, por su condición de autoridades o de personal al servicio de las Administraciones: no votan como cualquier otro miembro, y ninguna autorización del Presidente les abre la abstención; la constancia en el acta de la abstención y sus motivos (art. 19.5) es para quien sí puede abstenerse. El enunciado descarta los dos casos en que no votaría: el inciso final del art. 19.3 impide ejercer las funciones de miembro a quien tiene conflicto de interés, y el art. 23 obliga a abstenerse a quien tiene causa de abstención.

El art. 18.2 permite aprobar el acta en la misma reunión o en la inmediata siguiente, y añade una regla para la conformidad por medios electrónicos: si los miembros la dan, el acta se considera aprobada «en la misma reunión». No cuenta el día en que llega la última conformidad ni hay que esperar a la sesión siguiente, y el visto bueno del Presidente va antes del envío, no después.

La disposición adicional vigesimoprimera saca del régimen de los órganos colegiados de la ley a los de gobierno: los del Gobierno de la Nación, los de Gobierno de las Comunidades Autónomas y los de gobierno de las Entidades Locales. Los que integran a organizaciones de intereses sociales siguen dentro, aunque puedan completar sus propias normas de funcionamiento (art. 15.2); los de los organismos públicos estatales están incluidos expresamente en los arts. 19 a 22, y un órgano asesor autonómico no es un órgano de gobierno: le aplican los arts. 15 a 18, que son básicos, y no los arts. 19 a 22, que la disposición final decimocuarta (apartado 2.a) reserva a la Administración General del Estado.