La sentencia y los otros modos de terminación del procedimiento

Aunque nadie se oponga, el art. 74.4 no deja que el letrado de la Administración de Justicia cierre el procedimiento si aprecia daño para el interés público: en ese caso da cuenta al juez o tribunal para que resuelva lo que proceda, igual que cuando alguna parte se opone. No le corresponde a él rechazar el desistimiento, y la ley no prevé aquí un informe del Ministerio Fiscal, que solo recibe traslado del desistimiento cuando el recurso se interpuso en ejercicio de la acción popular.

Las causas de inadmisibilidad del art. 69 forman una lista cerrada: la falta de jurisdicción, que recurra una persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada, que se impugne algo no susceptible de impugnación, la cosa juzgada o la litispendencia, y el escrito inicial presentado fuera de plazo. No haber interpuesto antes el recurso de reposición no está en ella, porque ese recurso es potestativo (la propia LJCA lo llama así en el art. 46.4): quien no lo interpone puede acudir directamente a la jurisdicción contra el acto que pone fin a la vía administrativa. Tienta porque suena a requisito previo, como lo es agotar la vía administrativa, pero la reposición no forma parte de ese agotamiento.

El art. 72.2 ata los efectos generales a la publicación: la sentencia firme que anula una disposición general los produce desde el día en que su fallo y los preceptos anulados se publican en el mismo periódico oficial en que se publicó la disposición. No basta la firmeza ni la notificación a las partes, porque quienes no han sido parte tienen que poder conocerla. Tampoco basta comunicarla al órgano que dictó la disposición. Y lo que se aplicó antes con firmeza lo protege su propia regla (art. 73).

El art. 69 permite que la sentencia declare la inadmisibilidad «del recurso o de alguna de las pretensiones»: si la causa afecta a una sola, se inadmite esa, y sobre la otra recae el fallo que corresponda. Inadmitir el recurso entero sería ir más allá de lo que la causa alcanza, y desestimar la pretensión sería entrar en un fondo que no puede examinarse. Y la inadmisibilidad la declara precisamente la sentencia: el art. 69 está escrito para ese momento.

Es la satisfacción extraprocesal del art. 76: la Administración reconoce totalmente en vía administrativa lo que pedía el demandante, y el proceso pierde su objeto. Oídas las partes por cinco días y comprobado lo alegado, el juez o tribunal dicta auto que declara terminado el procedimiento y archiva el recurso. Solo dicta sentencia, ajustada a Derecho, si el reconocimiento infringe manifiestamente el ordenamiento. El decreto es la resolución del letrado de la Administración de Justicia, que aquí solo manda oír a las partes.

El art. 73 hace una salvedad expresa para las sanciones: cuando la anulación del precepto supone excluir o reducir sanciones, alcanza a las que aún no se han ejecutado completamente, aunque el acto que las impuso sea firme. La firmeza del acto sancionador no basta para salvar la sanción pendiente de cumplir. Lo ya ejecutado no se revisa, y por eso no caen todas; y no hace falta que el sancionado recurra, porque es la ley la que lo dispone.

El art. 77.3 pone al acuerdo de las partes tres límites, no uno: que lo acordado no sea manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico, ni lesivo del interés público, ni lesivo de terceros. Quedarse en la infracción manifiesta del ordenamiento es el error tentador, porque es el único control que la ley prevé para el allanamiento y para el reconocimiento en vía administrativa. El juez no necesita informe del Ministerio Fiscal, y la ley no pone un tope en la cantidad reclamada.

Con la conformidad de las demás partes o sin su oposición, el art. 74.3 encarga al letrado de la Administración de Justicia declarar terminado el procedimiento, y lo hace por decreto, que es la resolución propia del letrado, ordenando el archivo de los autos. El auto, la sentencia y la providencia son resoluciones del juez o tribunal, que aquí no interviene salvo en los casos en que el letrado tiene que darle cuenta.

El art. 74.2 protege al recurrente frente a un desistimiento que no ha decidido él: si desiste su representante en juicio, hace falta que el recurrente lo ratifique o que el representante esté autorizado para ello. El desistimiento no obliga a pagar antes las costas, que ni siquiera se imponen necesariamente (74.6), y las demás partes no tienen que aceptarlo de forma expresa: se les da traslado, y basta con que no se opongan. Tampoco lo aprueba una sentencia: desistir sirve precisamente para no llegar a ella.

El allanamiento no obliga al juez o tribunal a dictar una sentencia contraria a Derecho. Si estimar las pretensiones supondría una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, el art. 75.2 le manda comunicar a las partes los motivos que podrían oponerse a la estimación y oírlas por un plazo común de diez días; después dicta la sentencia que estime ajustada a Derecho. No tiene el allanamiento por no hecho ni devuelve el proceso a sus trámites, no desestima sin oír a nadie, y la ley no pide aquí informe del Ministerio Fiscal.

El art. 68.2 manda que toda sentencia contenga, además del fallo, el pronunciamiento que corresponda sobre las costas. Lo demás solo aparece en algunas: el plazo para cumplir lo puede fijar la sentencia que obliga a dictar un acto o a practicar una actuación jurídicamente obligatoria, y aun entonces es potestativo (71.1.c); la cuantía de una indemnización no siempre queda fijada en la sentencia, y la publicación del fallo solo se prevé para algunas sentencias firmes (72.2).

El art. 71.1.d) obliga a la sentencia a declarar en todo caso el derecho a la reparación y quién debe indemnizar, pero la cuantía solo la fija si se cumplen dos condiciones a la vez: que el demandante lo pida expresamente y que consten probados en autos elementos suficientes. Leer «en todo caso» como si alcanzara también a la cifra es el error tentador: lo obligatorio es el derecho, no el importe. Ni la conformidad de la Administración con el importe ni la cuantía del asunto deciden nada aquí.

El art. 77.2 pone el límite de la conciliación antes de que el pleito quede listo para sentencia: puede producirse en cualquier momento anterior al día en que haya sido declarado concluso. No llega hasta la propia sentencia ni hasta el señalamiento para votación y fallo, que vienen después de esa declaración, y tampoco se agota con la vista o las conclusiones, que son anteriores a ella.

El art. 71.2 marca el límite de la sentencia frente a la potestad de la Administración: los órganos jurisdiccionales pueden anular, total o parcialmente, una disposición general, pero no pueden determinar cómo han de quedar redactados los preceptos que sustituyan a los anulados, igual que no pueden fijar el contenido discrecional de los actos que anulan. Anular solo una parte es justo lo que permite el art. 71.1.a), reconocer una situación jurídica individualizada lo prevé el art. 71.1.b) cuando se ha pedido, y la sentencia contiene siempre el pronunciamiento sobre costas que corresponda (art. 68.2).

El art. 72.3 dice que la estimación de una pretensión de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individualizada solo produce efectos entre las partes. Pero no cierra la puerta: esos efectos pueden extenderse a terceros en los términos de los arts. 110 y 111, que regulan la extensión de efectos en ejecución de sentencia. Por eso falla la opción que niega cualquier extensión, que es la más tentadora, y también las que alcanzan de entrada a todo el cuerpo o a todos los afectados.

En la apelación y en la casación el desistimiento es más sencillo que en la instancia: el art. 74.8 manda al letrado de la Administración de Justicia declarar terminado el procedimiento sin más trámites, ordenar el archivo de los autos y devolver las actuaciones al órgano de procedencia. El traslado previo a las demás partes es lo que se hace en la instancia (74.3), y de ahí sale el distractor tentador; aquí no hace falta, ni dar cuenta a la Sala, y el órgano de procedencia recibe las actuaciones de vuelta, no para resolver.

El art. 77.1 abre la conciliación en los juicios sobre materias susceptibles de transacción, y en particular cuando versan sobre estimación de cantidad. La ley no la ata a la cuantía del procedimiento abreviado ni a materias concretas como el personal, y no depende de que la Administración la acepte de antemano, aunque sus representantes necesitan la autorización oportuna para transigir. Se propone en primera o única instancia, de oficio o a solicitud de parte, una vez formuladas la demanda y la contestación.

El art. 70.2 define la desviación de poder por el fin: la potestad se ejerce para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico, aunque el órgano sea competente y siga el procedimiento. Por eso la ley la nombra expresamente («incluso la desviación de poder») entre las infracciones que llevan a estimar el recurso. La incompetencia, saltarse el procedimiento o no motivar son vicios distintos, de competencia, de procedimiento y de forma: ninguno es lo que define la desviación de poder.

El art. 67.2 no deja el retraso a la discreción del juez o tribunal: si aprecia que no podrá dictar la sentencia en plazo, tiene que razonarlo debidamente, señalar una fecha posterior concreta en la que la dictará y notificarlo a las partes. No basta con dictarla cuando se pueda sin decir nada, que es la salida tentadora, y no hay una prórroga que conceda otro órgano ni una ampliación sin motivo: la ley pide una razón y una fecha cierta.

El intento de conciliación corre en paralelo al proceso: según el art. 77.2, no suspende el curso de las actuaciones, salvo que lo soliciten todas las partes personadas. No basta con que lo pida una de ellas, que es el error tentador, y la suspensión ni la acuerda el juez o tribunal por su cuenta ni es la regla que solo se frena si alguien se opone.