La Audiencia Nacional

La letra e) del art. 65.1.º incluye los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando, conforme a las leyes o a los tratados, su enjuiciamiento corresponde a los tribunales españoles. Las otras tres causas van a otros tribunales por la persona o por el Estatuto: las de los magistrados de un Tribunal Superior y las del Presidente de la Audiencia Nacional o de sus Salas, a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 57.1.2.º y 3.º); las que reserva un Estatuto, a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior (art. 73.3.a).

La letra g) del art. 65.1.º solo lleva a la Audiencia Nacional el contrabando de material de defensa, de otros materiales y de productos y tecnología de doble uso. El de tabaco, el de bienes del patrimonio histórico y el de especies silvestres no están en la lista.

Adscribe el Consejo General del Poder Judicial. Los otros dos órganos del tribunal intervienen antes y no deciden: el Presidente propone y la Sala de Gobierno tiene que dar su acuerdo favorable. El Presidente de la Sala de Apelación no aparece en el procedimiento. La adscripción puede ser total o parcial y no trae ningún incremento retributivo.

La letra b) del art. 66 le da, en única instancia, los recursos contra los actos de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, y además la posible prórroga de los plazos de sus medidas. Los actos del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno suben a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (art. 58); los de los Consejos de Gobierno autonómicos y los de los Delegados del Gobierno no están en el art. 66.

El art. 65.4.º da a la Sala de lo Penal la resolución de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, «sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado»: da igual en qué provincia se le detuviera. Tramitarlos es otra función, que la LOPJ no da a la Sala de lo Penal.

El art. 65.1.º se cierra sin condiciones: «en todo caso», la Sala de lo Penal extiende su competencia a los delitos conexos con los de la lista. No pone un límite de gravedad, no lo deja a una decisión de la Sala y no parte la causa para juzgar cada delito ante un órgano distinto.

La conoce la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional cuando la formula la Agencia Española de Protección de Datos (art. 66.f). La misma solicitud, formulada por el Consejo General del Poder Judicial o por una autoridad autonómica de protección de datos, va a otras Salas (arts. 58 y 74). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no figura en ninguno de esos artículos.

El art. 64.2 da una sola salida al exceso de asuntos: crear dos o más Secciones dentro de la Sala, que sigue siendo una. No prevé una Sala gemela del mismo orden, ni en Madrid ni fuera de su sede (art. 62), y lo que conoce el Tribunal Central de Instancia lo fijan las leyes, no la carga de trabajo de una Sala.

Es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: entre lo que conoce, el art. 65.6.º pone los recursos contra lo que resuelve la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia. La Sala de Apelación de la Audiencia solo conoce de los recursos contra la Sala de lo Penal (art. 64 bis.1). La Audiencia Provincial de Madrid no es superior de una Sección con jurisdicción en todo el territorio nacional (art. 95), aunque tenga su sede en la misma villa. Y el recurso no sube a la Sala de lo Penal del Supremo: el art. 65.6.º lo deja en la Audiencia Nacional.

La recusación del Presidente no sale del tribunal: la resuelve la Sala especial del art. 69, que forman el propio Presidente, los Presidentes de las Salas y dos magistrados de cada una. La Sala del art. 61 resuelve recusaciones de cargos del Supremo; la Sala de lo Penal del Supremo lo juzgaría si se le acusara de un delito (art. 57.1.2.º), que es otra cosa; y la Sala de Gobierno no resuelve recusaciones.

La letra d) del art. 65.1.º pide las dos cosas a la vez: banda o grupo organizado y efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias. Basta con que sean dos Audiencias distintas, aunque estén en la misma comunidad autónoma: la ley no exige que los efectos crucen de una comunidad a otra. La grave repercusión en la economía nacional es requisito de otra letra, la de las defraudaciones, y la clase de droga no cuenta para esta competencia.

El art. 64 bis.2 pone dos criterios firmes —la antigüedad en el escalafón y la especialidad o experiencia— y uno condicionado: las preferencias de los magistrados afectados, que se valoran «a ser posible». La carga de trabajo no es un criterio para elegir a quién se adscribe: es lo que justifica adscribir, la «sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo».

El art. 63.2 lo equipara a un Presidente de Sala del Tribunal Supremo. Es más que la consideración de Magistrado del Supremo y menos que la Vicepresidencia o la Presidencia de ese Tribunal, que son cargos del propio Supremo y no una consideración que la ley dé a quien preside la Audiencia Nacional.