La citación y la detención

El art. 493 no deja al delincuente sin rastro: la autoridad o el agente toma nota de su nombre, apellido, domicilio y demás circunstancias para identificarle, y la nota se entrega al juez o tribunal que conozca o deba conocer de la causa. No le exige fianza ni comparecencias periódicas, que son medidas que solo acuerda el juez (art. 530), y no pasa por el Ministerio Fiscal: con esa nota, el juez puede acordar también la detención (art. 494).

El art. 491 no exige al particular que detiene haber avisado antes a la autoridad ni que no pudiera esperar a un agente: le basta justificar, si el detenido se lo exige, que actuó por motivos racionalmente suficientes para creer que estaba en alguno de los casos del art. 490. La fianza que evita la detención aparece en el art. 492, y la valora la autoridad o el agente, no un particular.

El art. 497 da al juez o tribunal de la causa setenta y dos horas, contadas desde que le entregan al detenido, para una sola decisión: elevar la detención a prisión o dejarla sin efecto. Si la causa está en instrucción, ese juez es hoy el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (LO 1/2025); y para elevar la detención a prisión hace falta además la audiencia del art. 505, dentro de esas mismas setenta y dos horas. Tomar declaración o procesar no es lo que el plazo ordena, y la detención no se «ratifica»: o se convierte en prisión o termina.

El art. 496 obliga al particular, autoridad o agente que detiene a poner al detenido en libertad o entregarlo al juez más próximo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la detención, y la demora que pase de ese plazo genera responsabilidad penal. Setenta y dos horas es otra cosa: el máximo de la detención preventiva en la Constitución (art. 17.2) y el término que el art. 497 da al juez para resolver sobre el detenido que ya le han entregado.

El art. 490 enumera los casos en que cualquier persona puede detener, y el primero es el del que intenta cometer un delito en el momento de ir a cometerlo. Detener al procesado del que se presume que no comparecerá, o a quien aún no está procesado pero hay motivos bastantes para creer que participó en un delito, es cosa de la autoridad o agente de Policía Judicial (art. 492.3.º y 4.º). Y al testigo que no acude no lo detiene un particular.

El art. 486 abre el título de la citación con una regla de mínima injerencia: a quien se imputa un acto punible se le cita solo para ser oído, y la detención es la excepción, cuando la ley lo dispone o cuando procede desde luego. Exigirle fianza al citarle confunde la citación con la excepción a la detención del art. 492; y la ley no le trata como testigo ni condiciona su audiencia a que designe antes abogado y procurador.

El fugado estando preso por causa pendiente es el caso del art. 490.6.º, y el art. 498 manda al juez que lo recibe sin ser el de la causa extender una diligencia (quién detuvo, por qué y a quién) y remitirla, con el detenido, de inmediato al juez o tribunal que conoce de ella. No le toma declaración ni espera a que lo reclamen, y la remisión directa al establecimiento es para el fugado que ya cumplía condena (art. 500).