Los Tribunales de Instancia: lo Contencioso, lo Social y el Tribunal Central de Instancia

El art. 96.2 combina dos trámites distintos: a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia se la oye, y a las Administraciones con competencias en materia de Justicia de cada territorio se les pide un informe que tiene que ser favorable. Las otras tres combinaciones cambian uno de los dos trámites o los dos.

El art. 93.6 permite autorizarla «aún con carácter previo a su inicio formal», siempre que la entrada requiera el consentimiento del titular y este se oponga o exista riesgo de que se oponga. No hay que esperar a notificar el inicio, y la vía de apremio no es el supuesto de este apartado: la ejecución forzosa de actos administrativos es la del apartado 5. La ley tampoco añade ninguna condición sobre la desaparición de pruebas.

El segundo párrafo del art. 94.2 lo permite «excepcionalmente» y con un límite: dos o más provincias dentro de la misma comunidad autónoma. No es la regla, y no deja salir de la comunidad aunque las provincias sean limítrofes.

El art. 95.c) le añade la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que le atribuya la ley. Las cuestiones de competencia entre Secciones de Menores de distintas provincias de una comunidad las decide el Tribunal Superior de Justicia (art. 73.5); y las peticiones de la Fiscalía Europea y las solicitudes de información entre servicios de seguridad las lleva la Sección de Instrucción (art. 95.a).

Su competencia es residual: el art. 94.3 les da los procesos sobre materias del orden social que no estén atribuidos a otros órganos de ese mismo orden. Es la fórmula inversa de la de lo Contencioso-Administrativo, que solo conoce de los actos que la ley le atribuya expresamente (art. 93.4). No se limita a unas materias concretas, y no la decide un reparto de la Presidencia del Tribunal.

El art. 93.5 dice «mediante auto», y la autorización alcanza a los domicilios y a los demás edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular. La ley no deja elegir la forma: ni una providencia, ni una sentencia, ni un decreto son la resolución que prevé el artículo.

El art. 96.3 lo prohíbe sin salvedades: el acuerdo no puede adoptarse para atribuir a quienes ocupen las plazas especializadas asuntos que por disposición legal estén atribuidos a otros de diferente clase. Que la especialización sea por tiempo determinado, del mismo orden o con informe favorable del Ministerio son requisitos del acuerdo, no una vía para saltarse ese límite.

El art. 95.a) se los encarga a la Sección de Instrucción, junto con otros instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales y las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de la Unión Europea que requieren autorización judicial. La de Vigilancia Penitenciaria tiene sus propios instrumentos de reconocimiento mutuo, pero no estos expedientes; la de lo Penal enjuicia; y la de lo Contencioso-Administrativo no conoce de asuntos penales.

El art. 95.a) da a los jueces y juezas de garantías de esta Sección las peticiones de la Fiscalía Europea sobre medidas cautelares personales y sobre actos que limitan derechos fundamentales y, además, las impugnaciones que establezca la ley contra los decretos de los Fiscales europeos delegados. El apartado solo nombra a los Fiscales europeos delegados: ni los decretos del Fiscal General Europeo, ni las resoluciones de las Salas Permanentes de la Fiscalía Europea, ni los de la Fiscalía de la Audiencia Nacional figuran en él.

El art. 94.3 dice «en primera o única instancia»: la ley no reduce su conocimiento a una de las dos. El artículo no les atribuye ninguna segunda instancia.

El art. 95.a) encarga a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia las causas que enjuicia la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, la Sección de lo Penal del propio Tribunal Central. Esa Sección de lo Penal enjuicia, no instruye. Designar un instructor por turno entre los magistrados de la Sala es lo que hacen el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores en las causas contra aforados (arts. 57.2 y 73.4), y ninguna Sección de un Tribunal de Instancia, tampoco la de Madrid, tiene la jurisdicción en todo el territorio nacional del Tribunal Central (art. 95).

La autorización del art. 93.5 alcanza a la ejecución forzosa de los actos de cualquier Administración —local, autonómica o estatal, también la tributaria— con una sola salvedad: la ejecución de las medidas de protección de menores acordadas por la entidad pública competente en la materia. La Administración Tributaria no está exceptuada; al contrario, el apartado 6 le dedica una autorización propia.

El art. 96.3 admite especializar plazas de la misma provincia y del mismo orden «estén o no en el mismo partido judicial»; si no lo están, exige delimitar antes el ámbito de competencia territorial, y quienes las ocupen conocerán de los asuntos asignados aunque su conocimiento inicial estuviera atribuido a Secciones de otro partido. No pide que los partidos sean limítrofes ni la conformidad de quienes ocupan las plazas.

La Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central ejerce sus funciones en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional, y el art. 95.d) añade que, en todo caso, su competencia es preferente y excluyente cuando el penado cumple también otras condenas no impuestas por la Audiencia Nacional. No se reparte por condenas ni pasa a la Sección de la provincia del centro o de la Audiencia que condenó: la del Tribunal Central las atrae todas.

De estas cuatro, solo el art. 93.2 pone esa condición: las Secciones de lo Contencioso-Administrativo fuera de la capital se podrán establecer «cuando el volumen de asuntos lo requiera». Para las de lo Penal, Vigilancia Penitenciaria y lo Social la ley dice sin más que «podrán establecerse» en Tribunales de Instancia con sede en poblaciones distintas de la capital (arts. 90.2, 92.2 y 94.2), sin supeditarlo al volumen de asuntos.