Los Tribunales Superiores de Justicia

El art. 73.3.b) atribuye a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, como Sala de lo Penal, la instrucción y el fallo de las causas contra jueces, magistrados y fiscales por lo cometido en el ejercicio de su cargo en la comunidad, siempre que no correspondan al Tribunal Supremo. Al Supremo solo van, entre los magistrados, los del propio Supremo, los de la Audiencia Nacional y los de un Tribunal Superior de Justicia (art. 57.1.2.º y 3.º): un magistrado de Audiencia Provincial no está entre ellos. Tampoco se reparte la causa como de costumbre, con la Sección de Instrucción investigando y la Audiencia juzgando: aquí la instrucción y el fallo van juntos a la misma Sala.

El art. 72.2 dice que el Tribunal Superior se compone de un Presidente «que lo será también de su Sala de lo Civil y Penal». Las demás Salas tienen sus Presidentes de Sala, que el mismo apartado menciona aparte; la de lo Civil y Penal no lo necesita, porque la preside el del Tribunal. Ni la antigüedad en la Sala ni la Audiencia Provincial de la sede tienen aquí ningún papel.

El art. 72.2 le da la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo, y solo «mientras desempeñe el cargo». La tentación es subir un peldaño y pensar en un Presidente de Sala del Supremo, o bajarlo a la Audiencia Nacional; la ley no lo equipara a ninguno de los dos, sino a un Magistrado del Tribunal Supremo.

El art. 74.1.a) deja al Tribunal Superior los actos locales y autonómicos que no estén atribuidos a las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia. Esas Secciones conocen de los actos que la ley les atribuya expresamente (art. 93.4), y lo demás va a la Sala del Tribunal Superior. La Audiencia Nacional, el Supremo y el Tribunal Central de Instancia no son el límite aquí: conocen de actos del Gobierno y de la Administración del Estado, o de órganos con competencia en todo el territorio nacional.

El párrafo segundo del art. 73.4 es la excepción al primero: en las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, la Sala no designa un instructor, sino un Juez de garantías. La designación de un instructor es la regla del párrafo primero para las causas de las letras a) y b) del art. 73.3; el «Juez de enlace» y el «Magistrado ponente» no aparecen en este artículo.

Los recursos contra lo que resuelven las Secciones de lo Mercantil van, por regla general, a la Audiencia Provincial, pero el art. 82.2.3.º exceptúa las resoluciones de incidentes concursales en materia laboral. El art. 75.2.º lleva a la Sala de lo Social del Tribunal Superior la suplicación y los demás recursos contra las resoluciones de las Secciones de lo Mercantil en materia laboral, y también las de los incidentes concursales sobre esa materia: lo laboral se recurre en el orden social aunque lo haya resuelto el juez del concurso.

Junto al Presidente del Tribunal y a los Presidentes de Sala se sienta el Magistrado más moderno de cada una de ellas, uno por Sala (art. 77.1). Ni el más antiguo, ni los dos extremos del escalafón, ni un turno: el criterio es uno solo, el del más moderno.

El art. 77.2 lo dice sin matices: «El recusado no podrá formar parte de la Sala», y se le sustituye con arreglo a lo previsto en la ley. Que los Presidentes de Sala figuren en la composición ordinaria de esa Sala no le da un puesto cuando el recusado es él, y la ley no prevé ni una presencia sin voto ni que su apartamiento dependa de que lo pida el recusante.

Es la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Sala de lo Penal (art. 73.3.c). El nombre engaña: la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conoce de las apelaciones contra las resoluciones de la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional (art. 64 bis.1), no contra las de las Audiencias Provinciales. La Sala de lo Penal del Supremo conoce de la casación y la revisión (art. 57.1.1.º), no de esta apelación.

El art. 72.1 enumera tres Salas, y solo tres: la de lo Civil y Penal, la de lo Contencioso-Administrativo y la de lo Social. La Sala de Apelación no es del Tribunal Superior, sino de la Audiencia Nacional (art. 64.1). Que el art. 73.6 permita crear en el Tribunal Superior Secciones, e incluso una Sala de lo Penal, en determinados casos no añade una Sala de Apelación a la lista.

El art. 78 manda completarlas, en su caso, con Magistrados de la Audiencia Provincial de la capital donde tienen su sede. No se tira de la Sala del mismo orden de la sede del Tribunal Superior, ni de los jueces del Tribunal de Instancia, ni de suplentes: la ley aprovecha el órgano colegiado que ya hay en esa ciudad.

El art. 74.1.b) atribuye a esta Sala los recursos contra las disposiciones generales de las comunidades autónomas y de las entidades locales: una ordenanza municipal se recurre ante el Tribunal Superior, por pequeño que sea el municipio. Los recursos contra el Consejo de Ministros y contra el Consejo General del Poder Judicial son de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (art. 58); los de los Secretarios de Estado, de la de la Audiencia Nacional, salvo que la ley los dé al Tribunal Central de Instancia (art. 66.a).

El art. 75.1.º da a la Sala de lo Social del Tribunal Superior las controversias de ámbito superior al de una Sección de lo Social del Tribunal de Instancia y no superior al de la comunidad: dos provincias de la misma comunidad, sin una Sección común, encajan justo ahí. La Audiencia Nacional entraría si el conflicto rebasara la comunidad autónoma (art. 67.2.º); la Sección de lo Social se queda corta, porque su jurisdicción no alcanza a las dos provincias.

El art. 73.6 no deja elegir cualquier ciudad: solo «aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior». Ser capital de provincia no basta si allí no hay ya otra Sala del Tribunal Superior, y tampoco se limita a la capital de la comunidad: vale cualquiera de las capitales donde el Tribunal ya tenga Salas.

Hacen falta las dos cosas a la vez: que la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central se dicte en alzada y que verse sobre tributos cedidos (art. 74.1.e). Es la excepción: los recursos contra las resoluciones del Central que la ley no atribuye a los Tribunales Superiores van a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (art. 66.d). Con tributos cedidos pero en única instancia, o en alzada pero sobre tributos no cedidos, falta una de las dos condiciones.

Cuando el requerimiento lo hace una autoridad autonómica de protección de datos, lo autoriza la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (art. 74.5). La tentación es el Tribunal Central de Instancia: su Sección de lo Contencioso-Administrativo autoriza el mismo requerimiento cuando lo hacen la Agencia Española de Protección de Datos u otras autoridades administrativas independientes de ámbito estatal (art. 95.e). Lo que decide es de quién es la autoridad que requiere.

El art. 73.2.a) da a esta Sala las demandas contra el Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno y contra los miembros de la Asamblea legislativa de la comunidad, salvo que el Estatuto las lleve al Supremo. Las otras tres son de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por la propia LOPJ, sin depender de ningún Estatuto: los Diputados y los Presidentes de los Tribunales Superiores están en el art. 56.2.º, y los Magistrados de los Tribunales Superiores, en el art. 56.3.º.