Los Tribunales Superiores de Justicia

La Sala especial conoce de las recusaciones contra el Presidente del Tribunal, los Presidentes de Sala o los Presidentes de las Audiencias Provinciales con sede en la comunidad, y de las que alcanzan a dos o más Magistrados de una misma Sala, Sección o Audiencia (art. 77.1). Un solo magistrado sin cargo de presidencia no basta: la recusación de un magistrado de Audiencia Provincial la resuelve la propia Audiencia cuando no corresponde a esta Sala especial (art. 82.4.2.º).

El párrafo segundo del art. 73.4 es la excepción al primero: en las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, la Sala no designa un instructor, sino un Juez de garantías. La designación de un instructor es la regla del párrafo primero para las causas de las letras a) y b) del art. 73.3; el «Juez de enlace» y el «Magistrado ponente» no aparecen en este artículo.

El art. 72.2 dice que el Tribunal Superior se compone de un Presidente «que lo será también de su Sala de lo Civil y Penal». Las demás Salas tienen sus Presidentes de Sala, que el mismo apartado menciona aparte; la de lo Civil y Penal no lo necesita, porque la preside el del Tribunal. Ni la antigüedad en la Sala ni la Audiencia Provincial de la sede tienen aquí ningún papel.

Los recursos contra lo que resuelven las Secciones de lo Mercantil van, por regla general, a la Audiencia Provincial, pero el art. 82.2.3.º exceptúa las resoluciones de incidentes concursales en materia laboral. El art. 75.2.º lleva a la Sala de lo Social del Tribunal Superior la suplicación y los demás recursos contra las resoluciones de las Secciones de lo Mercantil en materia laboral, y también las de los incidentes concursales sobre esa materia: lo laboral se recurre en el orden social aunque lo haya resuelto el juez del concurso.

El art. 73.6 no deja elegir cualquier ciudad: solo «aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior». Ser capital de provincia no basta si allí no hay ya otra Sala del Tribunal Superior, y tampoco se limita a la capital de la comunidad: vale cualquiera de las capitales donde el Tribunal ya tenga Salas.

El art. 72.2 le da la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo, y solo «mientras desempeñe el cargo». La tentación es subir un peldaño y pensar en un Presidente de Sala del Supremo, o bajarlo a la Audiencia Nacional; la ley no lo equipara a ninguno de los dos, sino a un Magistrado del Tribunal Supremo.

El art. 78 manda completarlas, en su caso, con Magistrados de la Audiencia Provincial de la capital donde tienen su sede. No se tira de la Sala del mismo orden de la sede del Tribunal Superior, ni de los jueces del Tribunal de Instancia, ni de suplentes: la ley aprovecha el órgano colegiado que ya hay en esa ciudad.

El art. 73.4 separa a quien instruye de quien juzga: el instructor sale de la propia Sala, por turno, pero «no formará parte de la misma para enjuiciarlas». Por eso no puede ser ponente ni presidir el enjuiciamiento de esa causa. Tampoco deja la Sala mientras instruye: sigue siendo miembro de ella; lo único que la ley le impide es enjuiciar las causas que ha instruido.

El art. 74.1.h) atribuye a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia los recursos contra la prohibición o la propuesta de modificación de las reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983. Aunque la prohibición la acuerde una autoridad de ámbito provincial, el recurso no va a la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia, que solo conoce de los actos que la ley le atribuye expresamente (art. 93.4), ni a la del Tribunal Central de Instancia, que es para órganos con competencia en todo el territorio nacional (art. 95.e).

El art. 73.3.b) atribuye a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, como Sala de lo Penal, la instrucción y el fallo de las causas contra jueces, magistrados y fiscales por lo cometido en el ejercicio de su cargo en la comunidad, siempre que no correspondan al Tribunal Supremo. Al Supremo solo van, entre los magistrados, los del propio Supremo, los de la Audiencia Nacional y los de un Tribunal Superior de Justicia (art. 57.1.2.º y 3.º): un magistrado de Audiencia Provincial no está entre ellos. Tampoco se reparte la causa como de costumbre, con la Sección de Instrucción investigando y la Audiencia juzgando: aquí la instrucción y el fallo van juntos a la misma Sala.

El art. 73.1.a) solo lleva la casación civil al Tribunal Superior cuando el recurso se funda en infracción del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, y además el Estatuto lo prevé. Lo que no es derecho propio de la comunidad —el derecho civil común, por ejemplo— no entra en esta atribución: la casación en materia civil corresponde, con carácter general, a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (art. 56.1.º).

El art. 74.1.a) deja al Tribunal Superior los actos locales y autonómicos que no estén atribuidos a las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia. Esas Secciones conocen de los actos que la ley les atribuya expresamente (art. 93.4), y lo demás va a la Sala del Tribunal Superior. La Audiencia Nacional, el Supremo y el Tribunal Central de Instancia no son el límite aquí: conocen de actos del Gobierno y de la Administración del Estado, o de órganos con competencia en todo el territorio nacional.

El art. 74.1.b) atribuye a esta Sala los recursos contra las disposiciones generales de las comunidades autónomas y de las entidades locales: una ordenanza municipal se recurre ante el Tribunal Superior, por pequeño que sea el municipio. Los recursos contra el Consejo de Ministros y contra el Consejo General del Poder Judicial son de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (art. 58); los de los Secretarios de Estado, de la de la Audiencia Nacional, salvo que la ley los dé al Tribunal Central de Instancia (art. 66.a).

Cuando el requerimiento lo hace una autoridad autonómica de protección de datos, lo autoriza la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (art. 74.5). La tentación es el Tribunal Central de Instancia: su Sección de lo Contencioso-Administrativo autoriza el mismo requerimiento cuando lo hacen la Agencia Española de Protección de Datos u otras autoridades administrativas independientes de ámbito estatal (art. 95.e). Lo que decide es de quién es la autoridad que requiere.

Es la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Sala de lo Penal (art. 73.3.c). El nombre engaña: la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conoce de las apelaciones contra las resoluciones de la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional (art. 64 bis.1), no contra las de las Audiencias Provinciales. La Sala de lo Penal del Supremo conoce de la casación y la revisión (art. 57.1.1.º), no de esta apelación.

Junto al Presidente del Tribunal y a los Presidentes de Sala se sienta el Magistrado más moderno de cada una de ellas, uno por Sala (art. 77.1). Ni el más antiguo, ni los dos extremos del escalafón, ni un turno: el criterio es uno solo, el del más moderno.

La letra b) no se conforma con uno ni con un número fijo: exige que la demanda se dirija contra todos o la mayor parte de los magistrados de la Audiencia Provincial o de cualquiera de sus secciones. «Tres o más» puede no ser la mayor parte de una Audiencia grande, y la ley no destaca al Presidente de la Audiencia ni al de una sección: lo que cuenta es la proporción de magistrados demandados.