Los criterios de adjudicación, las ofertas anormalmente bajas, la adjudicación y la formalización

El art. 145.2 cierra la lista de criterios cualitativos exigiendo que vayan acompañados de un criterio relacionado con los costes, que el órgano elige: el precio o un planteamiento de rentabilidad, como el coste del ciclo de vida. Los aspectos sociales y medioambientales pueden formar parte de los cualitativos («podrán incluir»), pero no son obligatorios. El umbral mínimo del 50 % de la puntuación es del art. 146.3 y solo para los procedimientos que se articulan en varias fases.

El art. 153.1 permite al contratista pedir la escritura pública, «corriendo de su cargo los correspondientes gastos». El documento administrativo basta por sí solo para acceder a cualquier registro público, así que la escritura no depende de que un registro la pida; es una opción del contratista, y la paga él.

El art. 147.1 lo dice expresamente: la documentación de los criterios de desempate del pliego se aporta cuando se produce el empate, «y no con carácter previo». No se pide a todos con la oferta, porque solo hace falta si hay empate. El requerimiento del art. 150.2 llega después, al licitador que ya ha quedado primero.

La secuencia del art. 150 es: la mesa clasifica las ofertas y eleva su propuesta; aceptada, se requiere al licitador de la mejor oferta para que presente en diez días hábiles la documentación justificativa (la de las circunstancias del art. 140.1, la de los medios que se comprometió a adscribir y la de la garantía definitiva). Adjudicar, formalizar o publicar en este punto se salta ese requerimiento.

El art. 146.2 impone el orden «en todo caso»: primero los criterios de juicio de valor y después los de fórmula, dejando constancia documental. Esa evaluación previa se hace pública en el acto en que se abre el sobre de los criterios de fórmula. El pliego no puede alterar ese orden.

El segundo párrafo del art. 145.1 admite los criterios basados en la mejor relación coste-eficacia (el precio o el coste, como el del ciclo de vida) «previa justificación en el expediente». No pide autorización del Consejo de Ministros ni informe de la mesa, y no lo limita a los importes del contrato menor. Ojo: la justificación no basta en los contratos en que el art. 145.3 exige más de un criterio.

El art. 148.2 incluye en el coste del ciclo de vida dos clases de costes: los que sufragan el órgano u otros usuarios (adquisición, utilización, mantenimiento, final de vida) y los imputados a externalidades medioambientales, estos «a condición de que su valor monetario pueda determinarse y verificarse». La norma de la Unión que cita el artículo es la que impone un método común de cálculo, no la que permite incluirlos; y la ley no lo limita a los contratos armonizados.

El art. 145.4 exige que en los servicios del anexo IV y en las prestaciones de carácter intelectual la calidad represente al menos el 51 % de la puntuación: más de la mitad, no la mitad. El 50 % es el umbral mínimo para seguir en un procedimiento por fases (146.3), y el 25 % y el 45 % son los topes de los criterios de juicio de valor del abierto simplificado (159.1.b).

El art. 155.3 permite no comunicar determinados datos cuando su divulgación pudiera obstaculizar la aplicación de la ley, ser contraria al interés público, perjudicar los intereses comerciales legítimos de una empresa o la competencia leal entre empresarios. Fuera de esos casos, el art. 155.2 obliga a comunicarle, en quince días desde su solicitud escrita, los motivos por los que se desestimó su oferta y, si era admisible, las características y ventajas relativas de la oferta seleccionada y el nombre del adjudicatario; no depende de que haya recurrido ni de que el contrato sea armonizado.

El art. 146.2.a) da esa valoración a un comité de expertos de al menos tres miembros, que pueden ser de los servicios del órgano de contratación pero nunca estar adscritos al órgano proponente (o a un organismo técnico especializado identificado en los pliegos). La mesa con sus informes técnicos es lo que ocurre en los demás casos (146.2.b), cuando el juicio de valor no pesa más que las fórmulas: de ahí sale el tentador.

Según el art. 150.2, si no cumplimenta el requerimiento se entiende que retira su oferta y se le exige una penalidad que se cobra primero de la garantía provisional, si la hubo. Es la garantía que existe en ese momento: la definitiva es justo una de las cosas que se le requieren.

El art. 153.3 impone una espera: si cabe recurso especial, no se formaliza antes de quince días hábiles desde que se remite la notificación de la adjudicación, el mismo plazo que hay para interponer el recurso (50.1). Aquí la ley dice «hábiles», así que no son naturales, pese a que la regla de la LCSP para los plazos en días sea esa. El mes es el techo hasta el que una comunidad autónoma puede alargar la espera, no el plazo de un ministerio.

Según el art. 152.3, tras decidir no adjudicar por razones de interés público no puede promoverse una nueva licitación del mismo objeto mientras subsistan las razones alegadas. El tentador es la regla del desistimiento (152.4), que sí permite iniciar de inmediato otro procedimiento. La ley no fija un plazo de un año ni cierra el objeto para siempre.

El art. 152.4 funda el desistimiento en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, justificada en el expediente. Las razones de interés público son la causa de su gemela, la decisión de no adjudicar o celebrar (152.3). Las dos caben antes de la formalización y obligan a compensar los gastos de los licitadores (152.2).

Con pluralidad de criterios, el art. 149.2.b) remite a los pliegos, que han de establecer los parámetros objetivos referidos a la oferta considerada en su conjunto. Los parámetros que se establecen reglamentariamente son los del caso en que el único criterio es el precio y el pliego no dice otra cosa (149.2.a). La mesa identifica las ofertas con esos parámetros, pero no los fija al ver las ofertas, y la Junta Consultiva no interviene.

A falta de previsión en el pliego, el art. 147.2 resuelve el empate aplicando por orden cuatro criterios, referidos al fin del plazo de presentación de ofertas: el primero es el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla. Las otras tres opciones también resuelven empates según el mismo apartado, pero no en primer lugar.

El art. 145.1 fija la regla: pluralidad de criterios y mejor relación calidad-precio. Adjudicar atendiendo solo al precio o al coste (la mejor relación coste-eficacia) es la excepción, no la regla. Por eso fallan las dos opciones que hacen del precio o del criterio único la regla, y la ley sí fija una: no lo deja a la elección libre del órgano.

El art. 151.2 termina mandando que la notificación indique el plazo en que debe formalizarse el contrato, conforme al art. 153.3. La garantía definitiva ya se ha constituido antes de adjudicar (se pide en el requerimiento del art. 150.2), y la publicación del anuncio de formalización es una obligación del órgano, no un plazo que se notifique.

El art. 150.3 prohíbe declarar desierta una licitación cuando hay alguna oferta admisible según los criterios del pliego. Una única oferta admisible basta, y ni la propuesta de la mesa ni una valoración que el pliego no recoja permiten dejarla sin adjudicar por esa vía.

Para el criterio de desempate del pliego basado en la discapacidad, el art. 147.1.a) deshace la igualdad entre quienes lo cumplen dando preferencia a quien tenga el mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla: cuenta el porcentaje, no el número absoluto, y solo los fijos. El orden de presentación de las ofertas no es criterio de desempate.