El Ministerio Fiscal, los abogados y procuradores y la Policía Judicial

El art. 547 la atribuye, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las comunidades autónomas o de los entes locales, cada uno en el ámbito de sus competencias. Las unidades de Policía Judicial (548) existen, pero no tienen la función en exclusiva, y la LOPJ no pide ninguna autorización estatal a las policías autonómicas y locales.

El art. 546.3 separa dos cosas. La responsabilidad disciplinaria por la conducta profesional la declaran los Colegios y Consejos conforme a sus estatutos, que han de respetar las garantías de la defensa. Lo que hace el juez o tribunal es otra cosa: las correcciones disciplinarias por la actuación ante él, que se rigen por la LOPJ y las leyes procesales. La Sala de Gobierno y el Consejo General gobiernan a jueces y tribunales, no a los abogados.

La letra a) del art. 549.1 encomienda a estas unidades la averiguación de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los primeros, «dando cuenta seguidamente a la autoridad judicial y fiscal». No hay un plazo de horas que esperar ni un paso previo por el mando orgánico o el Ministerio del Interior.

El art. 543.4 admite dos sustitutos: otro procurador y, para los actos y en la forma que se determine reglamentariamente, el oficial habilitado. La LOPJ no prevé que lo sustituya el abogado de la parte, ni un pasante o un empleado de su despacho, tenga o no un poder notarial: fuera de otro procurador, solo el oficial habilitado, y únicamente en los actos y la forma que fije el reglamento.

El art. 549.2 marca el límite: «en ningún caso» pueden encomendárseles actuaciones que no sean las propias de la Policía Judicial o las derivadas de ellas. Una orden judicial o fiscal no lo amplía a tareas ajenas a la función policial, ni lo abre una Sala de Gobierno, y el apoyo administrativo a la oficina judicial no es Policía Judicial; lo que sí cabe es encargarles cualquier otra actuación de la misma naturaleza en que sea necesaria su cooperación o auxilio (549.1.e). Otra cosa es que, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puedan desarrollar también misiones de prevención de la delincuencia cuando las circunstancias lo requieran (art. 33 de la Ley Orgánica 2/1986).

El art. 544.1 les exige, antes de empezar a ejercer, juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La LOPJ no les hace jurar las normas deontológicas, la lealtad al Colegio ni el turno de oficio: el objeto del juramento es el acatamiento del ordenamiento, empezando por la Constitución.

El art. 544.2 exceptúa a quienes actúan al servicio de las Administraciones públicas o de entidades públicas por razón de dependencia funcionarial o laboral. Fuera de ese caso, la colegiación es obligatoria: la LOPJ no prevé licencias para un asunto, ni un periodo inicial sin colegiarse, ni una excepción por actuar en otra comunidad autónoma.

El art. 550.2 lo mantiene en la actuación o investigación hasta que finalice o, en todo caso, hasta que termine la fase del procedimiento judicial que la originó. La LOPJ no fija un plazo en meses ni lo ata a la sentencia firme o a la apertura del juicio oral: el límite es el fin de la investigación o de su fase procesal.

El art. 543.2 permite a los procuradores, «por delegación del juez, jueza o tribunal», realizar las actuaciones materiales del proceso de ejecución, en los términos legales. Tienta el letrado de la Administración de Justicia, por su papel en la ejecución, pero la delegación del 543.2 no la hace él. El Colegio y la parte que les apodera no delegan funciones del proceso.

El art. 542.2 dice que los abogados, en su actuación ante los juzgados y tribunales, son libres e independientes, se sujetan a la buena fe y serán amparados por aquellos en su libertad de expresión y defensa. Los honorarios, la recusación y el turno de oficio no son lo que el precepto manda amparar a los tribunales.

El art. 545.3 manda designarlos de oficio, con arreglo a las leyes, a quien lo solicite o se niegue a nombrarlos, siendo preceptiva su intervención. Sin esa preceptividad no hay designación de oficio, y la LOPJ no la limita al acusado en lo penal ni la hace depender del domicilio. La regla general, salvo que la ley disponga otra cosa, es que cada parte elige libremente a sus representantes y defensores (545.1).

El art. 545.2 le abre la representación técnica en los procedimientos laborales y de Seguridad Social, con las obligaciones propias de su función. Que el asunto toque a trabajadores no basta: un delito contra los derechos de los trabajadores se juzga en un proceso penal, y un pleito de personal de una Administración, en uno contencioso-administrativo.

El art. 543.1 hace la reserva exclusiva «salvo cuando la ley autorice otra cosa»: la excepción solo la puede poner una ley. La LOPJ no deja la dispensa al juez ni al Colegio, ni excluye por sí misma el proceso penal o los asuntos pequeños; si en alguno no hace falta procurador, es porque una ley lo autoriza.

El art. 548.1 dice que esas unidades dependerán funcionalmente de quienes les encomiendan las actuaciones, en el desempeño de todas ellas. La dependencia es por la función que prestan, no orgánica ni jerárquica: la LOPJ deja a una ley la organización de las unidades y el régimen jurídico de sus miembros (548.2).

El art. 541 bis la hace responsable de investigar y de ejercer la acción penal contra los autores y demás partícipes en los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea. El terrorismo y la criminalidad organizada transfronterizos no son su ámbito en la LOPJ, y tampoco la condición de quien comete el delito: lo que decide es el interés dañado, no que el autor trabaje para la Unión.