La citación y la detención

El art. 487 da a la incomparecencia injustificada una consecuencia: la orden de comparecencia puede convertirse en orden de detención. Es lo que enlaza la citación con la detención en el mismo título. No abre directamente la prisión provisional, que exige los requisitos del art. 503 y la audiencia del art. 505; no obliga a procesar, porque el procesamiento depende de que haya indicios racionales de criminalidad (art. 384) y no de que la persona acuda; y no faltar a declarar no equivale a renunciar a ser oída.

El art. 486 abre el título de la citación con una regla de mínima injerencia: a quien se imputa un acto punible se le cita solo para ser oído, y la detención es la excepción, cuando la ley lo dispone o cuando procede desde luego. Exigirle fianza al citarle confunde la citación con la excepción a la detención del art. 492; y la ley no le trata como testigo ni condiciona su audiencia a que designe antes abogado y procurador.

El art. 495 prohíbe detener por la presunta comisión de delitos leves, con una sola excepción: que el presunto reo no tenga domicilio conocido ni dé fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente. Que le sorprendan cometiéndolo no levanta esa prohibición en los delitos leves; la petición de la víctima o la negativa a devolver lo sustraído, tampoco.

El fugado estando preso por causa pendiente es el caso del art. 490.6.º, y el art. 498 manda al juez que lo recibe sin ser el de la causa extender una diligencia (quién detuvo, por qué y a quién) y remitirla, con el detenido, de inmediato al juez o tribunal que conoce de ella. No le toma declaración ni espera a que lo reclamen, y la remisión directa al establecimiento es para el fugado que ya cumplía condena (art. 500).

El art. 497 da al juez o tribunal de la causa setenta y dos horas, contadas desde que le entregan al detenido, para una sola decisión: elevar la detención a prisión o dejarla sin efecto. Si la causa está en instrucción, ese juez es hoy el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (LO 1/2025); y para elevar la detención a prisión hace falta además la audiencia del art. 505, dentro de esas mismas setenta y dos horas. Tomar declaración o procesar no es lo que el plazo ordena, y la detención no se «ratifica»: o se convierte en prisión o termina.

El art. 490 enumera los casos en que cualquier persona puede detener, y el primero es el del que intenta cometer un delito en el momento de ir a cometerlo. Detener al procesado del que se presume que no comparecerá, o a quien aún no está procesado pero hay motivos bastantes para creer que participó en un delito, es cosa de la autoridad o agente de Policía Judicial (art. 492.3.º y 4.º). Y al testigo que no acude no lo detiene un particular.

El art. 501 manda poner el auto en conocimiento del Ministerio Fiscal y notificarlo al querellante particular, si lo hay, y al procesado. Que el auto afecte sobre todo al procesado no deja fuera al querellante, que es parte; la ley no lo notifica al Colegio de Abogados, y la notificación al procesado no depende de que la pida su defensa. Aparte, el art. 506.3 manda comunicar los autos sobre la situación personal a los ofendidos y perjudicados cuya seguridad pueda verse afectada.