Las consultas preliminares, el expediente de contratación, el contrato menor y la tramitación urgente y de emergencia

La ejecución de emergencia ha de empezar en un mes como mucho desde el acuerdo. Pasado ese plazo, lo que justificaba saltarse el procedimiento ya no se sostiene, y la contratación de esas prestaciones requiere tramitar un procedimiento ordinario. Que el peligro siga no lo prolonga: la ley ata la excepción al plazo, no a la duración de la situación.

Pueden tramitarse como urgentes los expedientes de contratos que respondan a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación haya que acelerar por razones de interés público. Lo demás no tiene nada que ver: lo que no alcanza el umbral del menor se tramita como menor, la falta de crédito no acelera nada y la financiación compartida solo obliga a un expediente único.

Con carácter general, los pliegos han de tener en cuenta los resultados de las consultas. Si no es así, el órgano no repite nada ni pide informes a nadie: deja constancia de los motivos en el informe motivado de la consulta, que forma parte del expediente y se publica en el perfil de contratante.

Antes de empezar se publican el objeto de la consulta, cuándo se inicia y quiénes son los terceros que van a participar, para que cualquier interesado pueda acceder y hacer aportaciones. El informe con los estudios, las entidades consultadas y sus respuestas se hace y se publica después, al terminar la consulta. Los pliegos llegan más tarde aún, y las soluciones de cada participante no se revelan a los demás.

La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento. Lo que la ley evita por otro camino es que la consulta dé ventaja: el objeto no puede quedar ajustado a las características técnicas de un solo consultado, y las consultas no pueden comportar ventajas en la adjudicación para quienes participaron. Por eso tampoco puntúa haber aportado.

Un menor de obras que afecta a la estabilidad, la seguridad o la estanqueidad de la obra necesita, además del presupuesto, el informe de las oficinas o unidades de supervisión del artículo 235: es lo que separa este caso del de una obra menor que no toca nada de eso. La ley no pide para el expediente del menor un dictamen del Consejo de Estado, un informe de la Abogacía del Estado ni uno de la intervención.

La justificación del valor estimado desglosa todos los conceptos que lo integran, «incluyendo siempre los costes laborales si existiesen»: es lo que permite comprobar que el precio cubre los salarios del personal que ejecuta el contrato. El IVA no entra en el valor estimado, y la ley no pide aquí comparar con contratos anteriores ni señalar la financiación europea.

Los menores que se pagan por anticipo de caja fija u otro sistema similar de pagos menores, con un valor estimado que no pase de 5.000 euros, quedan fuera del apartado 2 del artículo: el informe del órgano que justifica la necesidad del contrato. La excepción no toca los demás apartados, así que siguen haciendo falta la aprobación del gasto y la factura, y el límite de valor del apartado 1 que todo menor respeta.

La urgencia la declara el mismo órgano de contratación, y la declaración ha de estar debidamente motivada y figurar en el expediente. No hace falta acudir al Consejo de Ministros, que en estos artículos solo aparece en la emergencia de las entidades estatales, y ni la intervención ni la mesa deciden cómo se tramita el expediente.

Lo que distingue al menor de obras es que su expediente añade el presupuesto de las obras, además del proyecto cuando lo exijan las normas. El informe de supervisión solo se pide cuando el trabajo afecta a la estabilidad, la seguridad o la estanqueidad de la obra, y aquí el enunciado lo descarta. La declaración de urgencia es de otra tramitación.

La ley de contratos permite la tramitación anticipada, pero no fija ella los límites del gasto: remite a las normas presupuestarias de cada una de las Administraciones Públicas sujetas a la ley, y para el Estado esas normas son las de la Ley General Presupuestaria. Que el gasto se impute al ejercicio siguiente no lo libera de límites, y la Junta Consultiva no fija cifras de crédito.

El informe justifica dos cosas: la necesidad del contrato y que no se altera su objeto para evitar los umbrales del menor, es decir, que no se trocea un contrato mayor. Comprobar que el contratista no ha suscrito otros menores que superen la cifra lo exigía la redacción original del artículo, y lo suprimió el Real Decreto-ley 3/2020: hoy no se pide. Tampoco piden los tres presupuestos ni la solvencia y la clasificación.

Entre lo que el expediente ha de justificar, la ley pide el informe de insuficiencia de medios solo en los contratos de servicios: antes de encargar fuera una prestación que podría hacer la propia Administración, hay que acreditar que no tiene medios para hacerla. La concesión de servicios es otro contrato, con el riesgo operacional en el concesionario.

La resolución que aprueba el expediente implica también la aprobación del gasto, salvo que el presupuesto no se haya podido establecer antes o que las normas de desconcentración o la delegación digan otra cosa. El compromiso del gasto es una fase posterior, que solo cabe cuando ya hay contratista, es decir, con la adjudicación.

En la tramitación urgente la ejecución ha de empezar en un mes como mucho, contado desde la formalización: el contrato se formaliza antes de ejecutarse, como cualquier otro. El mes contado desde la adopción del acuerdo es el de la emergencia, donde se ordena ejecutar sin expediente ni formalización previa; ese es el distractor que confunde las dos tramitaciones.

Al expediente se incorporan los dos pliegos, salvo en dos casos: en el diálogo competitivo los sustituye el documento descriptivo, y en los contratos basados en un acuerdo marco con nueva licitación, el documento de licitación. Este segundo es el distractor tentador, porque también sustituye a los pliegos, pero en otro procedimiento.

Los menores pagados por caja fija quedan dispensados del informe que justifica la necesidad del contrato, pero solo «siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros». La caja fija no exime por sí sola, y la ley no habla de 10.000 euros: con 8.000 el informe vuelve a ser obligatorio. Pagar por caja fija sí es compatible con el contrato menor.

La emergencia es un régimen excepcional: sin obligación de tramitar expediente, el órgano puede ordenar la ejecución de lo necesario o contratar libremente, sin sujetarse a los requisitos formales de la ley, incluso al de la existencia de crédito suficiente, que se dota después. La urgencia, en cambio, sí tramita expediente, y el contrato menor tiene su límite de valor sea cual sea la situación.

Cuando la emergencia la acuerdan la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social o las demás entidades públicas estatales, se da cuenta del acuerdo al Consejo de Ministros, en el plazo máximo de treinta días. La ley no manda comunicarlo a las Cortes, al Tribunal de Cuentas ni a la Intervención General.

Los expedientes urgentes gozan de preferencia en su despacho, y los órganos que intervienen disponen de cinco días para emitir sus informes o cumplir sus trámites. Los diez días son la prórroga: cuando la complejidad del expediente u otra causa justificada impide cumplir los cinco, el órgano lo pone en conocimiento del órgano de contratación que declaró la urgencia, y el plazo queda prorrogado hasta diez días.