El Ministerio Fiscal, los abogados y procuradores y la Policía Judicial

El art. 546.3 separa dos cosas. La responsabilidad disciplinaria por la conducta profesional la declaran los Colegios y Consejos conforme a sus estatutos, que han de respetar las garantías de la defensa. Lo que hace el juez o tribunal es otra cosa: las correcciones disciplinarias por la actuación ante él, que se rigen por la LOPJ y las leyes procesales. La Sala de Gobierno y el Consejo General gobiernan a jueces y tribunales, no a los abogados.

El art. 545.3 manda designarlos de oficio, con arreglo a las leyes, a quien lo solicite o se niegue a nombrarlos, siendo preceptiva su intervención. Sin esa preceptividad no hay designación de oficio, y la LOPJ no la limita al acusado en lo penal ni la hace depender del domicilio. La regla general, salvo que la ley disponga otra cosa, es que cada parte elige libremente a sus representantes y defensores (545.1).

El art. 550.2 solo permite removerlo o apartarlo antes de tiempo por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente. El mando orgánico no puede hacerlo por su cuenta aunque avise después al juez, y ni el Ministerio ni una Junta de Seguridad tienen esa facultad: la investigación depende de quien la dirige.

El art. 542.3 les impone guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, «no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos». No distingue entre la defensa en juicio y el asesoramiento, no se levanta porque el proceso haya terminado ni lo deja en manos del juez. El art. 543.3 extiende el mismo deber a los procuradores.

La letra c) del art. 549.1 les da la realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción y que ordene la autoridad judicial o fiscal. Los conocimientos médicos son de los médicos forenses, la documentación de las actuaciones es de la fe pública judicial y las notificaciones son actos de comunicación de la oficina judicial: nada de eso es lo propio de una unidad policial.

El art. 543.2 permite a los procuradores, «por delegación del juez, jueza o tribunal», realizar las actuaciones materiales del proceso de ejecución, en los términos legales. Tienta el letrado de la Administración de Justicia, por su papel en la ejecución, pero la delegación del 543.2 no la hace él. El Colegio y la parte que les apodera no delegan funciones del proceso.

El art. 550.2 lo mantiene en la actuación o investigación hasta que finalice o, en todo caso, hasta que termine la fase del procedimiento judicial que la originó. La LOPJ no fija un plazo en meses ni lo ata a la sentencia firme o a la apertura del juicio oral: el límite es el fin de la investigación o de su fase procesal.

La letra a) del art. 549.1 encomienda a estas unidades la averiguación de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los primeros, «dando cuenta seguidamente a la autoridad judicial y fiscal». No hay un plazo de horas que esperar ni un paso previo por el mando orgánico o el Ministerio del Interior.

El art. 543.2 excluye en todo caso las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual, junto con las de familia, los desahucios por impago en viviendas habituales y ciertos lanzamientos tras la subasta de una vivienda habitual. Lo que cuenta es la pareja exacta: la ejecución hipotecaria de un local no es de vivienda habitual, y las cuotas de comunidad no están en la lista aunque recaigan sobre la vivienda habitual del deudor; los pagarés tampoco figuran.

El art. 542.1 le reserva en exclusiva la denominación y la función de abogado también a quien ejerce profesionalmente el asesoramiento y consejo jurídico, aunque no haya proceso. Los actos de comunicación a las partes son algo que la LOPJ permite hacer a los procuradores (543.2); los documentos públicos son de la fe pública notarial, y la mediación no figura en el art. 542.

El art. 542.2 dice que los abogados, en su actuación ante los juzgados y tribunales, son libres e independientes, se sujetan a la buena fe y serán amparados por aquellos en su libertad de expresión y defensa. Los honorarios, la recusación y el turno de oficio no son lo que el precepto manda amparar a los tribunales.

El art. 544.1 les exige, antes de empezar a ejercer, juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La LOPJ no les hace jurar las normas deontológicas, la lealtad al Colegio ni el turno de oficio: el objeto del juramento es el acatamiento del ordenamiento, empezando por la Constitución.

El art. 545.2 le abre la representación técnica en los procedimientos laborales y de Seguridad Social, con las obligaciones propias de su función. Que el asunto toque a trabajadores no basta: un delito contra los derechos de los trabajadores se juzga en un proceso penal, y un pleito de personal de una Administración, en uno contencioso-administrativo.

El art. 549.2 marca el límite: «en ningún caso» pueden encomendárseles actuaciones que no sean las propias de la Policía Judicial o las derivadas de ellas. Una orden judicial o fiscal no lo amplía a tareas ajenas a la función policial, ni lo abre una Sala de Gobierno, y el apoyo administrativo a la oficina judicial no es Policía Judicial; lo que sí cabe es encargarles cualquier otra actuación de la misma naturaleza en que sea necesaria su cooperación o auxilio (549.1.e). Otra cosa es que, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puedan desarrollar también misiones de prevención de la delincuencia cuando las circunstancias lo requieran (art. 33 de la Ley Orgánica 2/1986).

El art. 543.4 admite dos sustitutos: otro procurador y, para los actos y en la forma que se determine reglamentariamente, el oficial habilitado. La LOPJ no prevé que lo sustituya el abogado de la parte, ni un pasante o un empleado de su despacho, tenga o no un poder notarial: fuera de otro procurador, solo el oficial habilitado, y únicamente en los actos y la forma que fije el reglamento.