El objeto del contrato, el presupuesto base de licitación, el valor estimado y el precio

El artículo 103.2 abre la revisión a contratos que no son de obras, armamento o energía cuando las materias primas, los bienes intermedios y la energía pesan más del 20 % del presupuesto base de licitación, y en ese caso la limita: «solo podrá afectar a la fracción del precio del contrato que representa dicha participación», aquí el 35 %. El 20 % es el umbral para que quepa la revisión, no lo que se descuenta. Y no alcanza al resto del precio, aunque se excluyan de él los gastos generales y el beneficio.

Como dividir en lotes es la regla, no dividir es una excepción que el artículo 99.3 condiciona a que existan motivos válidos, «que deberán justificarse debidamente en el expediente». No hace falta autorización de otro órgano ni informe de la Junta Consultiva, y la regla de los lotes no depende de que el contrato sea armonizado: vale para cualquier contrato cuyo objeto lo permita.

El artículo 100.3 exceptúa los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición: con carácter previo a su tramitación no es necesario aprobar un presupuesto base de licitación, sin condiciones de duración. El valor máximo estimado del conjunto de contratos previstos es otra cosa: es como se calcula su valor estimado (artículo 101.13), no un presupuesto base.

El artículo 102.7 permite, excepcionalmente, celebrar contratos con precios provisionales tras un procedimiento negociado, un diálogo competitivo o una asociación para la innovación, y cierra el párrafo con una regla sin matices: en ellos «no cabrá la revisión de precios». El precio definitivo se determina con los costes reales y el beneficio acordado, dentro del precio máximo, y eso sustituye a la revisión. Por eso no vale ni con fórmula en el pliego ni pasado un año.

El artículo 103.5 exige dos condiciones acumuladas: haber ejecutado al menos el 20 % del importe y que haya transcurrido un año desde la formalización. El año ya ha pasado, pero el 15 % no llega al 20 %, así que la revisión todavía no procede. Los dos años son la regla anterior a la reforma de 2023 y aquí no son el obstáculo; y la revisión nunca se aplica desde la formalización: lo ejecutado en el primer año queda excluido.

Según el artículo 105, el importe de las revisiones se hace efectivo de oficio, sin que lo tenga que pedir el contratista, mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales; para cubrirlo se tramita un expediente de gasto al comienzo del ejercicio. La certificación final o la liquidación solo recogen los posibles desajustes, como los que nacen de aprobar tarde los índices, no el importe entero.

El artículo 103.2 nombra los contratos en que cabe la revisión periódica y predeterminada: los de obra, los de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, los de suministro de energía y los demás cuyo período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. La limpieza, la vigilancia o el mobiliario no están en la lista por su clase: necesitarían ese período de recuperación o que las materias primas y la energía pesen lo bastante en su presupuesto.

El riesgo de restringir injustificadamente la competencia es uno de los motivos válidos que el artículo 99.3.a) admite para no dividir en lotes, pero con un requisito: el órgano de contratación tiene que pedir antes informe a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre ese riesgo. El informe es previo: comunicarlo al adjudicar llega tarde. La Junta Consultiva tiene otras funciones, y la consulta preliminar del mercado sirve para preparar la licitación, no para justificar este motivo.

El artículo 103.1 solo admite la revisión «periódica y predeterminada», en los términos del capítulo que la regula, y añade que, salvo en ciertos contratos no sujetos a regulación armonizada, no cabe la revisión periódica no predeterminada ni la no periódica. Por eso no vale ajustar el precio con la inflación de cada año ni a petición del contratista. Tampoco queda a lo que pacten las partes: es la ley la que dice en qué contratos procede y con qué límites.

El artículo 101.2.b) obliga a contar en el valor estimado, cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, «la cuantía de los mismos»: la de todos los pagos previstos, tres primas de 30.000, 90.000 euros. El valor estimado es 890.000. Dejar fuera las primas da 800.000, y contar una o dos, 830.000 o 860.000: la ley suma la cuantía entera de lo que se ha previsto pagar.

El artículo 99.3 hace de los lotes la regla: siempre que la naturaleza o el objeto lo permitan, «deberá preverse» la realización independiente de cada parte dividiendo el contrato en lotes, y no dividir es la excepción. Adjudicar el conjunto a un solo contratista es justo lo que la regla quiere evitar. Y contratar las partes por separado como contratos menores no es dividir en lotes.

El artículo 102.1 dice que en el precio «se entenderá incluido» el IVA, que además se indicará «en todo caso» como partida independiente. No depende del pliego ni del tipo de contrato. La confusión viene del valor estimado, que sí se calcula sin IVA (artículo 101.1): el precio lo lleva dentro y separado a la vista, y el valor estimado no lo lleva.

En el cálculo del valor estimado el artículo 101.2.a) obliga a tener en cuenta «las eventuales prórrogas del contrato»: dos años iniciales más uno de prórroga son tres años de 300.000 euros, 900.000. Los 600.000 son la duración inicial sin la prórroga, el error más frecuente; los 300.000, una sola anualidad; y los 1.500.000 serían cinco años, que este contrato no alcanza ni con su prórroga.

En las concesiones de obras y de servicios, el artículo 101.1.b) no mira lo que paga la Administración, sino lo que ingresa el concesionario: el importe neto de la cifra de negocios, sin IVA, que según las estimaciones del órgano de contratación generará la empresa durante toda la ejecución como contraprestación por las obras y los servicios. En una concesión el empresario suele cobrar a los usuarios, así que el pago de la Administración se queda corto; un solo año de tarifas no es toda la ejecución; y el canon es lo que la empresa paga, no lo que factura.

El artículo 104 evita que el contratista se beneficie de su propio retraso: para los períodos en mora se aplican los índices que habrían correspondido a las fechas fijadas en el contrato para ejecutar en plazo, salvo que los del período real den un coeficiente inferior, y entonces se aplican estos. Siempre se queda el coeficiente más bajo de los dos, sin perjuicio de las penalidades que procedan.

Cuando el pliego o el anuncio prevén que el contrato pueda modificarse, el artículo 101.2.c) toma como valor estimado el importe máximo que el contrato pueda alcanzar contando todas las modificaciones al alza previstas: 2.000.000 más el 20 %, 2.400.000. Quedarse en 2.000.000 es olvidar la modificación prevista. Los 2.300.000 y los 3.000.000 aplican otros porcentajes de la ley: el 15 % a partir del cual una modificación no prevista de obras se vuelve sustancial y el 50 % que limita las no previstas, que no son lo que dice este pliego.

El artículo 101.5 exige que el método de cálculo del valor estimado figure «en todo caso» en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, que son los que recogen las condiciones jurídicas y económicas del contrato. El pliego de prescripciones técnicas es el gemelo que se confunde: describe la prestación, no cómo se ha calculado su valor. Ni el anuncio previo ni el documento de formalización son el lugar que la ley señala.

La regla general del artículo 101.6 es sumar el valor total estimado de todas las unidades funcionales del órgano, y ese es el distractor tentador. Pero cuando una unidad es responsable de manera autónoma de su contratación, los valores pueden estimarse a su nivel, y la ley entiende que lo es «en todo caso» cuando cuenta con financiación específica y con competencias para adjudicar, que es el caso del enunciado.

En el arrendamiento financiero de duración determinada, el artículo 101.9.a) toma el valor total del contrato y, si dura más de doce meses, le suma el importe estimado del valor residual: 36 cuotas de 30.000 (1.080.000) más 100.000, 1.180.000. Quedarse en 1.080.000 es olvidar el valor residual. Multiplicar la cuota por 48 es la regla de los contratos cuya duración no se fija por un período determinado (artículo 101.9.b), que aquí no se aplica porque la duración es de 36 meses.

Cuando unos servicios destinados a usos idénticos o similares pueden dar lugar a la adjudicación simultánea de contratos por lotes separados, el artículo 101.12 obliga a tener en cuenta el valor global estimado de la totalidad de los lotes: 60.000 + 70.000 + 80.000 + 90.000, 300.000. Tomar el lote mayor, el menor o la media es mirar cada lote como si fuera un contrato aislado, que es lo que la regla impide.