Los jueces y juezas de paz

La regla es elegir entre las personas que lo solicitan reuniendo las condiciones legales; si no hay ningún solicitante, el art. 101.2 deja que el Pleno elija libremente. La ley no manda repetir la convocatoria ni deja la plaza vacante, y el Consejo General del Poder Judicial no designa jueces de paz. Elegir libremente no exime de las condiciones legales: si la persona elegida no las reúne, se actúa como dice el art. 101.4.

El criterio del art. 99 es uno solo: que en el municipio no haya Tribunal de Instancia. Donde lo hay, sus Secciones ejercen la jurisdicción y no hace falta juez de paz. El artículo no fija ningún umbral de población ni hace depender el juez de paz de que el municipio lo pida: lo hay en cada municipio que cumpla esa condición.

El art. 99 da al juez de paz jurisdicción «en el término correspondiente», el del municipio para el que existe. El partido judicial es la demarcación del Tribunal de Instancia (art. 84.1) y la provincia, la de la Audiencia Provincial; la LOPJ no extiende la jurisdicción del juez de paz a los municipios vecinos, tengan o no el suyo.

La DA 24.ª reparte las menciones: las que tratan de las competencias del juez de paz en materia jurisdiccional, o de cualquier otra que la ley le atribuya, se entienden hechas a los jueces y las juezas de paz; todas las demás, a las Oficinas de Justicia en los municipios. No hay un destinatario único, y lo jurisdiccional nunca pasa a la Oficina.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia puede apartarse de la propuesta si, a su juicio, la persona propuesta no reúne las condiciones exigidas, pero antes tiene que oír al Ministerio Fiscal; entonces designa ella al juez de paz, como cuando el Ayuntamiento no propone a tiempo. El art. 101.4 no pide el parecer de la Junta de Jueces, del Colegio de Abogados ni del Consejo General del Poder Judicial.

La DA 25.ª remite a los respectivos estatutos de autonomía en las comunidades a las que se atribuyan competencias en materia de justicia de paz o de proximidad, sin perjuicio de lo que dispone el art. 152.2.3.º de la LOPJ. No remite a lo que acuerde el gobierno de la comunidad, ni a una disposición del Ministerio de Justicia o del Consejo General del Poder Judicial.

Tres meses desde que se produce la vacante: pasado ese plazo sin propuesta del Ayuntamiento, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia designa directamente al juez de paz. El plazo corre desde la vacante, no desde ningún requerimiento al Ayuntamiento. Los cuatro meses son los que la LOPJ da para empezar la renovación del Consejo General del Poder Judicial antes de que expire su mandato (art. 568.2).

El art. 103.2 suma dos vías: el transcurso del mandato y las mismas causas que los jueces de carrera, en cuanto les sean de aplicación. Que se renueve la corporación municipal tras unas elecciones no les hace cesar, y la LOPJ no da al Ayuntamiento ninguna facultad de revocarlos.

El art. 103.1 dice que serán retribuidos, por el sistema y en la cuantía que se establezca legalmente: el cargo no es gratuito, pero la LOPJ no fija ella misma cuánto cobran, ni lo equipara a lo de los jueces de carrera, ni lo carga al presupuesto municipal.

Quien vaya a ser juez de paz no puede estar incurso en las causas de incompatibilidad de las funciones judiciales, con una sola excepción: el ejercicio de actividades profesionales o mercantiles, que al juez de carrera le está vedado (art. 389). Las otras tres también son incompatibilidades del art. 389, y el art. 102 no las exceptúa, así que alcanzan igualmente a quien vaya a ser juez de paz.