Las Audiencias Provinciales

El art. 80.2 permite crear Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital, y a cada una le quedan adscritos uno o varios partidos judiciales: ese es su ámbito, no la provincia entera, que es el de la Audiencia (art. 80.1). La ley no las limita a la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia ni a ninguna otra.

El art. 82.4.1.º le da a la Audiencia las cuestiones de competencia en materia civil y penal, no solo las penales, entre los jueces y magistrados de un mismo Tribunal de Instancia o de Tribunales distintos, siempre que sean de la provincia. Cuando los órganos enfrentados están en provincias distintas de la misma comunidad, la Audiencia ya no es su superior común, y la cuestión sube al Tribunal Superior de Justicia (art. 73.2.c y 73.3.d).

El art. 82.2.3.º, tras los recursos contra las Secciones de lo Mercantil, añade los que se dirigen contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que agoten la vía administrativa y estén dictadas en materia de propiedad industrial. Las dos condiciones van juntas: una resolución que no agota la vía administrativa no entra, y el apartado habla solo de propiedad industrial; la intelectual aparece a su lado entre las materias de lo Mercantil (art. 87.6.a), no aquí.

El art. 81.2 manda completarla con los magistrados que hagan falta del Tribunal Superior de Justicia, y para eso la Sala de Gobierno establece un turno para cada año judicial. La ley no tira de otra Audiencia Provincial, ni de los jueces del Tribunal de Instancia, cuyas resoluciones revisa la propia Audiencia, ni de suplentes nombrados a propósito.

El art. 82 bis.4 exige publicarlos en el «Boletín Oficial del Estado», pero no hace depender de esa fecha sus efectos: rigen desde el inicio del año siguiente a aquel en que se adoptan, y solo por razones de urgencia, y razonadamente, puede fijarse un momento anterior. La ley habla del año, no del año judicial, y la publicación no adelanta los efectos.

El art. 83.1 sitúa el juicio del Jurado en el ámbito de la Audiencia Provincial «u otros Tribunales»: la Audiencia es el órgano que nombra, pero no el único, y por eso «solo» es falso. Las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia no son el órgano que nombra este artículo.

Por debajo del umbral, el Consejo General del Poder Judicial «podrá» acordar la especialización; con más de cinco plazas de magistrados de lo Mercantil en la provincia, el acuerdo «deberá adoptarse necesariamente», y además puede excluir a esas secciones del conocimiento de otros recursos de la Audiencia. Si las secciones especializadas son más de una, el Consejo reparte entre ellas los recursos según las materias de lo Mercantil.

La Audiencia es un órgano colegiado, pero el art. 82.2.1.º hace una excepción para los recursos contra lo resuelto por las Secciones Civiles en asuntos que se siguen por el juicio verbal por razón de la cuantía: se resuelven con un solo magistrado o magistrada, por turno de reparto. Las dos piezas cuentan: ni el verbal por razón de la materia ni el juicio ordinario, se tramite por la cuantía o por la materia, tienen esa excepción.

El art. 80.3 lo deja al Consejo General del Poder Judicial, con el informe previo de la correspondiente Sala de Gobierno, y el acuerdo se publica en el «Boletín Oficial del Estado». La Sala de Gobierno informa, no decide; el Presidente de la Audiencia no tiene esta facultad; y el apartado no prevé ningún real decreto del Gobierno.

El art. 81.1 dice que el Presidente de la Audiencia «presidirá una de las Secciones que determinará al principio de su mandato»: la elige él, y una sola vez, al empezar el mandato. No la designa la Sala de Gobierno ni se revisa cada año judicial; los distractores cambian una de esas dos piezas o las dos.

El art. 82.1.4.º lleva a la Audiencia Provincial los recursos contra las resoluciones de las Secciones de Menores de los Tribunales de Instancia con sede en la provincia. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia no es la alzada de estas Secciones; la Sección de lo Penal está en el mismo escalón que la de Menores y no revisa sus resoluciones; y la Audiencia Nacional no es la alzada de un Tribunal de Instancia de provincia.

La Audiencia Provincial conoce de los recursos contra las Secciones de Instrucción y de lo Penal de la provincia como órgano colegiado, y el párrafo segundo del art. 82.1.2.º solo saca de esa regla un supuesto: los recursos contra las Secciones de Instrucción en juicios por delitos leves, que resuelve un solo magistrado o magistrada por turno de reparto. Las dos piezas cuentan: ni los demás recursos contra las Secciones de Instrucción ni los que se dirigen contra las Secciones de lo Penal tienen esa excepción.

El art. 81.4 distingue dos casos. Si las Secciones no están separadas por orden ni por especialidad, la adscripción es funcional sin más; si lo están, sigue siendo funcional, pero «exclusivamente» dentro de las del mismo orden o especialidad. La ley no lo condiciona a un acuerdo de la Sala de Gobierno ni a la ciudad de la sede: el límite lo pone la materia, no el lugar.