Los Tribunales de Instancia: la Sección Única y las Secciones civiles

El art. 84.1 liga el Tribunal de Instancia al partido judicial: uno en cada partido, con sede en su capital y con su nombre. Que algunas de sus Secciones, como la de lo Mercantil, tengan su sede en la capital de provincia y jurisdicción en toda ella (art. 87.1) no convierte al Tribunal en provincial. La provincia es la demarcación de la Audiencia Provincial y la comunidad autónoma la del Tribunal Superior de Justicia.

Un partido de más de 250.000 habitantes de la misma provincia puede tener su propia Sección de lo Mercantil si no es limítrofe con el de la capital; si lo es, el art. 87.4 no da cobertura para crearla. La ley no condiciona la creación a que falte la Sección de la capital, y la nueva puede extender su jurisdicción a otros partidos limítrofes. Por eso tampoco es cierto que la Sección de lo Mercantil solo pueda tener sede en la capital: esa es la regla general del art. 87.1, y el 87.4 es su excepción.

Aunque sean acciones sociales, la LOPJ las atrae al concurso: la jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en los despidos, traslados, modificaciones sustanciales, suspensiones y reducciones de jornada colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (art. 87.7.d). Sin concurso conocería el orden social, y por eso la Sección de lo Social tienta. El juez del concurso es un juez de la Sección de lo Mercantil (art. 87.7).

El art. 84.3 empieza sin condiciones: cada Tribunal de Instancia cuenta con una Presidencia, sea cual sea su número de Secciones, esté o no en la capital de provincia, y sin que lo decida el CGPJ. Las condiciones que el mismo apartado enumera a continuación son para otra figura, la Presidencia de Sección, y no se aplican a la Presidencia del Tribunal.

El art. 85.3.º atribuye esos recursos a las Secciones Civiles, o a las Civiles y de Instrucción que forman una Sección Única, con jurisdicción en el partido. La Audiencia Provincial conoce de los recursos contra las resoluciones de las Secciones del Tribunal de Instancia, que es el escalón siguiente. La Sala de Gobierno del TSJ es un órgano de gobierno: no revisa resoluciones jurisdiccionales de nadie.

La Sección Única junta lo civil y la instrucción penal. Lo Penal y lo Social no forman parte de ella: son dos de las Secciones que el Tribunal de Instancia puede tener además de la Sección Única (art. 84.2, letras e) e i)). Juntar civil y penal parece natural, pero la Sección Única instruye las causas por delito, y su enjuiciamiento es de la Sección de lo Penal o de la Audiencia Provincial (art. 88.1.a). Solo en los supuestos que fija la Ley de Demarcación y de Planta Judicial la Sección Única se desdobla en una Sección Civil y otra de Instrucción.

Los asuntos mercantiles no se dispersan por los partidos ni se reparten entre todos: los lleva uno de los jueces de la Sección Civil, o de la Sección Única, del Tribunal de Instancia de la capital de la provincia. Que los lleve la Sección de lo Mercantil de una provincia limítrofe es otra cosa, una excepción que exige provincia de menos de 500.000 habitantes y real decreto del Gobierno (art. 87.3).

Lo acuerda el CGPJ, previo informe de las Salas de Gobierno, cuando la carga de trabajo lo hace conveniente (art. 86.3); ese juez puede llevar los asuntos de familia en exclusiva o junto con otras materias. El real decreto del Gobierno es para otra cosa: extender una Sección de Familia ya creada a dos o más partidos de la misma provincia (art. 86.2). La Sala de Gobierno informa, pero no acuerda.

Hay dos caminos para la propuesta: la del CGPJ, con informe favorable previo de la comunidad autónoma con competencias en Justicia, o la de esa misma comunidad, oído el CGPJ. Los papeles se invierten de un camino a otro, pero quien decide es siempre el Gobierno por real decreto. Ni la Sala de Gobierno del TSJ ni los órganos del propio Tribunal de Instancia proponen esta extensión.

La Sección de Familia, Infancia y Capacidad no existe en todas partes: se crea cuando la carga de trabajo lo hace conveniente, y su jurisdicción es todo el partido judicial (art. 86.1). Que exista con carácter general en el Tribunal de Instancia de la capital de cada provincia es la regla de otras Secciones, como la de lo Mercantil (art. 87.1). La comunidad autónoma con competencias en Justicia informa cuando una Sección de Familia se extiende a varios partidos (art. 86.2), pero no es quien decide crearla.

Las cuestiones relativas al matrimonio y a su régimen económico son la primera materia de la lista del art. 86.5, en la que la Sección de Familia tiene jurisdicción exclusiva y excluyente. Las otras tres son de otras Secciones: las acciones patrimoniales contra el concursado son del juez del concurso (art. 87.7.a.1.ª), el resarcimiento por infringir el Derecho de la competencia es de lo Mercantil (art. 87.6.b) y la ejecución de laudos arbitrales extranjeros, de la Sección Civil o la Sección Única (art. 85.5.º).

El art. 87.10 da esta competencia, exclusiva, en primera instancia y para todo el territorio nacional, a la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante: ni a la de Madrid ni a una Sección Civil, porque la propiedad industrial es materia mercantil (art. 87.6.a). Cuando actúa en estos asuntos se llama Tribunal de Marca de la Unión Europea, y conoce también de los dibujos y modelos comunitarios. Para el resto de las materias mercantiles es una Sección de lo Mercantil más, con jurisdicción en su provincia.

El art. 84.4 dice que la adscripción a las Secciones «será funcional». Por eso, por criterios de racionalización del trabajo, los jueces de una Sección pueden conocer de asuntos de nuevo ingreso de otra Sección del mismo Tribunal y del mismo orden jurisdiccional, por acuerdo del CGPJ. No es una adscripción temporal ni personal, y tampoco orgánica: la ejercen en el Tribunal de Instancia, que es el órgano, y la Sección es una parte suya.

El art. 87.6.c atribuye a las Secciones de lo Mercantil los recursos directos contra las calificaciones negativas de los registradores mercantiles y contra las resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sobre esas calificaciones. Aunque el registrador ejerce una función pública, el recurso no va al orden contencioso-administrativo. La Sección de Familia conoce de la oposición a las resoluciones de esa misma Dirección General, pero en materia de Registro Civil (art. 86.5.i), no del Registro Mercantil. Y la Sección Civil o la Única solo conoce de lo que la ley no atribuye a otro órgano (art. 85.1.º).

La Sección de lo Mercantil existe con carácter general en la capital de cada provincia, con jurisdicción en toda ella (art. 87.1). Las de Familia, Infancia y Capacidad y de Violencia sobre la Mujer no: se crean cuando la carga de trabajo lo hace conveniente y su jurisdicción es el partido judicial (arts. 86.1 y 89.2). La Sección Civil, o la Única, está en todo Tribunal de Instancia, pero su jurisdicción es también el partido (art. 85), no la provincia; solo cuando no se constituye Sección de lo Mercantil, uno de los jueces de la de la capital lleva esos asuntos para toda la provincia (art. 87.2).

La competencia civil de estas Secciones es residual: conocen en primera instancia de todo juicio que la LOPJ no atribuya a otro órgano, como las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad (art. 86) o de lo Mercantil (art. 87). No hay un tope de cuantía, la ley de planta no les hace una lista y el CGPJ no les reparte materias: su acuerdo sirve para otras cosas, como atribuir los asuntos de familia a un juez de la Sección Civil donde no hay Sección de Familia (art. 86.3).

Las circunstancias del art. 84.3 tienen que concurrir todas, y la primera es que en el Tribunal haya dos o más Secciones: con una sola, no hay Presidencia de Sección por muchas plazas que tenga. Lo que sí tiene siempre es la Presidencia del Tribunal («Cada Tribunal de Instancia contará con una Presidencia»), que es otra cosa. Y no es verdad que una Sección Única nunca la tenga: puede convivir con otras Secciones (art. 84.2), y entonces la tendrá si reúne las tres circunstancias.

Lo establece el Gobierno por real decreto. El CGPJ propone y, en su caso, la comunidad autónoma con competencias en Justicia informa favorablemente, pero ninguno de los dos decide. El acuerdo del CGPJ previo informe de las Salas de Gobierno es otra cosa: sirve para que, donde no hay Sección de Familia, sus asuntos los lleve un juez de la Sección Civil o de la Sección Única (art. 86.3).

Cuando la Sección Única tiene una sola plaza y no hay Sección de Familia, Infancia y Capacidad, los asuntos de familia los asume el juez que ocupa esa plaza (art. 86.4). No pasan a la capital de la provincia: la Sección de Familia, cuando existe, tiene jurisdicción en el partido (art. 86.1), y solo un real decreto del Gobierno puede extenderla a otros partidos (art. 86.2). El CGPJ tampoco designa aquí a nadie de fuera.

El art. 84.3 pide dos cifras a la vez: ocho o más plazas judiciales en la propia Sección (letra b) y un total igual o superior a doce en el Tribunal de Instancia (letra c). La trampa más común es cruzarlas: el doce es del Tribunal entero y el ocho, de la Sección. Las dos se suman a la tercera circunstancia, que el Tribunal tenga dos o más Secciones, y tienen que concurrir todas.