La Audiencia Nacional

El art. 64.2 da una sola salida al exceso de asuntos: crear dos o más Secciones dentro de la Sala, que sigue siendo una. No prevé una Sala gemela del mismo orden, ni en Madrid ni fuera de su sede (art. 62), y lo que conoce el Tribunal Central de Instancia lo fijan las leyes, no la carga de trabajo de una Sala.

Adscribe el Consejo General del Poder Judicial. Los otros dos órganos del tribunal intervienen antes y no deciden: el Presidente propone y la Sala de Gobierno tiene que dar su acuerdo favorable. El Presidente de la Sala de Apelación no aparece en el procedimiento. La adscripción puede ser total o parcial y no trae ningún incremento retributivo.

La letra d) del art. 65.1.º pide las dos cosas a la vez: banda o grupo organizado y efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias. Basta con que sean dos Audiencias distintas, aunque estén en la misma comunidad autónoma: la ley no exige que los efectos crucen de una comunidad a otra. La grave repercusión en la economía nacional es requisito de otra letra, la de las defraudaciones, y la clase de droga no cuenta para esta competencia.

El art. 64 bis.2 pone dos criterios firmes —la antigüedad en el escalafón y la especialidad o experiencia— y uno condicionado: las preferencias de los magistrados afectados, que se valoran «a ser posible». La carga de trabajo no es un criterio para elegir a quién se adscribe: es lo que justifica adscribir, la «sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo».

El art. 63.2 lo equipara a un Presidente de Sala del Tribunal Supremo. Es más que la consideración de Magistrado del Supremo y menos que la Vicepresidencia o la Presidencia de ese Tribunal, que son cargos del propio Supremo y no una consideración que la ley dé a quien preside la Audiencia Nacional.

La letra f) del art. 65.1.º no se conforma con que el delito sea de los que el reglamento atribuye a la Fiscalía Europea: hace falta que la Fiscalía Europea haya decidido ejercer su competencia. Quien decide es ella, no el Fiscal General del Estado ni la Comisión Europea. La organización o el grupo criminal es lo que se exige en otra letra, la de la falsificación de moneda y de otros instrumentos de pago.

El art. 64.1 enumera cuatro Salas: de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Entre el civil, el penal, el contencioso-administrativo y el social, solo el civil se queda sin Sala en la Audiencia Nacional. La Sala de Apelación, que no lleva el nombre de ningún orden, sí está en la lista.

El art. 65.1.º se cierra sin condiciones: «en todo caso», la Sala de lo Penal extiende su competencia a los delitos conexos con los de la lista. No pone un límite de gravedad, no lo deja a una decisión de la Sala y no parte la causa para juzgar cada delito ante un órgano distinto.

El art. 67 le atribuye estos procesos «en única instancia»: no le llegan como recurso contra lo que haya resuelto antes otro órgano, ni la ley prevé después una segunda instancia. El art. 67 no le da a esta Sala ni apelaciones ni suplicaciones.

Las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte son del art. 65.3.º. Las cuestiones de competencia entre órganos penales de una comunidad sin otro superior común y entre Secciones de Menores de distintas provincias de la comunidad las decide la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (art. 73.3.d y 73.5); los conflictos de jurisdicción con la Administración, el órgano colegiado que preside el Presidente del Tribunal Supremo (art. 38).

La recusación del Presidente no sale del tribunal: la resuelve la Sala especial del art. 69, que forman el propio Presidente, los Presidentes de las Salas y dos magistrados de cada una. La Sala del art. 61 resuelve recusaciones de cargos del Supremo; la Sala de lo Penal del Supremo lo juzgaría si se le acusara de un delito (art. 57.1.2.º), que es otra cosa; y la Sala de Gobierno no resuelve recusaciones.

Es la Sala de lo Penal: entre lo que conoce, el art. 65.5.º pone los recursos que establezca la ley contra las sentencias y otras resoluciones de las Secciones de lo Penal, de Instrucción y de Menores del Tribunal Central de Instancia. El nombre engaña: la Sala de Apelación conoce de los recursos contra las resoluciones de la propia Sala de lo Penal (art. 64 bis.1), no contra las del Tribunal Central de Instancia.

El art. 65.4.º da a la Sala de lo Penal la resolución de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, «sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado»: da igual en qué provincia se le detuviera. Tramitarlos es otra función, que la LOPJ no da a la Sala de lo Penal.