Los jueces y juezas de paz

Los elige el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que lo soliciten reuniendo las condiciones legales. No basta la mayoría simple de los presentes, y la Junta de Gobierno Local no interviene: la elección es del Pleno.

El art. 102 permite nombrar juez de paz, titular o sustituto, a quien no sea licenciado en Derecho, siempre que reúna los requisitos que la LOPJ fija para el ingreso en la Carrera Judicial y no esté incurso en las causas de incapacidad o de incompatibilidad, con la salvedad que el propio artículo hace. Por eso no basta con ser mayor de edad y vecino, y la dispensa de la licenciatura no depende de que haya o no licenciados que lo soliciten.

El art. 100.2 les deja intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevención o por delegación, y en las demás que señalen las leyes. Instruir las causas por delito es de las Secciones de Instrucción (art. 88), la ejecución de las penas privativas de libertad tiene su Sección de Vigilancia Penitenciaria (art. 92.1) y el enjuiciamiento de las causas por delito corresponde a la Sección de lo Penal en los casos que la ley determine (art. 90.3): nada de eso se le encomienda al juez de paz.

Tres meses desde que se produce la vacante: pasado ese plazo sin propuesta del Ayuntamiento, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia designa directamente al juez de paz. El plazo corre desde la vacante, no desde ningún requerimiento al Ayuntamiento. Los cuatro meses son los que la LOPJ da para empezar la renovación del Consejo General del Poder Judicial antes de que expire su mandato (art. 568.2).

La DA 24.ª reparte las menciones: las que tratan de las competencias del juez de paz en materia jurisdiccional, o de cualquier otra que la ley le atribuya, se entienden hechas a los jueces y las juezas de paz; todas las demás, a las Oficinas de Justicia en los municipios. No hay un destinatario único, y lo jurisdiccional nunca pasa a la Oficina.

Cuatro años, igual para el titular que para el sustituto. Los cinco años son los del Consejo General del Poder Judicial, que se renueva en su totalidad cada cinco años (art. 568.1), y no tienen nada que ver con el mandato del juez de paz.

El art. 103.1 dice que serán retribuidos, por el sistema y en la cuantía que se establezca legalmente: el cargo no es gratuito, pero la LOPJ no fija ella misma cuánto cobran, ni lo equipara a lo de los jueces de carrera, ni lo carga al presupuesto municipal.

Quien vaya a ser juez de paz no puede estar incurso en las causas de incompatibilidad de las funciones judiciales, con una sola excepción: el ejercicio de actividades profesionales o mercantiles, que al juez de carrera le está vedado (art. 389). Las otras tres también son incompatibilidades del art. 389, y el art. 102 no las exceptúa, así que alcanzan igualmente a quien vaya a ser juez de paz.

Los nombra la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, y el nombramiento recae en las personas que ha elegido el Ayuntamiento: el Ayuntamiento elige, pero no nombra. El art. 101 no da ningún papel al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia ni a la Presidencia de la Audiencia Provincial. La pregunta va anclada en el art. 101 porque una disposición adicional de la misma ley remite a otra regla en algunas comunidades autónomas.

La DA 25.ª remite a los respectivos estatutos de autonomía en las comunidades a las que se atribuyan competencias en materia de justicia de paz o de proximidad, sin perjuicio de lo que dispone el art. 152.2.3.º de la LOPJ. No remite a lo que acuerde el gobierno de la comunidad, ni a una disposición del Ministerio de Justicia o del Consejo General del Poder Judicial.