El procedimiento ordinario: de la demanda a las conclusiones

El art. 65.2 lo hace por providencia, que da a las partes un plazo para ser oídas sobre los nuevos motivos y contra la que no cabe recurso alguno. El auto tienta porque es la resolución motivada del juez, pero la ley escoge aquí la providencia. El decreto y la diligencia de ordenación son resoluciones del letrado de la Administración de Justicia, no del juez o tribunal.

El art. 58.1 reserva las alegaciones previas a los primeros cinco días del plazo para contestar: es un trámite para despejar pronto la incompetencia o la inadmisibilidad, antes de entrar en el fondo. Diez días es otra frontera dentro de los plazos de demanda y contestación, la que el art. 55.3 usa cuando se pide completar el expediente, y tres días es lo que tiene el letrado para resolver esa petición: de esas dos celdas salen los distractores. Y diez son también los primeros días en que, en el abreviado, los demandados pueden pedir la vista (art. 78.3).

El art. 61.2 extiende la iniciativa probatoria del órgano jurisdiccional más allá del período de prueba: puede acordar cualquier diligencia que estime necesaria hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia. Por eso no termina con la vista ni con las conclusiones: aun celebrada la vista o presentadas las conclusiones, cabe una diligencia de prueba, y la declaración de concluso espera a que se practique (art. 64.4). No necesita petición de parte, y las partes intervienen en esa prueba (61.3).

La regla general del art. 55.3 mira al momento de la solicitud: si el letrado de la Administración de Justicia la acepta y se presentó en los diez primeros días, el plazo vuelve a empezar; si se presentó después, solo se reanuda, salvo que el letrado acuerde reiniciarlo atendiendo al volumen o la importancia de lo añadido. Por eso tienta pensar en la solicitud tardía, pero ahí no hay un «nunca»: el letrado conserva ese margen. Lo que la ley excluye «en ningún caso» es reiniciar el plazo cuando la solicitud la formula la Administración demandada, que es quien tenía que haber remitido el expediente completo. Los demás codemandados siguen la regla general.

El art. 60.4 remite el desarrollo de la prueba a las normas generales del proceso civil, pero fija su propio plazo para practicarla: treinta días. Diez días tienta porque es la cifra más repetida de la ley, pero no es la de la prueba, como tampoco lo son quince ni veinte. Lo que se practique fuera de plazo puede aportarse si la demora no es imputable a la parte que la propuso.

El art. 59.1 acopla dos plazos: el traslado al actor es por cinco días, y la subsanación del defecto, si procede, por diez. Diez días para responder y cinco para subsanar invierte la pareja, que es el error más fácil; los demás juegos cambian una de las dos cifras. Quien da el traslado es el letrado de la Administración de Justicia (la ley todavía dice «Secretario judicial», y desde 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia).

La prueba se pide, como regla, por otrosí en la demanda, pero el recurrente no puede adivinar los hechos que traerá la contestación. Por eso el art. 60.2 le abre una ventana de cinco días, que se cuentan desde el traslado de la contestación y no desde que los demandados la presentan, porque hasta entonces no la conoce. Tampoco espera a que venza el plazo de contestar: corre desde el traslado. Puede, además, aportar documentos que desvirtúen lo alegado (art. 56.4).

El art. 60.1 dice «solamente»: la prueba se pide por otrosí en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias, expresando de forma ordenada los puntos de hecho y los medios de prueba que se proponen. No hay un escrito suelto para pedirla en cualquier momento, y el escrito de interposición no es el cauce. La única puerta posterior es la del recurrente cuando la contestación trae hechos nuevos de trascendencia (60.2).

El art. 57 permite saltarse la prueba, la vista y las conclusiones: si el actor lo pide por otrosí y el demandado no se opone, una vez contestada la demanda el letrado de la Administración de Justicia (la ley todavía dice «Secretario judicial», y desde 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia) declara el pleito concluso para sentencia, sin más trámite. Solo queda a salvo la facultad del juez o tribunal de acordar prueba de oficio (art. 61). La vista no es preceptiva en el procedimiento ordinario, y no hay conclusiones ni prueba que abrir si nadie las pide y el juez no las acuerda.

El art. 56.1 deja alegar en la demanda, y también en la contestación, «cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración»: el proceso no se limita a repetir los argumentos de la vía administrativa. Por eso falla la opción que los ciñe a lo dicho ante la Administración, que es la más tentadora, y también la que solo salva los de nulidad.

El art. 62.2 da dos momentos para pedir vista, conclusiones o que el pleito se declare concluso: por otrosí en la demanda o la contestación, o por escrito en cinco días contados desde que se notifica la diligencia de ordenación que declara concluso el período de prueba. Cuenta la notificación de esa resolución del letrado, no el día en que se practica la última prueba, que la parte puede no conocer. La resolución que recibe a prueba abre ese período, no lo cierra.

El art. 54.2 deja al defensor de la Administración demandada pedir que el procedimiento se suspenda para comunicar a su Administración, de forma razonada, que lo recurrido pudiera no ajustarse a Derecho. La petición no suspende por sí sola: decide el letrado de la Administración de Justicia (la ley todavía dice «Secretario judicial», y desde 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia), y antes oye al demandante. Atribuirlo al juez o tribunal es lo tentador, porque suspender un procedimiento suena a decisión judicial, pero aquí la ley se lo da al letrado.

El art. 59.3 manda que el auto desestimatorio disponga que se conteste la demanda «en el plazo que reste»: las alegaciones previas se formulan dentro del plazo de contestar, y desestimarlas no lo devuelve entero. Pensar en un plazo nuevo y completo es lo tentador, porque hay trámites que sí reinician un plazo, como el de completar el expediente en ciertos casos (art. 55.3), pero este no. Ese auto, además, no admite recurso.

El art. 53.1 no deja el proceso parado a la espera de la Administración: el recurrente puede pedir, por sí o a iniciativa del letrado de la Administración de Justicia (la ley todavía dice «Secretario judicial», y desde 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia), que se le conceda plazo para formalizar la demanda. Si el expediente llega después, se abre un trámite de alegaciones complementarias (53.2). Suspender el proceso es justo lo que la ley quiere evitar, la falta del expediente no equivale a que la Administración admita los hechos, y sin demanda no hay nada sobre lo que dictar sentencia.

Es una regla propia de las entidades locales. Aunque no se hayan personado, el art. 54.4 manda darles traslado de la demanda para que designen representante en juicio o comuniquen por escrito al órgano judicial por qué estiman improcedente la pretensión del actor. Seguir adelante sin más notificaciones es la regla general del demandado emplazado que no se persona: el procedimiento continúa sin practicarle notificaciones de clase alguna (art. 50.3), y de ahí sale el distractor tentador. No personarse no equivale a allanarse, y la multa coercitiva es de otro trámite, la remisión del expediente.

El art. 52.1 da veinte días para deducir la demanda desde que se entrega el expediente, y si los recurrentes son varios, aunque no actúen bajo una misma dirección, la formulan simultáneamente todos ellos: no hay un plazo para cada uno. Es el mismo plazo de veinte días que tienen después los demandados para contestar (art. 54.1), que también contestan a la vez entre ellos, después de la Administración (art. 54.3). Treinta días es la cifra de otro trámite de este procedimiento, no la de los escritos de las partes.

Tras la demanda y la contestación, el art. 56.4 cierra la puerta a nuevos documentos salvo en los casos previstos para el proceso civil, y añade uno solo a favor del demandante: los que desvirtúen alegaciones de la contestación y pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, y siempre antes de la citación para vista o conclusiones. Admitir cualquier documento hasta que el pleito esté concluso es lo contrario de la regla, que deja la aportación cerrada salvo esa excepción. Los documentos de la legitimación acompañan al escrito de interposición (art. 45.2).

El art. 65.1 cierra el debate con la demanda y la contestación: en la vista o en las conclusiones no pueden plantearse cuestiones que no se suscitaran en esos escritos. Las conclusiones resumen hechos, prueba y fundamentos (64.1), no abren frentes nuevos. Traer al debate un motivo que nadie alegó es posible, pero no está en manos de las partes: es el juez o tribunal quien puede someterles motivos distintos de los alegados, oyéndolas antes (65.2).

La regla general del art. 60.3 pide dos cosas para recibir a prueba: que haya disconformidad en los hechos y que sean de trascendencia, a juicio del órgano jurisdiccional, para resolver el pleito. Si lo recurrido es una sanción administrativa o disciplinaria basta la primera: el proceso se recibe siempre a prueba cuando hay disconformidad en los hechos, sin que el órgano valore su trascendencia. Exigir además que los hechos sean trascendentes es la regla general, que aquí no se aplica; sin disconformidad no hay nada que probar, y la regla vale igual para la sanción administrativa que para la disciplinaria.

El art. 58.1 deja que los motivos de inadmisibilidad del art. 69 se repitan en la contestación aunque se hayan desestimado como alegación previa, con una salvedad: la incompetencia del órgano jurisdiccional, que no puede alegarse en la contestación. La falta de legitimación, el escrito inicial fuera de plazo y la cosa juzgada son causas de inadmisibilidad del art. 69, y por eso vuelven a poder plantearse.